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13 de febrero 2021 - 5:04hs

A esta altura, es muy difícil cuestionar el acierto básico, inicial, fundamental y reiterado, de la coalición de gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou. Me refiero al cuidado equilibrio entre el combate a la pandemia (que obligó a controlar la movilidad) y la actividad económica (que requirió lo contrario). El gobierno se movió con prudencia aristotélica evitando ambos extremos, el de la cuarentena obligatoria en una punta (o el de mayores restricciones reclamado por la oposición durante todo enero), el de mantener frívolamente la vida social como si no pasara nada, en el otro.  Este acierto esencial, fácil de narrar, mucho más difícil de adoptar, explica en gran medida, como han señalado varios colegas en estos días, el alto nivel de aprobación de la gestión presidencial que siguen mostrando los sondeos de opinión.

El gobierno, de todos modos, tiene al menos otros dos desafíos que requieren idéntica prudencia en la regulación de las “perillas”. Voy a mencionar dos, para detenerme, esta vez, a analizar el segundo. El primero de estos desafíos adicionales es el de cuánto y cómo combinar inversión privada e inversión pública para apresurar la imprescindible reactivación de la economía. Más allá de diferencias doctrinarias que no siempre son de matiz, los socios de la coalición de gobierno comparten que el motor de la economía es la empresa privada, y que para generar riqueza y empleo es preciso generar las mejores condiciones para la actividad privada. Esto lo han dicho mientras fueron oposición, lo han subrayado durante la campaña electoral y lo han reiterado desde el gobierno. Es fundamental, desde el punto de vista del funcionamiento democrático, que no pierdan de vista estas promesas.

Sin embargo, a la vez, es absolutamente cierto que el buen gobernante debe reservarse siempre un margen de autonomía para incorporar inflexiones y matices en sus compromisos públicos, para poder atender responsablemente cambios significativos en las circunstancias. En términos de Adam Przeworski: aunque la democracia funciona correctamente cuando el agente (el gobernante) no se aparta de sus compromisos con el principal (el electorado), el gobernante debe gozar de un espacio de maniobra para adaptar sus decisiones a las novedades del entorno. De hecho, el gobierno ha venido haciéndolo. Una de sus promesas centrales durante la campaña electoral fue la disminución del déficit fiscal. En el marco de la crisis desatada por la covid-19, en cambio, aceptó postergar esa meta. Ahora, cuando le resulta imperioso reactivar la economía, enfrenta un reto similar. Tiene convicciones liberales. Considera que el Estado, cuando de economía se trata, es más un problema que una solución. Pero las circunstancias aconsejan que, para acelerar la recuperación del nivel de actividad, resulta conveniente abrir la perilla keynesiana de la inversión pública.

La discusión sobre el papel del Estado conduce directamente al segundo desafío adicional que enfrenta el gobierno. Me refiero, ahora, a las perillas que regulan los niveles de cooperación política y competencia electoral dentro de la coalición de gobierno. Desde fines del año pasado, algunos socios del Partido Nacional han empezado a formular públicamente reclamos dirigidos al equipo económico. A los de Cabildo Abierto (“es un momento propicio para tomar medidas de apoyo a pymes”) se han sumado, esta semana, los del Partido Colorado (“el gasto puede crecer más”). Ni las sugerencias de cabildantes y colorados ni la respuesta inicial del presidente (“todas tienen un profundo sentido común”) subieron de tono. Sin embargo, ponen de manifiesto una tensión que, a medida que pase el tiempo, puede ir creciendo.

Los socios de la coalición saben la responsabilidad que asumieron durante el 2019 frente a la opinión pública y cooperan. Tienen un programa común y se esfuerzan por implementarlo. A lo largo del año pasado, los votos de los legisladores “multicolores” en el Parlamento siempre han estado. Por eso mismo, el presidente ha podido avanzar en su agenda de gobierno: pandemia, LUC, presupuesto… Pero, su firme y elogiable decisión de “hacerse cargo” (largamente anunciada durante la campaña electoral) a menudo ha conspirado contra la visibilidad y, por tanto, contra el “confort” de los socios de la coalición. Circula, tanto entre políticos profesionales como entre analistas y otros ciudadanos bien informados, una interpretación del funcionamiento de la coalición según la cual el Partido Nacional estaría teniendo un protagonismo excesivo. La competencia por los cargos en las elecciones departamentales y locales acentuó esta percepción.

Es posible que esta interpretación no sea completamente correcta. Es posible que el funcionamiento del gobierno esté siendo, en los hechos, menos centrado en la Presidencia de lo que se suele decir. Pero es sabido que, en la vida política, las interpretaciones (subjetivas) son más importantes que los hechos (objetivos). Si los socios de la coalición perciben que no tienen el espacio que merecen (dados los méritos que creen tener) y que necesitan (en función de sus intereses electorales), tarde o temprano la coalición se debilitará. Lo diré más claramente todavía, corriendo, como siempre, el riesgo de equivocarme: el jefe de gobierno, en tanto principal responsable del “confort” de sus “invitados”, los socios de la coalición, debería hacer un esfuerzo para hacer sentir a sus compañeros de ruta más a gusto, más visibles, más protagonistas. La coalición sonriente, distendida, generosa, que protagonizaron Julio María Sanguinetti y Alberto Volonté fue reelecta. Otras coaliciones, tensas y/o efímeras, no lograron repetir.

Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República

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