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11 de febrero 2026 - 16:41hs

Desde el Partido Nacional son drásticos acerca de la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y particularmente de su presidenta la frenteamplista Ana Ferraris, a quien se acusa de alterar protocolos, mentir en pedidos de acceso a la información y perjudicar gravemente la credibilidad de la institución.

Desde que la mayoría de ese organismo resolvió absolver al presidente de ASSE, Álvaro Danza, por ejercer simultáneamente actividades en el sector público y privado, los cuestionamientos no han cesado. Y esta vez el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien había interpelado en diciembre pasado al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahia, por el caso Danza, sostiene que la Jutep actuó “fuera de las reglas” porque cambió un protocolo sobre como investigar las denuncias “con el objetivo de incidir en expedientes” y además faltó a la verdad en respuestas de acceso a la información pública.

“Es evidente, como lo denunciamos en la interpelación del 16 de diciembre, que la Jutep ha perdido toda credibilidad y la presidenta del organismo debe renunciar. Los actos de manipulación cometidos con abuso de poder y con notoria intencionalidad política, generan consecuencias irreversibles y no tienen marcha atrás”, dijo el legislador a El Observador.

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Abdala narró que revisando el acta de la sesión de directorio de la Jutep del 18 de diciembre pasado advirtió, a partir de una constancia que dejó establecida el director en nombre de la oposición, Luis Calabria, que el organismo “proporcionó información falsa en respuesta a dos solicitudes de acceso a la información”. “En ambos expedientes, los solicitantes consultaron al organismo acerca del procedimiento para la tramitación de las denuncias, y se les respondió invocando la vigencia de un protocolo que ya había sido desaplicado y dejado sin efecto en los hechos, por disposición unilateral e ilegítima de la presidenta del directorio. Nosotros ya habíamos denunciado ese gravísimo temperamento ejercido por la doctora Ferraris, entre otros, en el caso Danza y en la denuncia contra la intendencia de Salto”, dijo el parlamentario

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Abdala centra los cuestionamientos en la presidenta Ferraris de quien dijo que “arrogándose la suma del poder jurídico del directorio, ya que ella es una directora más, resolvió violar el protocolo vigente, no derivar las denuncias a la Asesoría Letrada, y librar oficios que ella misma disponía y redactaba”.

“Ahora venimos a enterarnos, a partir de la constancia que dejó en actas Calabria que la Jutep mintió, al menos en la respuesta a dos particulares que ejerciendo su derecho preguntaron, y se les respondió ocultando lo anterior y afirmando un comportamiento administrativo inexistente. Tanto esto es así que, en la misma sesión en la que todo esto se planteó, se pretendió legitimar los hechos modificando el protocolo sobre tablas. La mayoría del directorio, y con el mismo propósito de lograr legitimidad, propició la aprobación de un decreto del Poder Ejecutivo, que según la información que poseemos no se ha aprobado”, dijo Abdala.

Abdala hace referencia a un proyecto de decreto que la Jutep elaboró para reglamentar el proceso de denuncias que contempla el Código de Ética de la función pública.

En la interpelación a Mahia, Abdala le consultó al ministro sobre ese proyecto de decreto que había sido remitido al Poder Ejecutivo para su aprobación. En ese momento el ministro dijo no estar enterado de tal decreto.

Calabria había expresado a fines de diciembre en entrevista con El Observador que no estaba de acuerdo con el texto de ese proyecto y sostuvo que “debió trabajarse más a la interna de Jutep. Hay cuestiones que hoy funcionan que con ese decreto se modifican y que no aportan claridad a los procesos investigativos que representan una garantía”.

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