Aunque nadie quiera llamarla así, la lista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es negra. Entre los 24 países que la integran hay denuncias de violaciones de derechos de todo tipo y color. Hay casos de asesinatos, explotación y esclavitud infantil. Por tanto, es negra. En ella quedó incluido Uruguay este martes luego de una sesión de la Comisión de Aplicación de Normas del organismo y fue el desenlace de una queja presentada por las cámaras empresariales uruguayas, con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), hace una década atrás.
Formar parte de la nómina no genera sanciones de la OIT. Lo que hace el organismo es realizar observaciones al gobierno del país seleccionado y sugiere que ellas se tomen en cuenta. Pero aunque no haya penas, estar dentro de la lista negra es incómodo y no pasa desapercibido. Habla de un cambio de status del país y pone en duda su seguridad jurídica.
Una prueba de la importancia es que a pocas horas de conocida la noticia en Uruguay, el Ministerio de Trabajo divulgó un video con palabras del titular de la cartera Ernesto Murro.
Desde Ginebra, donde se lleva a cabo la 108ª conferencia anual de la OIT, el jerarca lamentó que los empresarios internacionales hayan cuestionado el sistema de negociación colectiva de Uruguay. Ahora, el gobierno deberá explicar en la Comisión de Aplicación de Normas cuál fue el camino recorrido luego de las observaciones que recibió.
“Vamos a concurrir con absoluta tranquilidad; tomamos esto como una oportunidad para defender las políticas laborales y sociales que han puesto a Uruguay en los primeros lugares de América Latina”, dijo desde Suiza.
La negociación colectiva tripartita ha sido uno de los caballos de batalla históricos del Frente Amplio desde que asumió el gobierno en 2005. Bajo el paraguas de esa norma, los tres gobiernos del FA han reivindicado la consagración de los derechos de los trabajadores como un logro y una mejora sustancial de las relaciones laborales. Empero, esa política ha chocado sistemáticamente con la visión de los empresarios, que han denunciado en reiteradas ocasiones que la balanza se terminó inclinando demasiado para beneficiar a los sindicatos en detrimento de sus propios derechos.
Diego Battiste
Por qué quedó dentro
Uruguay fue incluido en la lista negra por el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. En la queja presentada hace diez años se afirma que la ley de Negociación Colectiva para el sector privado de setiembre de 2009 lo incumple. El convenio señala que deberán adoptarse las medidas necesarias para fomentar entre las organización es de empleadores y trabajadores el uso de procedimientos de negociación voluntaria.
A su vez, el artículo 14 de la ley indica que en la “negociación colectiva por empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior”. Es decir, en el sindicato de la rama de actividad.
“¿Por qué la ley no asegura que la negociación colectiva no sea voluntaria? Si bien lo dice, en los hechos no es así porque obliga a un empleador a negociar con un sindicato de rama cuando no hay uno en la empresa; ahí la negociación no es voluntaria, no es libre”, explicó a El Observador el abogado laboralista Matías Pérez del Castillo.
“Uruguay ha sido omiso en no hacer algo al respecto; este tema viene desde 2009. La OIT está advirtiendo desde entonces. Pidió que se cumplieran recomendaciones y Uruguay no cumplió”, sostuvo.
“Desde el punto de vista jurídico es conforme a derecho el reproche que la OIT le hace a Uruguay porque la legislación nacional no está alineada a los convenios internacionales”, expresó el experto.
Sin embargo, Murro indicó que desde 2015 el Poder Ejecutivo ha realizado propuestas que se referían a la ley de Negociación Colectiva, atendiendo los reclamos de empleadores y de la OIT. “Lamentablemente desde 2017 fueron rechazadas por algunas cámaras empresariales”, indicó. “Lo que se quiere por parte de algunos representantes empresariales uruguayos y de la OIE es reducir o eliminar la negociación colectiva en Uruguay y a eso nos vamos a oponer en defensa de los trabajadores y de las pequeñas empresas”, enfatizó.
Se prevé que el ministro exponga esa defensa entre jueves y viernes. En esa instancia, las delegaciones empresariales y de trabajadores internacionales y uruguayas también presentarán sus alegatos. Luego de las exposiciones y del debate, la comisión elaborará sus conclusiones sobre el caso.
Una muestra de la importancia del tema fue el video de Murro. Otra es que el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara, y el de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, viajan hacia Ginebra en las próximas horas.
Por su parte, el socio y experto en Derecho Laboral del estudio Guyer y Regules, Leonardo Slinger, dijo que si Uruguay queda dentro de la “lista chica” de la OIT cuando se analice su caso, traerá aparejado “efectos colaterales” sobre la imagen del país ante los inversores o los propios organismos multilaterales de crédito, aunque precisó que sus efectos “no serían inmediatos”.
Por otro lado, el experto se mostró escéptico en que la administración actual de gobierno pueda levantar las observaciones realizadas hace una década sobre la Ley de Negociación Colectiva. En primer lugar porque la observación por la cual será analizado el caso uruguayo refiere a cómo se instrumenta la negociación colectiva y no a temas “más complejos” como la extensión de la ocupación como un derecho de huelga avalado por un decreto de 2006.
En otras tiendas, el secretario de relaciones internacionales del Pit-Cnt, Fernando Gambera, lamentó la inclusión del país en la nómina.
“Me indigna mucho que Uruguay esté en una lista donde van a haber casos de situaciones terribles que se dan en el mundo, pero sobre todo porque se conjugan intereses de una organización internacional de empleadores con los intereses políticos y electorales de las cámaras uruguayas”, dijo a El Observador. Para el dirigente hay una clara intencionalidad política de los empresarios locales en un año de elecciones.
Sin embargo, fuentes empresariales consultadas por El Observador indicaron que si Uruguay llegó a este punto fue porque el Poder Ejecutivo no cumplió con las recomendaciones efectuadas por la OIT durante años. Por tanto, si el ingreso a la lista negra se definió en año electoral es responsabilidad del gobierno y no de los empleadores, concluyó uno de los consultados.
