Los chats de Astesiano que exponen el manejo de la seguridad del presidente y su familia

El presidente Luis Lacalle Pou almuerza en Ciudadela y San José.

Su expareja, Lorena Ponce De León, acude a una clínica estética antes de irse al Palacio Estévez.

Manuel —el hijo más chico— sale antes del colegio y pide que lo pasen a buscar. Se retira con un amigo.

Violeta —la hija— termina la práctica en la cancha de un liceo privado y se queda a dormir en la casa de los abuelos.

Luis —el mellizo de Violeta— desciende del auto con dos amigos y queda en avisar a la hora en que acabe la reunión. Es de madrugada.

Al menos cinco grupos de Whatsapp en los que participaba el exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, dejan al descubierto las rutinas del círculo más íntimo del presidente. Basta una simple lectura a estos archivos de mensajería que se filtraron de la carpeta fiscal —que investiga la adulteración de partidas de nacimiento con las que se accedía a pasaportes por la que está acusado Astesiano—, para entender al detalle los movimientos, los hobbies, los lugares donde pasan la noche y hasta las amistades del mandatario y los suyos.

La fiscal Gabriela Fossati, responsable de la investigación, había aceptado que, tras la incautación del celular de Astesiano, fueran eliminados los chats que el indagado mantuvo con el presidente “teniendo en cuenta su investidura”. Y había justificado que (en los mensajes entre Lacalle y su custodia) “podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia” cuya “reserva” no se podía “garantizar” en virtud de “las condiciones de trabajo de la Fiscalía”.

Sin embargo, más allá de los archivos que ya había adquirido la Fiscalía y la información que fue filtrada a la prensa, la seguridad presidencial ya estaba vulnerada. Porque las comunicaciones del Servicio de Seguridad Presidencial se hacían (al menos en parte) por Whatsapp y con el teléfono celular de cada custodio, los mismos dispositivos con que coordinan un asado, un partido de fútbol 5 o con que Astesiano recibía y pedía favores.

Ni siquiera es necesario ser un experto en codificación para descifrar cuáles son los nombres secretos que la guardia utilizaba para llamar al presidente y a su familia. Es sencillo darse cuenta que al mandatario lo nombran como una fruta que también es la inicial en el alfabeto internacional de deletreo y que a su expareja e hijos se los apoda con nombres de astros. Tan simple que cada grupo de Whatsapp lleva como título el motivo de su creación (por ejemplo, “Seguridad 1era Dama”) y poco aportan los mensajes directos que se enviaban Lacalle Pou y Astesiano para entender el entramado familiar. La filtración lo dejó al desnudo.

“En Uruguay siempre trabajamos bajo la ridícula hipótesis de ‘acá no pasa nada’, (por eso) tenemos déficit importantes de profesionalización en la seguridad presidencial”, reconoció a El Observador Nicolás Álvarez Rosas, politólogo especialista en seguridad internacional e inteligencia.

En los países en que “pasan cosas” —léase en aquellas naciones en que se guarda con recelo el entorno del jefe de Estado ante la amenaza de un magnicidio— existen protocolos inviolables que están por encima, incluso, de la voz del mandatario. 

Los equipos de seguridad que acompañan a las autoridades y sus familiares dependen de los propios servicios de seguridad del Estado y no los elige un presidente. Tampoco se recomienda usar el teléfono personal, ni el mail personal, ni un servidor personal. Porque la premisa básica es que las “paredes” de seguridad de esa área sensible tienen que ser lo suficientemente altas y potentes para que nadie las pueda atravesar.

En Uruguay, en cambio, eso no pasa ni por decreto. La normativa vigente dice en su segundo artículo que “el personal asignado al Servicio de Seguridad Presidencial podrá tener estado policial, o ser de carácter civil. En uno y otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el Presidente de la República”.

No es solo eso: en ningún momento el reglamento del Servicio de Seguridad Presidencial obliga a los agentes a rendir cuentas. En Europa o Estados Unidos los integrantes de los servicios son “sometidos a controles estrictos y a un monitoreo constante, (incluso) en algunos países los agentes que sirven en el servicio presidencial deben estar dispuestos, mediante autorización firmada, a que se los investigue en cualquier momento. Se someten a la contrainteligencia”, ejemplificó Álvarez Rosas.

