México presentó una segunda demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos

La querella, que apunta contra cinco de los gigantes que se dedican a manufacturar armas en Estados Unidos, fue planteada ante la justicia de Arizona por el tráfico ilegal de armas en la frontera y su contribución a la violencia en México, que se ha traducido en "delitos muy graves" como "homicidios, femicidios y cosas muy delicadas", enfatizó el canciller Marcelo Ebrard en un video difundido en redes sociales.

"Los estamos demandando porque aquí, evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos, y es evidente, que hay tráfico de armas y se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país", refirió el funcionario, quien se mostró esperanzado con relación a la posibilidad de que la Corte de Arizona imponga sanciones a las compañías porque, según interpretó, se trata de “un delito de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron en Estados Unidos".

"No nos vamos a dar por vencidos porque solo si reducimos la disponibilidad de armas en México disminuiremos también la violencia que padecemos", advirtió Ebrard, al tiempo que subrayó la necesidad de que "ambos gobiernos trabajen de manera conjunta en el combate al tráfico de armas y drogas para detener la ola de violencia".

"Si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño", expuso el canciller mexicano.

La presentación efectuada por el gobierno mexicano es la segunda, luego que la Corte de Distrito en Boston desestimara una demanda interpuesta por México en agosto del año pasado contra ocho compañías por considerar que, aunque existen elementos para una querella civil, las empresas gozan del amparo que les otorga la Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA).

Según anticipó el presidente López Obrador, el falló será apelado antes del 30 de octubre próximo, cuando vence el plazo para hacerlo, demanda cuya planteo original reclama a las compañías unos US$ 10.000 millones como compensación económica por un tráfico ilegal desde Estados Unidos hacia México, que se calcula en más de medio millón de armas al año y que ha obligado a una creciente militarización de la seguridad para combatir a los clanes del narcotráfico desde 2006.