Los políticos uruguayos, subcampeones en el torneo de la inmunidad

Para recopilar la información en el estudio consultaron las constituciones de los distintos países y limitaron el informe a los países democráticos (73), según el ranking elaborado por la revista The Economist.

En Uruguay, los legisladores y el vicepresidente tienen una "irresponsabilidad por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio del cargo", recordó al respecto el constitucionalista, Martín Risso. Sin embargo, para el catedrático es incorrecto decir que los "políticos tienen privilegios" en ese sentido.

Es decir, si un legislador "se va de boca" y difama a otra persona no es responsable penalmente por esa acción pero sí lo es en caso de cometer cualquier otro delito. "Los legisladores, ministros y el presidente tienen inmunidad de arresto y de procesamiento", explicó Risso. Sin embargo, pueden ir "presos como cualquier hijo de vecino", señaló el constitucionalista.

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En tal sentido, el artículo 114 de la Constitución establece: "Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente".

Los fueros que poseen los legisladores, ministros y el Presidente de la República no permiten iniciar un juicio penal sin el desafuero o juicio político correspondiente. Si se trata de un legislador, la cámara a la que pertenece debe aprobar el desafuero con dos tercios de los votos y, en ese caso, lo suspende de sus funciones y pierden sus fueros. En caso de que se trate de un ministro o del Presidente de la República, es necesario iniciar un juicio político para destituirlo.

Ese procedimiento se puede iniciar solo en caso de una "violación de la Constitución u otros delitos graves", según dice el artículo 93 de la carta magna.

A los legisladores también se les puede iniciar un juicio político para destituirlos. Estas disposiciones de inmunidad en el sistema político uruguayo provienen de la primera Constitución de 1830.

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En todos los casos, la inmunidad se termina cuando los jerarcas abandonan el cargo. Para el constitucionalista José Korzeniak el sistema uruguayo tiene una inmunidad "razonable" y destacó que los intendentes, los ediles y los directores de entes autónomos no tienen ningún tipo de protección.

El catedrático destacó que Uruguay tiene un sistema judicial fuerte e independiente en comparación con otros países de la región.

Primero Paraguay

Según el estudio del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Münich publicado en octubre de 2013, Paraguay es el país con mayor inmunidad, seguido de Uruguay, Brasil y Argentina. La Constitución paraguaya establece las mismas restricciones que la uruguaya pero la inmunidad presidencial se mantiene una vez que el mandatario abandona su cargo.

En el otro extremo del ranking, el Reino Unido aparece como la democracia donde los políticos tienen la menor protección. Si bien los legisladores y los ministros británicos pueden hablar o votar sin tener responsabilidades penales por ello, no existen obstáculos que impidan o limiten su enjuiciamiento criminal. Sin embargo, los representantes de la monarquía –que no están contemplados en el informe- tienen inmunidades por encima de los políticos.

En un punto medio se encuentra Francia, donde los legisladores también gozan de fueros pero una comisión legislativa puede acordar quitar ese beneficio. Los ministros no tienen ningún tipo de inmunidad mientras que el presidente debe ser removido a través de un juicio político antes de ser enjuiciado.

El estudio asegura que la inmunidad de los políticos puede ser un arma de doble filo. Creada para proteger a los políticos honestos de falsos cargos o de movidas con intenciones políticas, también puede proteger a políticos que incurran en actividades ilícitas. El estudio resalta que los países de América Latina tienen una mayor inmunidad seguidos por los países del sur y este de Europa. Los sistemas lationamericanos adoptaron legislaciones que vienen de la tradición francesa pero también fueron influenciados por la democracia presidencialista desarrollada en Estados Unidos, que resguarda a los presidentes. En Estados Unidos, legisladores y ministros tienen una baja inmunidad pero el presidente tiene una mayor protección. "El 70% de los países democráticos tienen algún estatuto que protege a los políticos electos del enjuiciamiento penal", agrega el estudio

El último desafuero

En noviembre de 2017, el Parlamento votó el desafuero del diputado blanco Wilson Ezquerra que había atropellado a una mujer mientras conducía alcoholizado. Si bien la víctima de 60 años que circulaba en moto tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, no presentó denuncia penal contra el legislador. De todas formas, la Justicia intervinó en el caso a través de la ley de faltas ya que el diputado tenía 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, según lo determinó la espirometría.

La Justicia pidió el desafuero y el propio diputado allanó el camino solicitando mediante una nota que el Parlamento votara el levantamiento de los fueros. Finalmente, el desafuero fue aprobado con el respaldo de todos los partidos políticos y Ezquerra fue condenado a realizar doce días de trabajo comunitario.