Lula lanzó un nuevo plan para detener la deforestación del mayor bosque tropical del planeta

"Brasil, sobre todo gracias a la selva amazónica, es responsable en gran parte por el equilibrio climático del planeta. Impedir la deforestación de la Amazonia también es ayudar a reducir el calentamiento global", dijo Lula da Silva esta semana durante un acto en el palacio presidencial de Planalto por el Día Mundial del Medio Ambiente.

“Se trata de un momento simbólico, una señal de que el medioambiente volvió a ser prioridad, después de cuatro años de indiferencia y abandono", añadió el líder del Partido de los Trabajadores (PT), la principal fuerza política de la coalición de gobierno, acompañado de su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y otros miembros de su gabinete.

El plan consiste en una versión actualizada de un programa creado originalmente en 2004, durante el primer gobierno de Lula da Silva (2003-2006), que había sido discontinuado por el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) para favorecer al influyente sector de los agronegocios y la minería, ambos con terminales en un Congreso dominado por los partidos de centroderecha y derecha.

El gobierno del líder del PT, que prometió hacer de la preservación de la Amazonia una prioridad, anunció que embargará inmediatamente la mitad de las superficies taladas ilegalmente en los espacios demarcados como unidades de conservación ambiental, áreas protegidas que se propone llevar a tres millones hectáreas hasta 2027. Además, entre otros objetivos, el plan se propone aumentar el monitoreo satelital y promover una economía sustentable con un "Sello Amazonia".

Lula da Silva inscribió el plan dentro de sus promesas de colocar a Brasil como ejemplo de sustentabilidad a nivel global para alcanzar las metas de reducción de emisiones de carbono y llevar a cero en 2030 la deforestación ilegal en la mayor para selva tropical del planeta. Un objetivo considerado prioritario por los especialistas, luego que bajo la presidencia de Bolsonaro la deforestación anual promedio aumentó un75% en comparación con la década anterior.

En lo inmediato, la deforestación en el primer cuatrimestre del año registró una reducción interanual del 40%, según datos satelitales del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE). No obstante, los ambientalistas toman con cautela el dato. La razón: advierten que se deben esperar antes de afirmar que existe una tendencia a la baja debido a que, normalmente, los mayores períodos de deforestación se registran a partir de julio.

"No vamos a cambiar las prioridades"

Desde que volvió al poder en enero, Lula da Silva reactivó las políticas medioambientales suspendidas o minimizadas por Bolsonaro, retomó la demarcación de los territorios indígenas, considerados clave para la preservación, y obtuvo la promesa de Gran Bretaña de donar unos US$ 100 millones al Fondo Amazonía, creado en 2008 para preservar la selva y del que Noruega es el principal donante.

Sin embargo, pese al impulso que el gobierno busca darle a la lucha contra la deforestación producto del avance de la frontera agrícola, la minería ilegal y la industria forestal, la agenda ambiental del líder del PT quedó comprometida la semana pasada, luego de las derrotas en una Congreso de tendencia conservadora.

Las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron cambios al organigrama ministerial decretado por el gobierno a días de asumir y que debía ser ratificado por el Congreso, en una movida que le quitó a la cartera de Medio Ambiente el catastro de las tierras rurales, fundamental para el seguimiento y el combate a la deforestación ilegal, además de sustraerle la gestión de los recursos hídricos.

El legislativo también despojó al Ministerio de los Pueblos Indígenas la responsabilidad de demarcar nuevas tierras indígenas, demarcación que autoriza a los pueblos originarios a ocupar sus tierras ancestrales y les otorga en forma exclusiva a las comunidades el uso de los recursos naturales, un factor clave, según expertos, para la preservación.

Las derrotas, poco resistidas por Lula da Silva, son vistas como un mal menor aceptado por el Ejecutivo para evitar que el Congreso revirtiera por completo la composición de los 37 ministerios determinada por Lula da Silva al asumir, lo que habría provocado un caos administrativo y reabierto la discusión hacia el interior de la coalición por el reparto de los ministerios.

Marina Silva, emblema de la lucha ambientalista en el país y que ya fue ministra de Lula da silva en sus dos primeros mandatos, volvió a calificar de "retroceso" la decisión del Congreso, pero aseguró que el gobierno mantendrá sus prioridades. "La determinación del gobierno es que la política ambiental es estratégica y que a pesar de la incomprensión que tuvimos en el Congreso no vamos a cambiar esas prioridades", dijo a los periodistas.

“Muy duros con el cumplimiento de la ley”

El plan, denominado Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia, se inscribe en el compromiso proclamado por Lula da Silva contra la deforestación en las conversaciones climáticas de 2021 en Glasgow, Escocia. “Brasil ha retomado su rol de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, después de años en los que el medio ambiente fue tratado como un obstáculo para beneficio inmediato de una minoría privilegiada”, dijo el mandatario.

Según la hoja de ruta, 15 ministerios intervendrán en el plan, que incluye técnicas avanzadas para documentar y rastrear la deforestación ilegal, entre ellas una mayor utilización de imágenes satelitales para identificar las operaciones ilegales de tala, ganadería y minería. El plan, además, contempla la utilización de una base de datos con datos sobre inteligencia financiera para, en este caso, rastrear el flujo de dinero de operaciones no autorizadas.

Según el plan, el gobierno también desarrollará un sistema para certificar el origen de la madera y los productos agrícolas, que de otro modo podrían provenir de ecosistemas vulnerables o explotados. Además de sus esfuerzos para combatir el crimen organizado, el plan propone estandarizar los títulos de propiedad y crear incentivos para la agricultura sustentable. “Hay que decirles a los madereros que, si quieren talar árboles, siembren”, dijo Lula da Silva durante la presentación, ocasión en la que advirtió que será “muy duro en el cumplimiento de la ley”.

