Manifestantes bloquearon rutas para exigir que cese la persecución contra Bernardo Arévalo

Las agrupaciones mantuvieron cerrados al menos 17 tramos de importantes carreteras del país, como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según informó agencia estatal de seguridad vial.

Las manifestaciones y los bloqueos fueron convocadas por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, para pedir la dimisión de la funcionaria, convocatoria a la que se sumaron otros sectores.

Las protestas se registraron como consecuencia de los allanamientos efectuados por Porras a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, y se suma al pedido hecho por la fiscalía para despojar de los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo.

La situación ha provocado preocupación y rechazo en la comunidad internacional. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos expresó su "profunda preocupación" por el allanamiento, al que señaló como "una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales".

Los manifestantes también bloquearon dos ingresos a Ciudad de Guatemala y protestaron ante la sede del Ministerio Público (Fiscalía).  Además, los grupos de campesinos e indígenas insistieron en su reclamo para que sean separados de sus cargos el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes mantienen una cruzada legal que es considerada como un "golpe de Estado" por el presidente electo.

La embestida legal comenzó después que Arévalo quedara segundo en las elecciones generales el 25 de junio y pasara a un balotaje, que ganó el 20 de agosto a la ex primera dama, Sandra Torres.

El viernes y sábado últimos, fiscales bajo el mando de Curruchiche y con una orden de Orellana, entre forcejeos, incautaron las actas electorales, provocando una enérgica condena de Estados Unidos, que señaló que "socava" la transición pacífica del poder.

En un comunicado, los 48 cantones aseguraron que las protestan se deben a que los funcionarios judiciales han tomado "acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional".

(Con información de AFP)