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Los deberes de Uruguay para mejorar en promoción y defensa de la competencia
Uruguay todavía tiene deberes por delante para mejorar su régimen de promoción y defensa de la competencia. De hecho, con poco más de una década de una ley que dio un marco legal a ese régimen, ahora el Parlamento tiene a estudio una propuesta legislativa para aggiornar su funcionamiento, que prevé, entre otros objetivos, mayores controles sobre las operaciones de fusiones de empresas y evitar la conformaciones de cárteles de precios. A juicio de un experto, aún quedan deberes por delante para perfeccionar el funcionamiento de esta herramienta.
La Ley de Promoción y Defensa de la Competencia cumplió 11 años desde su creación en 2007. En ese entonces, uno de sus objetivos fue el de investigar el funcionamiento de los mercados y de eventuales conducta anticompetitivas (por denuncias recibidas o por propia iniciativa), entre otros objetivos. Pese a la pequeñez del mercado uruguayo, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado que depende del Ministerio de Economía y Finanzas- organismo tuvo algunas sanciones resonantes en la última década.
Por ejemplo, en 2012 el organismo aplicó una multa récord de US$ 1,36 millones sofre FNC por prácticas anticompetitivas, y otra en 2013 por casi US$ 1 millón a cinco empresas que conformaron un cártel (acuerdo para reducir la competencia entre ellas) para la producción y comercialización de salsa de tomate.
Lo que se debe mejorar
El socio de Guyer & Regules y experto en competencia, Juan Manuel Mercant, dio su visión sobre qué aspectos deberían corregirse a futuro para mejorar la aplicación de este norma la pasada semana ante la comisión de Hacienda de Diputados.
En diálogo con El Observador comentó que si bien se debe valorar el trabajo “serio y profesional” que ha hecho la con escasos recurso financieros y humanos, también hay que
“que los organismos reguladores especializados, en particular aquellos que alcanzan a sectores de operan empresas públicas (como la Ursec o la Ursea) no han aplicado la normativa con la intensidad deseada”.
A juicio de Mercant, estas normas deben aplicarse a las empresas públicas cuando están en régimen de libre competencia. “Esto es fundamental en áreas como energía, telecomunicaciones, seguros, cementos, etc. En muchos casos dichas empresas actúan fuera del principio de especialidad y excediendo el monopolio concedido”, advirtió.
Para el experto es “fundamental”que la normativa de competencia no sea usada para la persecución de fines u objetivos para los cuales no existen estas normas. “No son normas que protejan intereses de pequeños competidores (solo por el hecho de ser pequeños o nacionales), no están diseñadas para controlar la inflación, márgenes, ni son un mecanismo para regular. Son normas destinadas a asegurar el funcionamiento libre del mercado”, afirmó.
“Hay que cuidar este aspecto todo el tiempo porque la tentación siempre está y el problema de la leyes de competencia, como dijo (Milton) Friedman, es que se convierte rápidamente en regulación”, acotó Mercant.
Por otro lado, el especialista consideró que otro aspecto que debería atender la comisión a futuro sería el de no admitir denuncias o casos que no tienen relevancia ni fundamento alguno. “Se entiende que inicialmente era una forma dar a conocer la normativa, pero ya estamos en un nivel de desarrollo que no lo justifica”, consideró. Añadió que de lo contrario hay empresas que pueden sentirse amenazadas o incluso lo están, que planteen una denuncia para evitar que un competidor les gane mercado.
“El resultado es entonces el peor de todos, las empresas dejan de competir vigorosamente (no ofreciendo nuevos productos, no bajando sus precios, etc.) por el temor de una denuncia que, aunque infundada, próspera y ello perjudica a los consumidores, que son en realidad los protegidos por la norma”, apuntó el abogado de Guyer. Dijo que bajo ese escenario la comisión termina concentrando en los temas que le proponen y no en actuaciones de oficio en mercados más relevantes.
Mayores recursos
Para Mercant es de vital importancia que la comisión preserve e incluso “aumente” su independencia a futuro. Consideró que para ello el sistema político debería dotar de mayores recursos para su funcionamiento, porque en economías con estructuras oligopólicas,”invertir en estas normas es fundamental”.
Asimismo, el experto considera que se debería restringir la aplicación del artículo 27 de la ley vigente a sectores clave como los que están mencionados. Puso como ejemplo que en el caso como los de la salud y no queda del todo claro quién es el organismo regulador.
“Sería mejor que dijera que salvo, Ursec, Ursea y Banco Central, en el resto es la Comisión el órgano competente. Hacia eso se debería apuntar”, sugirió.
A futuro
En cuanto a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, Mercant consideró que se ven como razonables en general, pero hay espacio para algunas posibles mejoras en línea con otras jurisdicciones.
En cuando a las prácticas prohibidas per se incorporar una regla de “mínimos” como existe en otras jurisdicciones. “Cuando trate de un acuerdo menor o insignificante no se analiza. Lo contrario es sobrecargar innecesariamente a la Comisión”, consideró.
En tanto, en cuanto al control de concentraciones “nuestros aportes principales van en línea con proponer un doble umbral: es decir, que una empresa sola no pueda llegar al umbral que se defina sino que además el otro participante de la operación tenga una facturación relevante”.
Además que haya una excepción cuando el monto de la transacción o los activo adquiridos sean menores al 10% de la facturación del adquirente, y prever un período de transición para que se puedan emitir los decretos y regulaciones necesarias (guías, etc.).
Mercant anticipa que la Comisión tendrá “muchísimo trabajo en materia de concentraciones y también en denuncia de conductas per se y procesos de clemencia para el arrepentido”. Por ello volvió a recalcar en la necesidad de dotar de mayores recursos al organismo para profundizar su tarea.
