El Clan del Golfo, también conocido como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es el grupo armado paramilitar alimentado por las redes de tráfico de estupefacientes más poderoso del país andino. Las fuentes oficiales estiman que tiene presencia en 211 de los 1.200 municipios del país y que es responsable de un gran número de cargamentos de droga que se trafican tanto dentro de Colombia como los envíos a otros países, sobre todo a México con destino final a los Estados Unidos.
Tras el fin de la tregua declarada por Gustavo Petro este domingo con las AGC, una patrulla militar abatió a dos miembros del clan y capturó a uno de sus cabecillas, según un cable de la agencia AFP. Esto fue como parte del reinicio de las operaciones, informó este martes el ejército.
El gobierno había acordado un cese al fuego con las AGC tras conversaciones con sus líderes. Ese acuerdo había entrado en vigencia el primer día de 2023. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro le declaró nuevamente la guerra el domingo a raíz de ataques perpetrados por el clan contra pobladores civiles y fuerzas policiales.
El lunes, las autoridades capturaron en el Urabá, en el noroeste colombiano, a un paramilitar de alias "Andrés", presunto "coordinador de sicarios de este grupo ilegal", detalló el ejército en un comunicado.
"En el sur del departamento de Bolívar, en el norte, tuvimos un enfrentamiento que dejó dos miembros del clan muertos”, dijo el general Luis Ospina en un video enviado a los medios de comunicación.
A su vez, el coronel Luis Cifuentes, implicado en la lucha reiniciada el domingo contra las AGC, dijo: "El compromiso de las tropas será el de seguir desarrollando operaciones militares".
Lo que llevó al gobierno de Petro a dar por finalizada la tregua fue que, en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, se comprobó que mineros ilegales eran patrocinados por los narcotraficantes. La lucha del gobierno contra la minería ilegal fue una de las consignas de la campaña del mandatario. El caso es que quienes ejercen la minería ilegal con apoyo paramilitar aterrorizan a pobladores, bloquean rutas y el domingo dispararon contra una patrulla militar que fue a ese lugar.
Según el ministro de Defensa Iván Velásquez, en este momento hay una fuerza de 10.000 efectivos de la Policía y el Ejército en esa zona.
El intento de llegar a una negociación con el Clan del Golfo no era fácil. Además de su origen paramilitar, este grupo es responsable de la exportación de unas 700 toneladas anuales de cocaína, según datos oficiales.
El mandatario también había anunciado una tregua con la guerrilla del ELN que luego se frustró porque esa organización llevó a cabo ataques. Sin embargo, el pasado 14 de febrero, enviados de Petro y jefes del ELN retomaron conversaciones en Ciudad de México.
El gobierno también logró un pacto de no agresión con las disidencias de las FARC que no habían firmado los acuerdos de paz de 2016 logrados por el ex presidente Juan Manuel Santos.
Otro grupo paramilitar, que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta, también se sentó en la mesa de negociaciones.
En este escenario inestable, en un país donde los cultivos de coca siguen siendo los más grandes del mundo, el gobierno de Petro trata de combinar diálogo con autoridad para aplicar la fuerza.
Al reactivar las operaciones contra el Clan del Golfo, Petro confrontó al mayor cartel del narcotráfico de Colombia.
Petro había suspendido el domingo el acuerdo de paz que duró apenas 80 días con un mensaje a la población a través de su cuenta de Twitter: "Ordené a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades".
De inmediato, el Clan del Golfo respondió el mismo domingo alegando que respetaron "cabalmente" la tregua y que no estaban detrás de las "las manifestaciones violentas" que se les atribuían e insistieron en su "disposición de paz".
Los mandos del Clan del Golfo emitieron un comunicado en el que dicen: "Pese a las informaciones falsas y mal intencionadas provenientes de sectores que no aceptan la paz total, respetamos cabalmente el cese al fuego de operaciones defensivas, no sólo desde la fecha de expedición del decreto ya mencionado, sino desde el 7 de agosto de 2022, cuando lo promulgamos de manera unilateral".
En el mensaje aseguran "que el ELN está detrás del vandalismo generalizado, especialmente en el Bajo Cauca", todo por "perjudicar" su imagen y "combatir fuera del campo de batalla. El gobierno pretende tender otra cortina de humo más para distraer a la opinión pública de los atentados que el ELN continúa haciendo en contra de la fuerza pública en general".
El 31 de diciembre de 2022, Petro había anunciado una tregua bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y un grupo paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La medida era el primer paso para sentarse a negociar con los principales actores armados ilegales del país, en el que todavía persiste la violencia pese al desarme de las FARC.
En concreto, lo sucedido la semana pasada con los responsables de la minería ilegal respaldados por el Clan del Golfo es que el Ejército y la Policía destruyeron la maquinaria que estos usan para extraer oro ilegal. Luego, los paramilitares y los mineros cerraron vías de acceso al tiempo que atacaron una alcaldía y un banco en el municipio de Caucasia.
Según diversos estudios, la extracción del oro genera casi las mismas ganancias que el tráfico de drogas.
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