Esta semana se produjo un hecho político de primera magnitud y muy novedoso: la votación de cambios en el sector forestal que restringen el área plantable y que introducen mayores requisitos de control ambiental. Lo novedoso no es solo ese cambio sino sobre todo el hecho de que fuera votado por Cabildo Abierto junto con el Frente Amplio, partidos que suelen estar en constante discrepancia sobre la mayoría de los temas. Y que CA haya votado una ley sin el apoyo de sus socios de la Coalición Multicolor. Aún más, en contra de la opinión de sus socios y sobre todo del presidente Lacalle Pou, que la vetó sin más dilación apenas llegó a su despacho.
Algunos temen que este episodio signifique el principio del fin de la Coalición Multicolor o que perjudique la implementación de nuevas leyes. No será así, aunque esta votación de CA junto con el FA haya generado malestar en el propio seno de la coalición y seguramente en buena parte del electorado que la acompañó en 2019. El senador Manini Ríos descartó problemas para la coalición de gobierno y señaló al salir de su reunión con el presidente Lacalle donde intentó convencerlo que no vetara la ley: “Yo dije ayer que antes que el árbol, vemos el bosque, porque es más importante para el país que esta coalición siga consolidada como está y que busque las soluciones a los problemas de la gente. Hay muchísimos problemas de la gente que todavía no tienen solución y es necesario que sigamos trabajando en conjunto, más allá de que creamos negativo que este proyecto no se aplique, que no se promulgue”. O sea, que por parte de Manini hay que ver el bosque de la coalición trabajando juntos para resolver muchos problemas del país y no tanto este “arbol” de la ley forestal.
El propio presidente Lacalle Pou, que fundamentó su veto en el hecho de que el Proyecto de Ley aprobado, “generaría graves perjuicios económicos, y afectaría la seguridad jurídica”, fue claro en su interés de quitar dramatismo al hecho. Señaló que el proyecto de ley “simplemente es una decisión que toma Cabildo Abierto que está dentro de todo su derecho a hacerlo porque esto no estaba dentro del compromiso para el país; Cabildo Abierto consigue los votos y el Poder Ejecutivo tiene la misma libertad de vetar un proyecto de ley que considera inoportuno”. Y puso como ejemplo el veto que el presidente Batlle había interpuesto a un artículo que el habia logrado introducir en el presupuesto nacional sobre aportes jubilatorios a comisiones de fomento de escuelas rurales.
También Lacalle señala en su fundamentación del veto que “la aprobación del Decreto N° 405/021, de 10 de diciembre de 2021, revela que el Estado dispone de otros medios menos restrictivos para regular la actividad forestal sin perturbarla ni interferir arbitrariamente en dicha actividad económica y en las libertades implicadas”. Por cierto, un decreto mucho menos riguroso que lo establecido en el proyecto de ley de Cabildo pero no por ello restrictivo. El propio senador blanco Sebastián da Silva señaló que no le gustaba el decreto y que ya el sector forestal estaba muy regulado, tan regulado que era el único en el no se podía iniciar una actividad forestal sin tener permiso del Ministerio de Ganadería y Agricultura y del de Medio Ambiente.
Sin duda que el proyecto de ley de regulación forestal aprobado el lunes responde a la visión de Cabildo Abierto sobre la necesidad de proteger a los pequeños productores agropecuarios que ven tentadoras las propuestas de pasarse a la actividad forestal. Y que CA considera suficientes los 3,5 millones de hectáreas de suelos de prioridad forestal como límite para desarrollar dicha actividad. En aplicación del Decreto del Poder Ejecutivo del 10 de diciembre esa cifra podría llegar a 6 millones de hectáreas, aunque con diversas restricciones en los pequeños establecimientos.
La dilucidación final del tema en el veto presidencial marca, quizá, algo distinto a las visiones sobre el futuro de los productores agropecuarios. Marca un hecho que debió y pudo ser evitado. El proyecto original era perfectamente mejorable si hubiera habido diálogo fluido entre los miembros de la Coalición. Y quizá el tema pasaba más por cambios en la ecuación fiscal que rige la actividad agropecuaria y la que rige la actividad forestal, que tuvo regímenes especiales por ser considerada en 1987 como industria naciente. Cosa del pasado ya que hoy se ha convertido en una industria pujante, con desarrollos que ni se soñaron en aquel entonces.
Quizá la solución del problema del árbol y del bosque pasaba por un diálogo más fluido entre los socios de la coalición de gobierno y pensar más en el status fiscal de la forestación que en establecer restricciones vía ley o vía decreto. Ambos cambian reglas de juego e introducen discrecionalidad y restricciones.
En cuanto a las consecuencias futuras de este episodio, se verá si es solo un árbol o el entero bosque lo que está en juego. Es importante para el país que sea un problema solo de este árbol.
