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Larrañaga descarta el "exclusivo abordaje policial" y apela a políticas sociales

El ministro del Interior dijo que el Estado tiene que "recuperar" los barrios que fueron "ganados por la delincuencia", y que para eso es necesario que intervengan el Mides, las intendencias y la sociedad civil

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19 de noviembre de 2020 a las 05:04

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, planteó este martes en el Parlamento que la política de seguridad del Estado no puede enfocarse exclusivamente en un "abordaje policial", y que es necesario involucrar a varios organismos del Estado para llevar adelante una "ocupación" urbana en aquellas barrios en donde operan las bandas de narcotraficantes.

Larrañaga se refirió al tema en su comparecencia ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, y lo hizo al inicio de su alocución, cuando planteó las principales líneas de acción que implementará desde la secretaría de Estado durante el quinquenio, y que tienen entre sus principales objetivos el combate al narcotráfico y narcomenudeo por igual.

"El narcotráfico no se puede hacer cada día más poderoso teniendo, lamentablemente, el mandato en barrios, en donde parte de la población –la mayoría– honesta de esos lugares, tiene gente que termina siendo presa de los brazos gordos que allí ejecutan los delitos", dijo el jerarca. Añadió –según consta en la versión taquigráfica – que para debilitar a los grupos criminales es necesario "un trabajo compartido pero, sin duda, un eslabón de esa tarea es la represión, el combate al narcotráfico, al grande, al chico, porque esta lucha tiene que ser una política fundamental por los efectos devastadores que tiene contra la sociedad y la incidencia en la criminalidad".

Sin embargo, Larrañaga dijo a continuación que en el camino de "recuperar la seguridad perdida" es necesario retomar "aquellos espacios que fueron o pueden ser ganados por la delincuencia" y los "territorios abandonados" por el Estado, lo cual "significa una operación compleja"

Y esa tarea, detalló el ministro, no puede realizarse "desde un exclusivo abordaje policial, sino que es necesario también el abordaje del Mides, de los gobiernos departamentales, de las alcaldías, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, del área del deporte, de manera de tener también una suerte de ocupación en el mejor sentido de la palabra, porque son ámbitos urbanos que, de lo contrario, quedan descuidados a expensas de situaciones que lamentablemente todos los días vemos en el mapa del delito y de las noticias policiales".

El planteo de apostar a reforzar la presencia del Estado en su integridad en los barrios más alejados no es nuevo. El exministro Eduardo Bonomi (2010-2020) y el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, han hecho referencia a la necesidad de tomar ese camino en distintas ocasiones, y la entonces administración del Frente Amplio intentó llevarlo a la práctica con el Plan Siete Zonas durante el gobierno del expresidente José Mujica.

Fue un programa piloto, que intervino en algunos barrios de Montevideo –Tres Ombúes, Chacarita de los Padres, Ituzaingó y Marconi– y en dos ciudades en Canelones –Barros Blancos y Las Piedras–. Se inauguraron plazas, se instalaron luminarias y se hicieron varias reparaciones, pero el plan después fue abandonado por falta de presupuesto.

En un discurso del 17 de diciembre de 2017, el entonces ministro Bonomi dijo que era "imperioso interrumpir el proceso por el cual las personas deciden incorporarse a la delincuencia y la transforman en un valor y en un estilo de vida". 

Para eso, Leal sostuvo que tenía un plan (que no fue ejecutado) y en una entrevista con El Observador el 3 de marzo de 2018 detalló que su propuesta costaba US$ 250 millones para desarrollar en cinco años. "(Es) un shock de servicios de alta calidad en los 20 enclaves de mayor exclusión social de donde viene el 60% de las personas privadas de libertad, lugares donde se reproduce la violencia criminal", explicó.

Luego, cuando fue postulado como eventual ministro del Interior del Frente Amplio en el caso de que Daniel Martínez ganara las elecciones, el sociólogo presentó una propuesta programática titulada "Más barrio, más vida" (el nombre del documento final que resumió lo actuado en el Plan Siete Zonas), en la que planteaba realizar un "plan de impacto" con un “shock integral de acciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad en al menos 25 zonas estratégicas donde viven 80 mil personas”.

Ahora, ante los senadores, Larrañaga mencionó tres veces que la apuesta a la represión policial no es suficiente. "Es necesario también un abordaje de políticas sociales y educativas que contribuyan a paliar esta situación, sin perjuicio del capítulo aparte que genera el tema de la prisionización de más de 13.000 personas privadas de libertad que, en el camino de la rehabilitación es también uno de los puntos centrales y fundamentales para alcanzar esos objetivos", afirmó.

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