Todos los asesinatos son espantosos pero hay algunos que impactan más que otros. Una adolescente de 17 años, con toda la vida por delante, asfixiada por su exnovio también de 17 años, es una patada en el estómago.
El femicidio de Valentina no se puede explicar desde un único factor
Cuando Santino Gandini reciba su condena, será el femicida más joven de la historia del país. Hasta ahora no se habían dado casos de menores condenados por este delito, lo cual le suma a un tema arduo mayor dramatismo.
- Probablemente le recaigan diez años de privación de libertad, la pena máxima que se puede aplicar a un femicida adolescente (homicidio en grado de tentativa) ya que la LUC duplicó las penas máximas para delitos graves comprendidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA).
- Pasará los 10 años en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) porque asi lo prevé el CNA. Los condenados siendo menores no pasan a una cárcel de adultos por lo que con 27 años convivirá con infractores menores.
- Tras ser detenido el adolescente confesó el crimen -al día siguiente de haberlo cometido- ante la policía e indicó el lugar donde había intentado enterrar el cuerpo, en la parada 6 de la Brava de Punta del Este.
- En la audiencia judicial no habló ni mostró arrepentimiento.
- Una amiga de Valentina declaró “siempre hubo cosas raras” en él. “Algo que siempre resalté de él es que le gusta incomodar a la gente. Tiene actitudes que realmente no te cierran”.
Lo primero para tratar de entender cómo pudo haber pasado esto, y antes de ir a las fallas del sistema, es entender que en un crimen así operan muchos factores y no es solo culpa del patriarcado y del factor cultural que sin duda tiene su peso. Tampoco se puede culpar a los padres de él, o al profesional que lo trató o al centro educativo al que iba porque no lograron evaluar la peligrosidad del adolescente.
La psicóloga Cristina Larrobla, profesora agregada de la Facultad de Medicina, especializada en Salud Mental en Comunidad, coincide en que los femicidios no se pueden analizar o enfocar desde un único lugar porque operan muchos factores. Explica que “el aparato psíquico de una persona que ha venido sufriendo hostigamiento y violencia es muy vulnerable, además que la violencia psicológica tiene en las mujeres impacto más fuerte, a más a largo plazo”.
“Hay un ejercicio de dominación, de poder, frente al otro que está en posición de debilidad y vulnerabilidad”, agrega. Por eso cree que no se puede simplificar tampoco diciendo que ella accedió a ir al encuentro de él.
Todos esos factores se suman a la patología psiquiátrica de él (según se dijo que venía siendo tratada), su capacidad intelectual, la intencionalidad y capacidad de darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Por esto y los antecedentes previos de que ya había de violencia, Larrobla cree que el femicida ya fue al encuentro de Valentina con la decisión de matarla y no pudo haber actuado por impulso del momento.
Las fallas y el vacío legal de la tobillera
Presidencia
Tobillera electrónica
Primero es necesario entender cómo funciona el sistema de justicia frente a los casos de violencia doméstica, familiar o de pareja, donde se aplican dos leyes: la 19.580 conocida como ley de género y la 17.514 de violencia doméstica, que se aplica cuando la víctima de violencia es hombre, y da mucho menos garantías a las víctimas (a modo de ejemplo la audiencia debe realizarse a los 10 días). Si el que sufre violencia es un niño se aplica el CNA, dado que la ley de género remite a algunos artículos del código.
Frente a una denuncia el policía que la recibe le comunica al juez de turno telefónicamente lo sucedido y este en el momento dispone medidas. Puede ser imponerle la prohibición de no acercarse a menos de 500 metros, la más frecuente.
La ley estipula que en 72 horas el juez tendrá que convocar a audiencia. Según me explicó un abogado especialista en este temática, una primera falla es que ese plazo no se cumple en el 99% de los casos, debido a la saturación de denuncias que reciben los 12 juzgados que hay en Montevideo. En el interior estos casos los tratan lo jueces penales que también analizan casos de adolescentes infractores.
Si bien existía un compromiso de este gobierno de instalar tres juzgados especializados en el interior, hasta ahora solo funciona uno en San Carlos (justamente en la jurisdicción del caso de Valentina). Según confirmó una ministra de la Corte, se instalará otro en Salto en octubre y el de Rivera está previsto instalarlo en noviembre.