El Observador dialogó con exagentes de servicios de seguridad de distintos países y las claves se repiten. Vasco Wedemeier, exintegrante de la policía alemana y ahora consultor de seguridad, explicó es “inimaginable el uso de Whatsapp” como vía de comunicación para parte de la operativa de seguridad presidencial, incluso cuando existe el cifrado de extremo a extremo. Ocurre que el uso de esta plataforma toma el supuesto que el teléfono móvil no está hackeado y que jamás se pierde la señal (la cobertura). 

El alemán también explicó que el canciller “no puede elegir” su propia seguridad. “Oficialmente no tiene ninguna influencia sobre el personal”.

Un exoficial de otro país de primer mundo agregó que el jefe de seguridad toma todas las decisiones de seguridad, incluso por encima de lo que quiera el presidente. Subrayó la necesidad de mantener circuitos de comunicación cerrados y encriptados y señaló la importancia que los cuerpos de seguridad presidencial estén preparados por un organismo que esté “por fuera del sistema” y que sus integrantes sean sometidos a controles constantes. 

Al ser consultada una embajada de un país que integra el Consejo de Seguridad prefirieron no responder siquiera “fuera de micrófono” porque el hermetismo es inviolable.

De ahí que cuando Donald Trump se empeñaba en usar su teléfono celular personal, ni bien había asumido su administración y contra toda recomendación de la seguridad federal, los medios de comunicación de Estados Unidos titulaban que “está en riesgo la seguridad nacional”. O cuando la esposa del primer ministro Benjamín Netanyahu le pidió a un agente de inteligencia que le proporcionara información sobre una política estadounidense, el oficial se negó porque su función es “la seguridad nacional y no el interés de un gobernante de turno particular”.  

¿Y en Uruguay?

En el país en que se viralizan las imágenes de un presidente que va a hacer las compras en su Fusca celeste y otro que se acoda en la barra de un bar para almorzar, cualquier comparación con los servicios de seguridad de avanzada suenan fuera de lugar. En definitiva, desde la salida de la dictadura la custodia del mandatario y su familia se manejó (y maneja) en base a la confianza.

Juan Andrés Roballo, quien como prosecretario de Tabaré Vázquez fue el responsable político de su seguridad en el segundo mandato, explicó que “el presidente venía trabajando desde hace tiempo con quienes lo cuidaron”, y que su designación “había sido del propio Vázquez en diálogo con la gente de su confianza en el Ministerio del Interior”.

—¿Cómo se comunicaba entre sí el servicio de seguridad de Vázquez?
—Por los canales normales.
—¿Cuáles son esos canales?
—Por teléfono, Whatsapp y a veces reuniones cara a cara.

Eso muestra que la forma en que el presidente Luis Lacalle Pou ha manejado su seguridad no es exclusiva de este gobierno, sino un patrón que se repite desde hace décadas. En ese esquema, la confianza juega un rol fundamental. 

El dos veces presidente Julio Sanguinetti dijo a El Observador que su relación con los jefes de su guardia personal siempre fue profesional, cercana y de respeto. “Eran todos policías profesionales y algunos de ellos siguen acompañándome”, dice Sanguinetti y menciona el caso de Gerónimo Francia, que hoy trabaja en la casa de la calle Zorrilla, y que cuando el líder colorado ejercía su segunda presidencia (1995-2000), cuidaba de sus nietos mellizos a los que iba a buscar a la puerta del Colegio Francés.

En su primera presidencia (1985-1990) a Sanguinetti también lo acompañó como jefe de la custodia Pompilio Marcé, quien era director de Operaciones Especiales, y el comisario José Balmagia, quien siguió junto al líder colorado en su segunda presidencia y a quien sucedió Walter Ferreira cuando Balmagia partió a una misión en el extranjero. “Había mucha confianza, es gente que casi siempre estaba cerca de uno”, dijo.

Los chats de Astesiano que se filtraron vienen develando un presunto delito de tráfico de influencias —que está en investigación fiscal—,  descubren la psicología de un exjefe de seguridad que no sabía decir que “no”, arreglos con policías y también revelan los movimiento del círculo más cercano al presidente de la República.