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Lacalle Pou mide la temperatura política al enviar la ley urgente y otros cambios al primer borrador

Se mantiene la despomonopolización del combustible y se elimina el tratamiento de cambios a la ley de medios 

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10 de abril de 2020 a las 05:00

Los titulares de los informativos y las tapas de los diarios se centraban en las últimas semanas en un solo tema: la propagación del coronavirus y la emergencia sanitaria. Pero el gobierno empezó a realizar algunos movimientos para retomar su agenda y medir la temperatura política.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, trajo a la discusión el postergado proyecto de ley de urgente consideración y le pidió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que lo remitiera al Parlamento luego de Semana Santa. El anuncio del secretario de Estado fue hecho en dos entrevistas televisivas el domingo 5 y el mandatario actuó rápido. 

Lacalle Pou se comunicó el lunes con la vicepresidenta, Beatriz Argimón, para analizar los pasos a seguir. Y este jueves, a través de su cuenta de Twitter, anunció que iba a remitir el documento final a los legisladores de todos los partidos para que tuvieran margen de analizarlo y que “en pocos días” el proyecto de ley de urgente consideración, buque insignia de su campaña electoral, llegará al Parlamento formalmente. Así, por primera vez en casi un mes, el coronavirus no fue el centro de la información. 

El anuncio trajo críticas de la oposición, que cuestionó que se remitiera en plena emergencia sanitaria por la pandemia. Las críticas se centraron principalmente en que el proyecto de ley de urgencia implica plazos a los legisladores establecidos por la Constitución que, de no cumplirse, habilitan su aprobación tácita a los 90 días de que ingresa al Poder Legislativo. 

Lacalle Pou era consciente de que esas críticas iban a llegar. Se habían esbozado cuando Larrañaga hizo su anuncio. Pero el mandatario dejó algo claro: el proyecto de ley de urgente consideración es iniciativa del Poder Ejecutivo y su líder será quien defina cuándo y cómo mandarlo. La decisión del presidente fue no desglosarlo -como se había sugerido en un momento- y que se envíe como un bloque que toma como base su programa de gobierno y servirá de puntapié para su gestión. 

Argimón se reunió brevemente este jueves con el prosecretario de Presidencia y encargado de la redacción del proyecto, Rodrigo Ferrés, y de inmediato se remitió el documento a los coordinadores de las diferentes bancadas, que habían dialogado con la vicepresidenta poco antes de que Lacalle Pou hiciera público el anuncio. 

Está definido que el proyecto ingrese por el Senado y la idea es que se habilite una comisión especial para analizarlo. Una vez que ingrese al Parlamento debe ser aprobado en un plazo máximo de 90 días. El Senado -la cámara que recibirá el proyecto- tendrá 45 días para tratarlo y votarlo. En Diputados, en tanto, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara alta. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. 

Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para su promulgación, que significa que la ley entra en vigencia en un máximo de 100 días. 

El documento final que será objeto de discusión parlamentaria tiene 502 artículos, contra los 457 que tenía el borrador que se hizo público el 22 de enero, en plena transición de gobierno. El capítulo de seguridad sigue siendo el más extenso y toma en cuenta algunas modificaciones propuestas por los socios de la coalición así como los fiscales y el fiscal de Corte, Jorge Díaz. 

Sin embargo, tanto en ese capítulo como en los siguientes, se mantienen algunas disposiciones que fueron objeto de críticas por parte de diversos actores. Por ejemplo, se mantuvieron las disposiciones que declaran ilegítimos los piquetes así como la desmonopolización de los combustibles. 

Cambios en el capítulo de educación

Los cambios introducidos por el gobierno en materia educativa en el anteproyecto generaron roces entre el Ejecutivo y los sindicatos de la educación, que antes de que asumiera el presidente Luis Lacalle Pou fijaron paros para manifestarse en contra de la Ley de Urgente Consideración. 

En la versión final del proyecto la esencia del capítulo se mantuvo, aunque con algunas modificaciones. 

Uno de los puntos más cuestionados, que tiene que ver con los cambios en la gobernanza de la educación y, por ende, en la integración del Consejo Directivo Central (Codicen) se mantuvo igual. 

De esta manera, el gobierno propone eliminar los consejos desconcentrados, que pasarán a ser Direcciones Generales (artículo 153). 

La "autonomía técnica" de los docentes se mantuvo en el proyecto final, pero bajo el término de "libertad de cátedra" (artículo 130), algo que había reclamado el Partido Colorado, por ejemplo. 