Según los observadores locales, el impulso dado por el gobierno a la política ambiental supone un giro muy importante con relación a la postura de su predecesor, que abogó por un desarrollo en la región amazónica haciendo caso omiso a los pasivos ambientales, lo que condujo a una creciente violencia contra los pueblos indígenas y a que un puñado de gigantes mundiales dominara la industrialización de la selva, extrayendo decenas de miles de millones de dólares en materias primas cada año.

La minoría privilegiada

Un estudio realizado por el diario británico The Guardian en base a datos financieros y científicos procuró establecer el valor de los bienes que se extraen de la Amazonia brasileña en actividades como las minerías del oro, el hierro y la bauxita, la ganadería, el cultivo de soja, la producción de pasta de papel y la industria maderera.

En términos de ingresos, según el estudio, una empresa se destaca por encima de las demás. Se trata de la multinacional minera de origen brasileño Vale, que desde 2010 extrajo más de 4.000 millones de toneladas de hierro del yacimiento de Carajás, en el estado de Pará, por un valor de unos US$ 220.000 millones.

Pará también alberga a Alunorte, la mayor refinería de aluminio fuera de China, que desde 2014 generó ingresos por unos US$ 15.300 millones para la estatal noruega Norsk Hydro. Los gigantes Alcoa y MRN no le van a la zaga. También están obteniendo grandes ingresos. Alcoa, con sede en Pittsburgh, acaba de instalarse en la Amazonia. En tanto, MRN, una filial de Vale, ha producido mineral de bauxita por US$ 8.300 millones desde 2013, también en Pará.

El sector minero, por lejos la actividad amazónica más lucrativa, incluye además la minería ilegal del oro, con más de US$ 4.200 millones entre 2018 y 2022, de acuerdo con el análisis de las cifras proporcionadas por Refinitiv, parte del London Stock Exchange Group.

No obstante, la ganadería, una actividad en la que destaca JBS, es el mayor impulsor de la deforestación y de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2018, la Amazonia brasileña perdió unos 742.000 kilómetros cuadrados de su cubierta forestal, principalmente debido a la expansión agrícola. Una dinámica que se aceleró durante la presidencia de Bolsonaro, período en el que se talaron o quemaron más de 2.000 millones de árboles.

El sector de la soja es otra potencia en la región. Entre 2014 y 2020, las multinacionales alimentarias Bunge, Cargill, ADM, Amaggi y Louis Dreyfus extrajeron soja por valor de US$ 18.000 millones en los mercados mundiales, según el análisis de The Guardian, empresas que  han aceptado firmar una moratoria para detener la deforestación.

El aceite de palma y la producción de pasta de papel también son industrias en expansión. El fabricante de papel brasileño Suzano produjo alrededor de US$ 5.000 millones en pulpa de eucalipto entre 2018 y 2022. Por su parte, Brasil Biofuels, que opera exclusivamente en la Amazonia, tuvo ingresos en 2022 por unos US$ 305 millones; al tiempo que Agropalma, otro gigante de los biocombustibles, que opera principalmente en Pará, tuvo ingresos por unos US$ 284 millones en 2021 y US$ 468 millones en 2022, con planes para aumentar la producción en un 50% para 2025.

Un aniversario solemne

El lanzamiento del plan llega un año después que el periodista británico Dom Phillips y el experto brasileño en temas indígenas Bruno Pereira fueran asesinados mientras informaban sobre la Amazonia. Al anunciar la nueva hoja de ruta, Lula da Silva rindió homenaje a los dos hombres, que habían trabajado para llamar la atención sobre la deforestación y las operaciones ilegales en tierras indígenas.

“Hace un año, el brutal asesinato del que fueron víctimas conmocionó al mundo, que llegó a ver la Amazonia como una tierra sin ley y al borde de la destrucción. Hoy, el mundo ha vuelto a mirar a Brasil con esperanza”, afirmó el mandatario, quien ese mismo día vetó una medida provisional transformada en ley que flexibilizaba la tala de la Mata Atlántica, uno de los biomas más amenazados del país.

El texto parcialmente vetado modificaba la Ley de la Mata Atlántica para permitir la deforestación de áreas donde se implantarán líneas de transmisión eléctrica, gasoductos o sistemas públicos de abastecimiento de agua, sin necesidad de estudios previos de impacto ambiental. También permitía, entre otros puntos, que la vegetación secundaria en un estado medio de regeneración pudiera ser talada con fines de utilidad pública, incluso cuando existiera una alternativa técnica.

Durante el evento, Lula da Silva también firmó seis decretos relacionados con el área ambiental. Entre ellos, la creación de la Comisión Interministerial sobre el Cambio Climático, con el objetivo de acompañar la implementación de las acciones y políticas públicas en el ámbito del Poder Ejecutivo sobre la Política Nacional de Cambios Climáticos.

También estableció el Consejo Nacional para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en la ciudad de Belém en 2025. Un colectivo que deberá analizar cuestiones de infraestructura, logística y organización, además de promover el diálogo del gobierno con otros órganos y entidades de las entidades federadas, como así también con la sociedad civil.

"La importancia estratégica que tiene la cuestión medioambiental en nuestro gobierno consiste en situar la protección social y el tema del cambio climático en el centro de nuestras prioridades y actividades. Va más allá de ser un compromiso ético y civilizatorio. Es también el mayor activo que Brasil tiene para insertarse en el mundo, atraer inversiones, crear empleos y volver a ser protagonista en la solución de los grandes desafíos globales. Este es el camino que nos lleva a la entrada del siglo XXI por la puerta grande", señaló Silva.

(Con información de AFP, la Agencia Brasil y The Guardian)