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La mayoría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Federal (STF) consideró el martes que el exjuez Sergio Moro no fue imparcial en el enjuiciamiento por corrupción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Operación Lava Jato.
El STF concluyó que Moro había violado los derechos del exmandatario en varias ocasiones, incluyendo cuando grabó secretamente las conversaciones entre Lula y sus abogados, y las filtró a la prensa.
La decisión del STF responde a una apelación presentada por la defensa del exmandatario y se aprobó por una votación de 3 a 2.
Además, implica también que la evidencia recabada en contra de Lula por los fiscales en el estado de Paraná, donde estaba basado Moro, no podrá ser usada cuando su caso sea juzgado nuevamente.
Este nuevo fallo, se produce dos semanas después de que, por un conflicto de competencias, la justicia anulara todas las condenas por corrupción contra Lula emitidas en procesos que estuvieron a cargo de Moro y que ahora deberán ser estudiados por otros tribunales, decisión sin embargo que aún podría ser revertida por el STF.
Con ambas decisiones, queda despejado el camino para una posible candidatura presidencial de Lula en 2022 en contra del actual mandatario Jair Bolsonaro, a menos de que antes de los comicios vuelva a ser condenado en segunda instancia.
Lula, de 75 años de edad, gobernó la mayor economía de América Latina entre 2003 y 2011.
Fue encarcelado y condenado por malversación de fondos en 2018, lo que le impidió presentarse a las elecciones de ese año y que ganó Jair Bolsonaro.
Lula salió de la cárcel en noviembre de 2019 y ya se perfila como posible candidato del Partido de los Trabajadores en las presidenciales de 2022, salvo que vuelva a ser condenado en segunda instancia.
Y es que parece poco probable que Lula vuelva a enfrentar impedimentos legales para competir por la presidencia.
No solamente hace que falta que vuelva a ser enjuiciado, las evidencias recabadas por Moro durante el proceso inicial quedaron manchadas por el fallo de este martes.
Además, una sentencia del TSF, en noviembre de 2019, estableció que un condenado solo puede ir a prisión una vez se hayan agotado todos sus recursos, por lo cual -incluso si se produce alguna nueva condena en su contra-, Lula no volvería a la cárcel hasta que no haya una sentencia firme, lo que implica aún un largo camino judicial que puede requerir años.
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