Esa demora en aplicar la ley genera que pasen semanas antes de que el juez interrogue a la víctima y al victimario y disponga medidas más efectivas como puede ser el uso de la tobillera electrónica o la custodia policial (si no hay tobillera) pero desde el Ministerio del Interior informaron que hay 1.700 tobilleras disponibles y 1.600 en uso.
Otra falla del sistema es que la ley no exige ningún tipo de prueba y sólo se actúa con el testimonio de la víctima. Esto hace que casos que tal vez no deberían llegar a la Justicia saquen espacio a otros más graves que sí deben ser atendidos. La buena intención de no dejar a ninguna víctima sin atención termina jugando en contra por lo que se debería buscar un mínimo mecanismo de cotejo de pruebas.
Luego, antes de la audiencia se le realiza una pericia psicológica a la víctima y al victimario pero el juez no cuenta en la audiencia con asistencia profesional sino que tiene el informe hecho en pocos minutos por el equipo técnico y los antecedentes de denuncias. En base a esos elementos tendrá que determinar las medidas a imponer. Cuando evalúa que el riesgo es alto dispone que se coloque la tobillera electrónica.
A los 30 días, el juez tendrá que convocar a una audiencia evaluatoria para determinar si las medidas deben continuar, las sustituye por otras o las levanta. El plazo máximo para las medidas es 180 días.
La Suprema Corte está a la espera de un informe que pidió en el caso de Valentina, para determinar si hubo una omisión en la jueza en no convocarlos a audiencia cuando la policía le dio cuenta de que en un pelea entre ambos en la calle ella le pegaba patadas y lo había agarrado de los pelos y si luego ante una segunda denuncia que hizo la madre de ella, no debió colocar la tobillera. La jueza dispuso verbalmente que se le notifique a los padres “a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad”.
Con respecto al uso de la tobillera se abre un debate en la Justicia. Si bien el ministro del tribunal de Apelaciones de Familia que estudia estos casos, Eduardo Cavalli, dijo que se le podía haber colocado una tobillera electrónica porque la ley “no establece definición alguna” sobre el límite de edad mínimo, una fuente de la Corte me dijo que en un caso similar de una menor sometida a violencia por otro menor no se le colocó la tobillera porque no está previsto quien monitorea ese dispositivo en casos de adolescentes. Un tema que el sistema tendrá que solucionar ya.
Saliendo del caso concreto, otra falla del sistema es que cuando existen indicios de delito (violencia física, lesiones, homicidio en grado de tentativa), los jueces de familia deben pasar el caso a penal. Salvo casos muy graves, los fiscales no suelen tomar esos casos, también debido a que tiene muchos casos.
Recordemos que los fiscales de delitos sexuales y violencia doméstica (se separarán en la próxima Rendición) han llegado a acumular 15.000 denuncias, lo que implica un promedio de 300 denuncias por mes, entre las seis fiscalías. En la próxima Rendición se creará dos nuevas sedes y se separarán las de Delitos Sexuales, y las de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró sobre este caso: “El fiscal dijo que había fallado el sistema, yo creo que tiene razón. Nosotros somos auxiliares de la Justicia, no podemos determinar por nosotros mismos, la Policía, pero nadie se puede sacar responsabilidad. Somos todos responsables, por lo menos desde el punto de vista del Estado, de no haber previsto esta situación, no se previó", dijo en una rueda de prensa en Soriano consignada por Subrayado (Canal 10).
Queda más que claro que hubo fallas en el sistema de Justicia y tal vez deban rodar cabezas, al tiempo que la Justicia y la Fiscalía logren hacer ajustes para trabajar mejor pero la complejidad de la que habla Larrobla hace que debamos tomarnos mucho más en serio el tema. "Cada actor en esta cadena dedicada al abordaje de la violencia doméstica tiene que hacer autocritica para poder seguir avanzando”, dice la psicóloga. Esa reflexión también debe abarcar a las familias, a las instituciones educativas, a cada educador en contacto con un joven, a los amigos. Entender e involucrarse más.
