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Pedro Castillo, presidente de Perú

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Los Comités de Autodefensa campesina, otro dolor de cabeza para el gobierno de Pedro Castillo

Surgidos en el siglo pasado para defenderse de Sendero Luminoso, una ley reciente los convirtió en fuerza de seguridad armada que podría alentar el paramilitarismo

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09 de julio de 2022 a las 15:55

Invocando la "indefensión” de las comunidades campesinas en sitios aislados del Perú ante los “remanentes terroristas y el narcotráfico", una ley promovida por el fujimorismo y aprobada en junio, establece que los Comités de Autodefensa (CAD) campesina se conviertan en una fuerza de seguridad armada con funciones equivalentes a la policía.

El Estado deberá proveerlos de armas, pero también las podrán comprar o recibirlas en donación. Además, estas estructuras podrán extenderse por todo el país a simple requerimiento de una comunidad.

El propio presidente Pedro Castillo y su ministro de defensa, Walter Gavidia, han manifestado su oposición a la ley porque, cuanto menos, habilitará la proliferación de armas en la población civil.

En boca de Gavidia: "Los Comités de Autodefensa son probablemente en el futuro grupos paramilitares con consecuencias muy peligrosas". Una preocupación que sería compartida por el alto mando militar.

Los CAD surgieron en las comunidades campesinas en los años ‘80 del siglo pasado para defenderse del robo de ganado (abigeato) muy habitual en las zonas muy alejadas y de las incursiones de la guerrilla de Sendero Luminoso, que operó con fuerza en el departamento de Ayacucho.

El proyecto original votado ahora fue presentado por la diputada de Fuerza Popular, Valeria Valer, hija del coronel Juan Valer, miembro de las fuerzas especiales peruanas muerto en 1997 durante la operación para liberar a los rehenes que el MRTA retuvo durante más de cuatro meses en la embajada de Japón en Lima.

El diputado Alejandro Muñante, de la formación conservadora Renovación Popular, dijo al defender la ley en el Congreso que "es una forma de reivindicar a los excomités que lucharon por el país".

El propio Castillo admite haber integrado las rondas de autodefensa contra los “terrucos” (terroristas) en su zona del departamento de Cajamarca antes de convertirse en líder del partido que lo llevó a la presidencia.

Pero Keiko Fujimori, rival de Castillo en las últimas elecciones, acusa al gobierno de tener vínculos con Sendero Luminoso, una forma de justificar el apoyo a la polémica ley de Comités.

En su esplendor, los CAD recibían armamento del ejército, que los consideraba aliados contra el senderismo.

En 1991 el plan se expandió a otras regiones y finalmente el entonces presidente Alberto Fujimori, padre de Keiko, los institucionalizó por un decreto que regulaba su funcionamiento y los puso bajo la supervisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Cuando en 1992, la Policía peruana capturó a Abimael Guzmán y el resto de la cúpula de Sendero Luminoso, la organización entró un rápido declive y la mayoría de los CAD fueron desactivados.

El Ejército comenzó a recuperar las armas que les había suministrado.

De aquellas organizaciones insurreccionales sólo quedaron grupos minoritarios dedicados a prestar protección armada a las redes del narcotráfico que operan en la denominada “zona de emergencia Vraem”, del que comprende el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Es lo que en Perú se conoce como el Valle de la Droga.

En esa región se constituyó en su momento la autodefensa más destacada, la de los indios asháninka, que tomaron las armas para resistir los intentos de Sendero de reducirlos a la esclavitud. Ese CAD aún permanece.

Algunas rondas campesinas también se han mostrado en contra, y la Defensoría del Pueblo, en una comunicación remitida al Congreso, calificó de "inaceptable" la norma, porque supone "concederles atribuciones que son propias de la Policía y de las Fuerzas Armadas".

Para Ricardo Valdés, experto en seguridad y exviceministro de Interior de Perú entrevistado por la cadena británica BBC, "se está creando una policía paralela y eso es peligrosísimo en un país en el que operan numerosos grupos criminales".

Pese a las críticas, la ley fue aprobada con escasa oposición en el Congreso. En el debate hubo voces reivindicando la autodefensa de las comunidades de zonas lejanas contra el narcotráfico, la tala de bosques y la minería ilegal.

La nueva ley define a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) como "organizaciones de la población surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad contra la infiltración y ataques terroristas, la violencia generada por el tráfico ilícito de drogas y los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana".

