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Lorena Ponce de León declaró ante la fiscal Fossati y negó haberse sentido acosada
Tras citar y escuchar a Lorena Ponce de León, la fiscal Gabriela Fossati concluyó que su privacidad no fue violentada ni fue víctima de violencia de género.
La fiscal citó a la esposa del presidente en el marco de la investigación del llamado “caso Astesiano”, luego de que se divulgara un chat donde el excustodio presidencial le pedía, en reserva, al subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, que averiguara a dónde se proponía viajar la esposa del presidente, que para ese momento ya se encontraba separada del mandatario.
“Como siempre explico, todos los mensajes que puedan implicar irregularidades o ilicitudes, se investigan en la causa 2”, dijo Fossati.
La fiscal comenzó investigando a una organización –que Alejandro Astesiano integraba- que vendía pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos, obtenidos a partir de documentación adulterada. Esa es su causa 1.
Luego, al acceder a los chats que el ex custodio presidencial mantenía con funcionarios, policías y empresarios se dispararon nuevas investigaciones por otros delitos, reunidas en lo que Fossati llama “causa 2”.
La fiscal explicó que ella ya conocía el chat en cuestión y ya le había preguntado al respecto a Astesiano, pero señaló que la filtración a la prensa hizo que acelerara la consulta a la esposa del presidente.
“Se le dio prioridad a la entrevista para escuchar a la señora Ponce de León y verificar que sus derechos no hubieran sido afectados. La respuesta fue un no contundente”, dijo Fossati.
Para la fiscal era importante escuchar a Ponce de León porque “varias mujeres, algunas que conozco y tengo la mejor de las opiniones respecto de ellas, llegaron a hablar de violencia de género, sin ningún elemento para hacerlo”.
“Soy una fiscal muy comprometida con la violencia de género. Ella me aseguró que nada más alejado de la realidad. Después de hablar, no tengo dudas de que no hubo ninguna situación de violencia, ni de control, solo de cuidado. Y soy una persona entrenada para detectar la violencia de género”, declaró. “La propia interesada fue muy clara y lo que corresponde es dar por aclarado el punto. Quien insista en el tema, en cierta forma, está generando una violencia de género porque expone a quien presuntamente quieren proteger”.
Para Fossati “hay que ser cuidadosos con la información que se difunde, porque se afecta familias. Sobre todo –agregó- porque la violencia de género es un problema muy real para muchas mujeres y no hay que banalizarlo”.
Respecto a si Ponce de León se sintió vulnerada en su intimidad por las averiguaciones que quedaron en evidencia en el chat, la fiscal lo negó.
“Ella acepta las necesidades de seguridad”, manifestó. “Los hijos también preferirían no tenerlas, pero es imposible. En todos los países del mundo se aplican protocolos y por algo están. Me quedó claro que no hubo ninguna situación incorrecta y el tema de la investigación quedó terminado”.
Trazabilidad incompleta
Para Fossati lo ocurrido con Ponce de León es un buen ejemplo del principal problema que suponen las filtraciones de su investigación.
De acuerdo a su modo de ver, el sistema judicial debe actuar sin exponer a personas que no están siendo investigadas porque no existe ninguna presunción de que hayan cometido un delito. A su juicio ese precepto fundamental se violentó en este caso. “No se encuentra evidencia de ningún delito, pero la persona ya ha sido expuesta”, lamentó Fossati.
A fines de noviembre, la fiscal hizo saber a través de un comunicado que las filtraciones no partían de su equipo y que ella consideraba “inoportuno” que los chats se conocieran "en esta etapa de la investigación”.
Fossati recordó en ese comunicado que “existen otros operadores con acceso a la carpeta de investigación fiscal, ya que la misma no ha sido declarada reservada”. Aludía así al cambio de reglas de juego que se operó con la sanción del nuevo Código del Proceso Penal.
Con el viejo código, los imputados y sus abogados defensores no accedían a la carpeta de pruebas de la fiscalía. Tampoco las víctimas. Con el nuevo, y en pro de una mayor transparencia y un sistema más garantista, todos esos actores ganaron el acceso a “los registros y documentos de la investigación fiscal”.
El nuevo código, sin embargo, también deja en claro que las actuaciones “serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento”.
Fossati ya inició una nueva línea de investigación tendiente a averiguar quién está filtrando el contenido de los chats. La investigación la lleva adelante el departamento de Delitos Complejos de la policía.
