El presidente anunció medidas para controlar una situación crítica de derechos humanos
Ante la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace ya más de dos meses y frente a la documentada corrupción policial que hay en varios estados del país, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció ayer una batería de diez medidas que apuntan a “encauzar el dolor y la indignación hacia propósitos constructivos”.
El mandatario habló cerca del mediodía y fue anunciando sus diez propuestas de a una. La comparecencia era esperada, pues lo ocurrido a fines de setiembre en Guerrero hizo que las presiones aumentaran para que el mandatario se inclinara hacia una política de Estado firme frente al narcotráfico.
La medida más importante es la disolución de los cerca de 1.800 cuerpos policiales distintos que hay en el país y su transformación en 32 bloques de una misma policía estatal. La corrupción policial y la infiltración de narcos es, en efecto, denunciado como uno de los principales problemas del país.
Entre las otras medidas se destacan una propuesta de ley contra la infiltración del crimen organizado en instituciones municipales y la redefinición de competencias de cara a los delitos. El mandatario también anunció que crearán una línea única para emergencias a nivel nacional, un servicio 911.
Lo cierto es que la desaparición de los 43 estudiantes sirvió para hacer foco en una realidad que se desborda desde hace años. La primera cifra que impacta es la de la cantidad de desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012: cerca de 60.000.
De acuerdo con un informe presentado por 11 organizaciones de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, la desaparición forzada en México es una “práctica sistemática de Estado” que se implementa desde los años 60 y “su profundización y sofisticación se debe, entre otras cosas, a la impunidad que prevalece en todos los casos y al contexto de violencia que vive el país”.
Entre 1969 y 1988, en el marco de la lucha contra movimientos insurgentes y organizaciones sociales -período conocido como “guerra sucia”-, las organizaciones registraron entre 1.200 y 1.800 desapariciones forzadas por motivos políticos. Hubo otra oleada especialmente tensa a fines de la década del 90, y en 2006 se retomó la práctica.
Peña Nieto asumió la Presidencia con la promesa de acabar con los excesos de violencia que imperaron en la era de su antecesor. Pero a fines de 2013 la ONG Amnistía Internacional ya denunciaba “un año perdido para los derechos humanos”, pues en este período no disminuyeron las desapariciones forzadas, feminicidios, abusos contra migrantes, ataques contra defensores de derechos humanos o contra periodistas. Todo esto, “amparado por la impunidad” y mientras “los casos de brutalidad policial contra manifestantes y las detenciones arbitrarias han ido en aumento”.
Caso paradigmático
Y si en México esa es la norma, en el estado de Guerrero esa es la realidad. Lo describió muy bien en una reciente columna en El País el escritor Enrique Krauze, director de la revista Letras Libres. La zona en cuestión es rica en playas y recursos naturales pero sufre una honda marginación, pues el 70% de sus habitantes vive en la pobreza. La tasa de homicidios es cuatro veces mayor a la media nacional –es la más alta del país- y ha sido inestable en términos políticos: entre 1849 y 1942 apenas un gobernador pudo terminar su mandato.
Todo esto hace que el estado sea un lugar ideal para los narcotraficantes. “Tiene una geografía accidentada (intrincadas e incomunicadas serranías), una ancestral cultura de la violencia, una sociedad resentida por las secuelas de la guerra sucia y tan pobre —en algunos sitios— como las zonas más depauperadas de África. Pero algo más atrajo irresistiblemente al crimen organizado: la corrupción política. En muchos municipios de Guerrero (y del país) los presidentes municipales y sus aparatos policíacos cobijan a los señores del narco, se asocian con ellos o, en algunos casos (como en Iguala), son ellos”.
Los narcos realmente tomaron el control: Guerrero concentra el 98% de la producción de amapola y un reciente reporte de la DEA estadounidense delata el aumento del 324% entre 2009 y 2013 de los decomisos de heroína en la frontera. En gran medida la droga llega desde esa zona.
Por eso los crímenes han sido relativamente impunes allí. El gobierno local no ha actuado con diligencia ni ante las más de 40 muertes de jóvenes, así como tampoco hubo eficacia por parte de los militares de la zona. Recién cuando intervino el gobierno federal es que se comenzó a aclarar el panorama, aunque ni tanto aún.
A la luz de esta realidad tampoco resulta llamativo las noticias que surgen de Guerrero: familiares buscan a unos 200 desaparecidos en los últimos dos años –reveló ayer El Universal-, en tanto que ayer anunciaron un presunto secuestro de 31 estudiantes y encontraron al menos 11 cadáveres con quemaduras y algunos de decapitados a un costado de una carretera.
En el proceso de búsqueda de los 43 de Iguala se toparon con al menos 16 fosas comunes con cuerpos, en tanto que la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) aseguró que identificó a unos 500 cuerpos de desaparecidos en los últimos dos años en la zona.
Denuncias de hace tiempo
Desde hace varios años las organizaciones de defensa de los derechos humanos insisten en denunciar la situación de México. De hecho, el director ejecutivo para las Amércias de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó este aspecto cuando hizo declaraciones sobre los recientes incidentes en Iguala. “Estas son las peores atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de incidentes aislados”, comenzó. “Por el contrario, estos homicidios y desapariciones forzadas reflejan un patrón más amplio de abusos y son en buena medida consecuencia del persistente fracaso de las autoridades mexicanas para abordar este problema”.
También Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coincidió en el señalamiento de que la gran responsabilidad es de las autoridades. “El factor común en todos ellos es que estos hechos están ligados al dilema del desafío de impunidad. No solo es responsabilidad de los ejecutivos, también de los poderes judiciales”, comentó hace unas semanas.
Las medidas anunciadas ayer por el presidente justamente tienden a intentar cambiar esta realidad. Cómo se concrete su aplicación será decisivo para el futuro del país.