Terminal Cuenca del Plata

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Las razones de la Jutep para respaldar al gobierno en denuncia contra Katoen Natie

Fiscalía había solicitado a la Jutep un informe sobre la firma del contrato entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de Terminal Cuenca del Plata (TCP)
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12 de octubre de 2022 a las 05:02

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) consideró que las decisiones de los representantes del gobierno durante la negociación y la firma del contrato con Katoen Natie fueron tomadas en el ejercicio legítimo de sus potestades.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno había solicitado a la Jutep que indicara si existieron conductas reñidas con las normas de la administración y la ética púbica en la firma del contrato entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP). El contrato, y los posteriores decretos que le otorgaron a TCP prioridad de atraque para los buques de carga de contenedores, fueron denunciados por el Frente Amplio ante la Fiscalía.

El documento señaló que los acuerdos firmados consagran “la extensión del plazo de concesión en consideración de la realización de una significativa inversión” en la terminal especializada en el puerto de Montevideo. También la actualización de ciertos aspectos de la normativa vigente, incluyendo una rebaja de tarifas por parte de TCP, la renuncia por parte de las compañías del grupo Katoen Natie al reclamo internacional anunciado y la finalización de los litigios entre las partes y con la Administración Nacional de Puertos (ANP).

La denuncia formulada por el Frente Amplio colocó especial énfasis en el hecho que no existiría opinión previa de la ANP que requerían los documentos incluidos. El asesoramiento al Poder Ejecutivo fue realizado directamente por el presidente de la ANP, Juan Curbelo.

La resolución de la Jutep indicó que las normas que establecen el asesoramiento de la autoridad portuaria al Poder Ejecutivo no individualizan ningún órgano específico que deba realizarlo, sino que refiere a la persona jurídica como tal.

“Desglosándose que, al recibir el Poder Ejecutivo, el asesoramiento del presidente del organismo, no se encuentra ningún vicio jurídico al procedimiento, puesto que se trata de un asesoramiento que no requiere una formalidad determinada”, explicó. “Y menos aún implicaría el dictado de un acto administrativo, que es la forma en la cual se manifiesta el Directorio del organismo, y ese acto administrativo no es requerido por la norma, por lo cual lo actuado fue acorde y ajustado a derecho”, expuso.

Terminal Cuenca del Plata

Sobre el mismo punto, la junta señaló que “la finalidad de la norma es que al decidir prorrogar una concesión que afecte un espacio territorial del recinto portuario, se cuente con el asesoramiento de la ANP (especialidad del organismo) y se cumplan con las exigencias establecidas, todo lo que se reunió en la especie”.

El escrito recordó que Katoen Natie había presentado una demanda internacional contra el Estado por US$ 1.500 millones y a partir de esa acción, el gobierno acordó con la multinacional belga la realización de “reuniones amistosas confidenciales”. También mencionó que como parte de su actuación a partir de la denuncia del Frente Amplio, la Fiscalía convocó a como testigo a Miguel Ángel Toma.

El exsecretario de Presidencia, tuvo a su cargo la defensa de los arbitrajes internacionales contra Uruguay, durante el primer y segundo gobierno de Tabaré Vázquez. La Jutep indicó que Toma mencionó en su declaración que cuando convocó a los representantes de Katoen Natie “impuso las reglas para las conversaciones amigables, que era las que defendía la anterior administración” y que incluían la buena fe, la confidencialidad y la abstención.

Agregó que sobre la confidencialidad, Toma expresó que ese atributo es capital porque nunca se debe erosionar la integridad de la negociación como tampoco la del juicio arbitral.

Con esos y otros argumentos, la Jutep entendió que las decisiones y el acuerdo para la extensión de la concesión de la terminal fueron decisiones de oportunidad y mérito alcanzadas por los jerarcas en el ejercicio legítimo de la potestad y, al mismo tiempo, identificándose los motivos en que se fundamentan dichas decisiones.

Aclaró, por tanto, que no existieron actos contrarios a la buena administración. Por último, concluyó que “la actuación de los jerarcas no implica transgresión a las leyes, ni a los principios contenidos en las normas de la administración y ética pública”.

La Jutep remitió su resolución al fiscal Gilberto Rodríguez el pasado jueves 6 de octubre.

 

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