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5 de diciembre 2021 - 5:00hs

El pasado jueves 2 el FMI elogió a Uruguay por el manejo de la pandemia (algo que salta a la vista por sí mismo y más aún cuando se compara con países desarrollados, como Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que siguen teniendo problemas con una cuarta ola del virus covid-19 y la baja tasa de vacunación) y por el manejo de nuestra economía en este período complicado de la economía mundial.

El organismo internacional, que siempre es visto por los países en desarrollo como el enemigo a combatir por los planes de ajuste fiscal que exige a cambio de otorgar préstamos, puso una muy buena nota en el manejo sanitario y señaló que tuvimos “una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo”. También calificó de positivo y acertado el manejo fiscal y monetario frente a los desafíos que planteó y aún plantea la pandemia.

Lo curioso del informe sobre Uruguay es que, a diferencia de lo que ha sido la política impulsada por el FMI durante la pandemia, cuando alentó políticas fiscales expansivas y ayudas a las empresas e individuos (algo que se hizo en forma más que generosa en la Unión Europea bajo el impulso de Angela Merkel y en Estados Unidos tanto bajo Trump como bajo Biden, generando los problemas inflacionarios que ahora se están apreciando), es que en el caso uruguayo se pide atender a las presiones inflacionarias y a mejorar el panorama fiscal.

Parece que el FMI usa dos raseros distintos con los países desarrollados y con el nuestro. A algunos los estimula a que vuelquen dinero en la economía, mientras que a nosotros nos pide prudencia fiscal y monetaria, así como el retiro gradual de los apoyos brindados a empresas y trabajadores, que salieron con excesiva lentitud y prudencia. El informe del FMI sugiere a las autoridades uruguayas que a medida que la economía se recupere “las medidas de apoyo deberían eliminarse gradualmente” y la política monetaria debería centrarse en reducir la inflación.

Lo que el FMI nos pide está mucho más en línea con sus políticas tradicionales que con las sugerencias y acciones del Fondo en medio de la pandemia.

Entre estas se destaca una emisión de US$ 650.000 millones en derechos especiales de giro, que se puso a disposición de los países miembros sea cual sea su situación con la institución y sin contrapartida de ninguna especie. 

Pero así son las cosas en los entretelones de los organismos financieros internacionales. A algunos, como a Uruguay, se les pide austeridad. A otros, se les da carta blanca para que gasten y se endeuden sin preocuparse por calificadoras de riesgo.

En lo que sí cabe coincidir con el organismo internacional es en la insistencia de llevar a cabo “reformas estructurales para lograr un crecimiento más elevado e inclusivo”. En este punto el FMI aplaude la preocupación del gobierno por solucionar los problemas del sistema previsional, que se va a pique sin una reforma profunda. Y luego sugiere otras reformas estructurales, como “apoyar a los trabajadores jóvenes y poco calificados y acelerar las reformas de las empresas estatales”.

En resumen, educación y gobernanza de las empresas públicas. En cuanto a educación, en la LUC el gobierno ha implementado reformas importantes aunque quizá no sean suficientes para recuperar la calidad educativa y mejorar la inserción laboral y social de los jóvenes de contextos vulnerables. Y respecto a las empresas públicas, es muy poco lo que se ha hecho para profesionalizar su management y tornarlas más competitivas. 

Por último, el FMI considera necesario y recomienda la inversión en energía verde, la digitalización e infraestructura. En los temas de energías sustentables y no contaminantes se ha avanzado y ello ya constituye una política de Estado sostenida en el tiempo por gobiernos de diverso signo. Lo mismo ocurre con la digitalización, donde Uruguay está bien situado en el contexto internacional. En materia de infraestructura queda mucho por hacer porque ello requiere o bien apelar a recursos que no están disponibles en el marco fiscal o bien instrumentar un acceso más ágil a la participación privada, lo cual no es fácil de implementar por miles de razones.

En resumen, el FMI nos da para arriba en el manejo de la pandemia y nos pide que bajemos la inflación y el déficit fiscal y que realicemos reformas estructurales para atender “las debilidades estructurales preexistentes”. Es decir, algo que viene de lejos y que por tanto no es fácil resolver y menos cuando al más mínimo intento de hacer algo surge una fuerte oposición de los sindicatos públicos.

Al FMI hay que agradecerle los elogios por el manejo de la pandemia, pedirle coherencia cuando haga recomendaciones de política fiscal al resto del mundo y a nuestro país, y hacerle ver que las recomendaciones por las reformas estructurales son las que permitirán un crecimiento sustentable, elevado e inclusivo. Pero advertirles que esas reformas requieren un cambio cultural de gran calibre para el cual no estamos preparados aún.

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