El gobierno agregó en este capítulo un artículo (el 200) que refiere a la creación, dentro de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, varios institutos para la "promoción de las artes y la difusión de la cultura". De esta manera, se creará un Instituto Nacional de la Música, uno de las Artes Escénicas, otro del Libro y Promoción de la Lectura y un cuarto referido a las Artes Visuales.

Derecho de huelga

El gobierno introdujo cambios al capítulo que refiere al derecho de huelga de los trabajadores. De esta manera, en la versión final de la Ley de Urgente Consideración se establece la “libertad de trabajo y el derecho de la dirección de la empresa”. 

“El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho a huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”, afirma la nueva versión (artículo 398).

Uno de los puntos de fricción con el PIT CNT había sido la redacción dada en la versión anterior, que establecía que “toda medida de huelga” debería “ejercerse de forma pacífica” sin perturbar el “orden público”. Además, agregaba que el Poder Ejecutivo podría “imponer restricciones a dichas medidas” cuando las huelgas no reunieran las condiciones prestablecidas. 

Seguridad Social

La versión final mantiene la creación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que funcionará en las órbitas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (artículo 399). 

Si bien el anteproyecto establecía que la comisión debía presentar un informe preliminar en diciembre de 2020 y otro con recomendaciones a diciembre de 2021, estos plazos fueron modificados. La nueva redacción establece que la comisión tendrá un plazo de 90 días desde su constitución para presentar los dos informes. Ese plazo podrá ser extendido.

Desmonopolización de los combustibles 

La desmonopolización de los combustibles se mantuvo en la Ley de Urgente Consideración, aunque con algunas modificaciones en su redacción. 

El artículo 229 propone derogar el “monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) de acuerdo con la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931”.

Sin embargo, la desmonopolización se hará en “etapas” para “preparar a Ancap para la competencia con derivados importados". También se exhortará a la petrolera a “desarrollar actividad exportadora de sus combustibles derivados”.

Ley de Medios

El capítulo que planteaba la “adecuación de regularidad constitucional de la ley de medios” se eliminó por completo, bajo el argumento de que era necesario tener más tiempo para analizar los cambios y dar un debate parlamentario más extenso.

Libertad financiera

En el capítulo de libertad financiera el gobierno incorporó un nuevo artículo, que refiere a las transacciones mayores a los US$ 100 mil. Una vez que la ley entre en vigencia, cualquier operación igual o superior a los US$ 100 mil no podrá hacerse en efectivo (artículo 218). 

Banco República 

La Ley de Urgente Consideración también propone cambiar la redacción de la carta orgánica del Banco República Oriental del Uruguay. Según la nueva redacción (artículo 40), el Poder Ejecutivo podrá “requerir contribuciones adicionales de hasta un 30% de sus utilidades netas anuales luego de debitar los impuestos, con destino a la creación de fondos, con el objetivo de apoyar el financiamiento de productivos viables y sustentables, así como para el financiamiento de obras de infraestructura que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo”. 

Políticas sociales y salud

El primer cambio de este capítulo está relacionado con la “adecuación” de los cometidos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Si bien el anteproyecto contenía una serie de cambios en los cometidos de ese organismo, en el proyecto final el artículo fue eliminado. 

La “Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas” pasó a llamarse en la versión final “Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Tecnologías Sanitarias” (artículo 424). “Se entiende por tecnologías sanitarias a los medicamentos, dispositivos, procedimientos diagnósticos y tratamientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención de la salud humana”, afirma el documento en relación al nombre que llevará la agencia. 

También se cambió la integración de esa agencia. En la versión final estará integrada por representantes de la Junta Nacional de Salud, el Fondo Nacional de Recursos, la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, la Facultad de Química de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo. Se eliminó al representante de la Academia Nacional de Medicina y de la Asociación de Economía de la Salud del Uruguay.

En la versión final de la Ley de Urgente Consideración se eliminó el capítulo sobre los efectos del registro en la historia clínica del paciente. Dicho capítulo, integrado por varios artículos, proponía combatir el subregistro por parte de los médicos en la historia clínica, otorgando a aquellos que lo hicieran la “presunción simple a favor del personal de salud” en casos de demanda por mala praxis. 

También se eliminó el capítulo referido a la telemedicina, ya que el Ejecutivo resolvió quitarlo de la ley de urgente consideración para votarlo en el Parlamento, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. El proyecto para promover la telemedicina se votó a fines de marzo. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El gobierno mantuvo la intención de crear un Ministerio de Medio Ambiente, pero cambió su nombre, que en la versión final figura como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (artículo 297). A su vez, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente pasará a llamarse Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

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