María Corina Machado, opositora a Nicolás Maduro, fue inhabilitada para participar en las elecciones de 2024

El texto de la Contraloría, que ha ordenado la inhabilitación de una extensa lista de opositores entre los que figuran el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, así como Juan Guaidó, quien se fugó a Estados Unidos en abril, fue leído por el diputado José Brito, quien solicitó el pasado 26 de junio el "estatus" de Machado.

"Cumplo con el deber de informarle que a la ciudadana María Corina Machado Parisca (...) le fue impuesta la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público (...) el 13 de julio del año 2015" por un período de 15 años, reseña el oficio leído por Brito ante periodistas.

Según la Contraloría, la inhabilitación de Machado, quien inició una gira en Venezuela de cara a las primarias organizadas por la oposición para elegir a un candidato a las presidenciales, está basada en "irregularidades administrativas" cuando fue diputada (2011-2014).

En principio, la inhabilitación impuesta en 2015 tenía vigencia por un año.

A Machado además, se la acusa de haber participado en "una trama de corrupción" encabezada por Guaidó, reconocido entre enero 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de gobiernos que desconocieron la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018 al tildarla de "fraudulenta".

"Este último exabrupto, era lo que ya sabíamos, a nadie le sorprende, eso venía, pero si ellos creen o pensaron que esa farsa de inhabilitación iba a desestimular la participación en las primarias que se preparen, porque si íbamos con fuerza, ahora vamos con más fuerza", señaló Machado durante un acto político.

"Ahora vamos con más ganas", subrayó la dirigente en alusión a las primarias organizadas por la oposición para el 22 de octubre.

Capriles, inhabilitado desde 2017 por 15 años y también inscrito en las primarias opositoras, rechazó la decisión de la Contraloría al considerarla "inconstitucional, infundada y vergonzosa".

"Esta inhabilitación, al igual que la nuestra y de otros dirigentes de la oposición, son ilegítimas, injustificadas y sobre todo inconstitucionales. Maduro y la institucionalidad que controla sigue el peor camino de diseñar una elección que sólo traerá más crisis económica, social y política", escribió Capriles en Twitter.

Juicio por el oro

El anuncio de la inhabilitación de Machado se dio el mismo día que se informara en Londes que, después de tres años de complejo litigio, el caso sobre quién puede acceder a las más de 30 toneladas de oro de las reservas venezolanas guardadas en el Banco de Inglaterra volvió a su punto de partida.

Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres rechazaron un recurso presentado por las autoridades venezolanas contra el último de varios fallos que otorgaron el control de los lingotes, valorados en US$ 1.900 millones, al opositor Juan Guaidó.

Sin embargo, esto no significa que Guaidó o su entorno puedan acceder a los fondos.

Incluso podría alejarlos, dado que el opositor ya no es reconocido en el Reino Unido como presidente encargado de Venezuela.

No obstante, el gobierno británico tampoco reconoce a Nicolás Maduro, por considerar fraudulenta su reelección de 2018.

Desde el principio de esta causa, algunos expertos estiman que los lingotes podrían simplemente permanecer en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra hasta que se celebren en Venezuela elecciones reconocidas por todas las partes.

Agregando complejidad al caso, los magistrados consideraron que, "a la luz del cambio de panorama" diplomático, la corte comercial que lo juzgó inicialmente deberá ahora "determinar el curso futuro de este litigio".

En una complicada sucesión de fallos, recursos y contrarrecursos desde hace tres años, la justicia inglesa determinó que Guaidó era el representante legítimo de Venezuela, por haber sido reconocido por el gobierno británico cuando se autoproclamó "presidente encargado" en su calidad de presidente de la asamblea legislativa en 2019.

También que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que él había nombrado podía dar instrucciones al Banco de Inglaterra en calidad de cliente, y por lo tanto podría solicitar que le entregase el oro.

Y que la justicia inglesa no reconocía las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas que invalidaron dichos nombramientos por considerar, entre otras cosas, que los jueces de esa corte están a las órdenes del presidente Nicolás Maduro.

Esta última decisión, tomada en julio de 2022 por la jueza Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres, fue recurrida el pasado octubre por el BCV oficial, presidido por Calixto Ortega.

Pero a la espera de que el Tribunal de Apelación analizara el caso, la realidad política cambió en Venezuela.

A finales de diciembre, la asamblea opositora elegida en 2015 --y aún reconocida por países como Estados Unidos y Reino Unido que consideran ilegítimas las legislativas de 2020-- votó a favor de disolver el gobierno interino de Guaidó.

Esta decisión fue aceptada por gobiernos como Washington y Londres.

En su decisión del viernes, los jueces Sarah Falk, Stephen Males y Stephen Phillips del Tribunal de Apelación confirmaron todas las decisiones judiciales previas considerando que cuando fueron tomadas correspondían a la realidad política del momento, es decir el reconocimiento del opositor por Londres como representante legítimo del país.

La decisión vuelve así a manos de Cockerill más de tres años después de que empezase a examinar la cuestión.

El BCV de Ortega demandó en 2020 al Banco de Inglaterra para obligarle a entregar los lingotes, asegurando necesitar los fondos urgentemente para paliar la pandemia de covid-19.

Pero este, atrapado entre los dos grupos rivales, respondió que estaba recibiendo instrucciones contradictorias de otro BCV, el designado por Guaidó, quien dijo temer que el dinero fuera a los bolsillos de los "cleptócratas" o sirviese para reprimir a la población.

Por consiguiente, la institución solicitó a la justicia británica determinar a quién debía obedecer.

Más de tres años después, la pregunta de los 1.900 millones de dólares sigue sin respuesta.

(Con información de agencias)