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Los empresarios y el diálogo social

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21 de enero de 2020 a las 05:03

Los productores agropecuarios tienen sobradas razones para comenzar el año con optimismo. A las buenas perspectivas para la producción de carne, se suma el entusiasmo por el positivo “cambio radical” que proyectan en el diálogo con el gobierno que asume el próximo 1° de marzo, un sentimiento generalizado del sector privado sobre lo que se impone una reflexión profunda para evitar errores del pasado.

La fortaleza del diálogo social depende de la calidad del vínculo entre el gobierno y las cámaras empresariales así como con los sindicatos reunidos en el PIT-CNT.

Durante las administraciones del Frente Amplio, hubo una intención deliberada de favorecer el punto de vista del PIT-CNT por el convencimiento de que durante las administraciones de los partidos tradicionales la balanza del diálogo social favoreció a los empresarios, además de la histórica afinidad entre las organizaciones sindicales y la coalición de izquierda.

En 15 años de gestiones frenteamplistas, el péndulo no estuvo ubicado en una posición equidistante sino en una ubicación bien marcada que se reflejó en discusiones y resoluciones de los Consejos de Salarios y también en fracasos de reformas en las que los sindicatos se sintieron amenazados.

Uruguay tiene una rica experiencia en torno al diálogo social –incluso de diferentes formatos– que el gobierno multicolor que encabezará Luis Lacalle Pou debería pasar raya y evaluar resultados.

En ese sentido, creemos que hay ciertos conceptos básicos que cualquier buena política debería incluir a la hora de pensar el diálogo social. 

Un gobierno, como representante de un Estado, tiene que jugar un papel de árbitro, de garante del desarrollo. No tiene que intervenir como polea de transmisión de las ideas ni de empresarios ni de los trabajadores, sino de aquellas que persiguen el bien común.

Una sociedad está integrada por personas de diferentes ocupaciones (las que uno se pueda imaginar) y todos los miembros de una comunidad dada reaccionan en función de incentivos materiales o sociales y de sus preferencias, como explica el economista Jean Tirole en su libro La economía del bien común.

Como el comportamiento final de todos puede ir en contra del interés colectivo, es clave el papel del Estado que, en última instancia, es quien debe lograr acercar lo más posible el interés individual al interés general.

Todos estamos condicionados por el lugar específico que ocupamos en la sociedad. Lo que puede ser bueno para una empresa –o incluso un sector–, no necesariamente lo es para el conjunto del país; y lo mismo vale si nos referimos a los intereses de un grupo de trabajadores.

Hay que aprovechar el giro político del nuevo gobierno para mejorar aspectos de una gestión de largo tiempo que tuvo un énfasis equivocado en relación con el diálogo social.

Es fundamental recuperar la voz de un sector como el empresarial que se ha replegado del espacio público y que tiene un papel vital.

Por gestos y anuncios de la coalición multicolor, Julio Armand Ugón, presidente de la Federación Rural (FR), dijo a El Observador que desde el 1° de marzo “habrá un cambio radical” con relación al diálogo entre los productores y el gobierno. Es un aire fresco tan necesario como bienvenido que debería reflejarse también en la autoridad del Estado para conciliar intereses.

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