Su función es de "apoyo a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas en las tareas de pacificación y seguridad".

Según Irupé Cañari, asesora legal de varias comunidades asháninkas en el Vraem, "con la desaparición de Sendero el rol de los comités ha ido evolucionando, pero siguen haciendo frente a amenazas como los grupos de narcotraficantes que se adentran en su territorio".

“En la actualidad cada comité tiene unos siete miembros de entre 18 y 40 años; somos gente de la comunidad que trabaja sin ningún apoyo del Estado", explicó a la BBC Américo Viscado, un agricultor que comanda los 25 CAD que operan en la zona del río Ene, en el Vraem.

La ley remite claramente, en la letra y en el espíritu, a los años de la lucha contra la insurgencia armada en Perú, como si nada hubiera cambiado

La norma aún no se ha reglamentado, pero uno de los aspectos más preocupantes es que el armamento de los CAD no provendrá sólo del Estado sino que también podrán comprarlas o recibirlas en donación.

"Cuando se intentó recuperar las armas que se habían entregado a los comités que habían combatido contra Sendero solo se entregaron entre un 30 y un 40 por ciento de las armas y ahora la situación puede empeora”, dijo el exviceministro Valdés.

Para Juan Carlos Ruiz, abogado de la organización civil IDL también entrevistado por la BBC, "darles armas a civiles sin previa preparación es muy peligroso" y alerta de que grupos criminales puede encontrar atractivo armar a los comités a cambio de su lealtad.

Hoy solo quedan Comités de Autodefensa en la zona del VRAEM, pero la ley permite que se extiendan por todo el país.

Para el abogado, el mayor peligro es que en Perú se instale de un paramilitarismo similar al que durante décadas ha golpeado a Colombia.

Ya se han producido enfrentamientos mortales entre grupos dedicados a la minería. Uno de los más recientes y sangrientos fue el que dejó en junio 14 muertos en la provincia de Caravelí, en el sur del país.

Para el exministro Valdés, "cualquier alcalde distrital va a poder tener una fuerza armada a su servicio", lo que agravaría el riesgo de enfrentamientos por recursos como el agua o los minerales, especialmente en una época en la que han recrudecido los conflictos sociales en el país.

Además, la supervisión de los Comités fuera de la zona de emergencia del VRAEM pasa ahora del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a las comisarías de la Policía Nacional del Perú,

"No habrá vigilancia suficiente porque en Perú hay unas 1.400 comisarías y casi 95 mil centros poblados", advierte el exfuncionario experto en seguridad. En el valle del rio Ene hay comunidades separadas por más de cuatro horas de navegación fluvial del puesto policial o militar más cercano.

Además, Castillo acaba de nombrar su sexto ministro del Interior en los once meses que lleva de gobierno.

Pero para Viscado, comandante de los comités que operan en esa misma zona, ese es precisamente un argumento a favor de la ley y de la necesidad de reforzar los comités, al menos en esta región de Perú.

Los expertos advierten también que pueden repetirse abusos como los que se cometieron en los años de Sendero Luminoso.

"En la comunidad de Upa capturamos recientemente a unas personas con 500 kilos de cocaína, pero nadie vino a hacerse cargo de ellos cuando solicitamos apoyo a la Policía y al Ejército, por lo que al final tuvimos que soltarlos", contó el dirigente.

Según cuenta, esto causa gran inquietud en su comunidad asháninka, donde muchas familias temen que los jóvenes acaben engrosando las filas de los grupos armados dedicados al narcotráfico.

Denuncia que policías y militares declinan responder a sus llamadas por el aislamiento del entorno en el que viven y el temor a caer en emboscadas.

"Nuestras armas son de los 1980 o 1990 y nos enfrentamos a grupos con armamento más moderno. Nosotros no tenemos botas, equipos de comunicación, ni vehículos", se queja Viscado.

"Los sembradíos de coca avanzan en nuestro territorio y sólo podemos defendernos con nuestras fechas artesanales. porque el otro armamento está en mal estado".

Le contó a la BBC que sufrió amenazas del narco después de que sus comités firmarán un convenio con Devida, la agencia antidrogas peruana.

Por ello piensa que la ley será "magnífica" porque ahora van a sentirse "mucho más respaldados".

Para Juan Carlos Ruiz, sin embargo, la ley está lejos de ser una solución: "El Estado se lava las manos y deja que cada cual se encargue de su seguridad".

Con información de la BBC

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