8 de noviembre de 2012 22:30 hs

Las cacerolas volvieron a sonar este jueves en Argentina. Antes de las 21 horas de Uruguay, miles de personas se congregaban en distintos puntos de Buenos Aires y de las provincias para marchar en protesta contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El cacerolazo del “8N” que fue convocado en las redes sociales –y que se realizó también fuera de Argentina– supone un nuevo desafío a la mandataria en menos de dos meses, ya que el 13 de setiembre se desarrolló el primer cacerolazo de carácter masivo en la capital y otras ciudades importantes del país.

Los participantes de la marcha de ayer dijeron ser personas que se convocaron de forma independiente, sin haber sido movilizados por los partidos políticos. Entre sus quejas están la creciente inseguridad, el aumento de los precios, los casos de corrupción que salpican a funcionarios y el apoyo de algunos sectores oficialistas a una eventual segunda reelección consecutiva de Fernández, prohibida por la Constitución.

“Basta de muerte”, decía una gigantesca bandera argentina, de unos 200 metros de largo, que portan centenares de personas que particularmente protestan por la inseguridad en su marcha hacia el emblemático Obelisco porteño, en pleno centro de Buenos Aires.

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Otras expresiones evidenciaban que los reclamos al gobierno de Fernández exceden a la problemática de la inseguridad, como carteles que expresaban “no a la reforma” de la Constitución, una posibilidad que permitiría a Fernández aspirar a un tercer mandato presidencial en 2015. Fernández, quien inició su presidencia en 2007, fue reelegida para un segundo mandato en octubre del pasado año con un contundente 54% de los votos.

“Infames traidores a la patria”, decía otro de los tantos carteles que portaban los manifestantes, mientras a su paso resonaban los bocinazos de un tránsito completamente interrumpido en varios puntos de la ciudad.

El oficialismo afirmó que el cacerolazo es una protesta organizada por la oposición y por los medios de comunicación críticos con la presidenta, como el Grupo Clarín, al que el oficialismo considera hegemónico. Los líderes de la oposición avalaron la convocatoria pero no participaron.

El cacerolazo fue muy cuestionado por el gobierno y sectores sociales cercanos, que lo identificaron con la “derecha rancia’’. Lo mismo hizo el Ejecutivo con la protesta del 13 de setiembre, cuando consideró que no quedaba claro cuál era su objetivo y criticó que fuera representativa.

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