La fiscal está convencida de que hay que repensar y modificar el Código del Proceso Penal de modo de minimizar las filtraciones. "Este problema –dijo- nos pasó desapercibido al momento en que se instrumentó el código”.
El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, en declaraciones al semanario Búsqueda, coincidió: “Vemos filtraciones que impactan en la eficacia de las investigaciones y es un gran problema que tiene la Fiscalía y el Estado”.
Rosa definió estas fugas de información como un “enorme dolor de cabeza” para los fiscales porque pueden perjudicar sus investigaciones.
Del lado del gobierno, las filtraciones del “caso Astesiano” provocan indignación. “Lo que está pasando en estas horas es repugnante. Me parece una inmundicia”, dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, en el programa Desayunos Informales.
De acuerdo con García, alguien –que no identificó- obtuvo los chats y los va haciendo conocer de acuerdo a un cronograma que tiene como objetivo dañar la imagen del presidente Lacalle y “paralizar al gobierno”. “Hay que ser un monumento de ingenuo para pensar que esta dosificación de salidas de chats no tiene a alguien que dice: este sale hoy y este sale mañana. ¿O se creen que una persona va caminando por la calle y se encuentra un chat hoy, mañana sale por la feria de Tristán Narvaja y dice hoy voy a encontrar un chat? ¡No, muchacho! Los chats están desde hace tiempo en el bolsillo de alguien. Y hay alguien que, con intencionalidad, dosifica”.
Para la senadora Graciela Bianchi, las filtraciones son una perla más de un collar de deficiencias e irregularidades que ha denunciado en la Fiscalía. Recientemente, la senadora citó a su despacho al fiscal Gilberto Rodríguez para pedirle explicaciones respecto a cómo habían llegado a la prensa unas declaraciones suyas hechas en el marco de la investigación por las filtraciones de la comisión de Inteligencia. Según relató, apenas unas horas después de haber declarado ante Rodríguez ya algunos periodistas sabían qué había dicho.
“El fiscal –relató Bianchi a El Observador- me dijo que puede ser que un funcionario administrativo haya escuchado un comentario. Me molestó la explicación. Y no tuvo más remedio que reconocer que a las dos horas aproximadamente se suben las declaraciones al sistema de fiscalía. Y desde allí no se pueden hacer responsables. Es insólito”.
Sobre ese tema, el fiscal de Corte, Juan Gómez, explicó que cada usuario que ingresa al sistema de la Fiscalía queda registrado con su nombre, pero no consta qué es lo que hace dentro del sistema.
Visión positiva de las filtraciones
Desde el Frente Amplio, la mirada sobre las filtraciones es distinta. “Filtraciones existieron siempre, con el viejo sistema, desde el pre sumario se filtraba información”, dijo el senador Charles Carrera. “La prensa accedía a actuaciones que se instruían previo a un procesamiento y eso –por tener interés público- se difundían en los medios. No es admisible afirmar que las filtraciones nacieron con el nuevo código, que es garantista. Es absolutamente correcto que la regla sea la transparencia con respecto a los denunciantes y los denunciados”.
Carrera, que es abogado, recordó que el Código del Proceso Penal habilita a que las actuaciones pueden declararse “reservadas” cuando existe riesgo de que alguna prueba se pierda o la investigación se vea afectada.
Para pedir la reserva de una prueba, el fiscal debe justificar la medida y pedirle permiso al juez, que puede negarla o concederla por 40 días. Luego puede extenderla por hasta seis meses.
Fossati, que no hizo tal pedido en este caso, dijo que es difícil justificar la reserva de pruebas que aun no fueron estudiadas, y que la mayor parte de los jueces no autoriza esa declaración.
“Los jueces de garantías controlan que la reserva sea justificada porque, al aceptarlo, hay una afectación de derechos de imputados que tiene que ser razonable y ponderada”, explicó.
Más allá de eso, para Carrera, si las filtraciones son ciertas, no son un problema. “Desde el punto de vista democrático, si se filtra una información que tiene interés público y que no afecta (directa o indirectamente) el resultado del proceso, no hace otra cosa que revelar la verdad”.
Para el senador frenteamplista, en el caso Astesiano “las filtraciones cumplieron un rol fundamental”. “De no haber sido por la filtración de los chats –dijo Carrera- no se hubiera sabido nunca que acá hubo espionaje a legisladores de la oposición, que se hacía uso abusivo de los sistemas de videovigilancia, de drones negociados con empresas proveedoras del Estado como Vertical Skies; o que se hacía tráfico de influencias con policías que usaban los recursos públicos para investigaciones ilegales; entre otros temas”.
