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Ministerio del Interior busca cruzar datos para identificar a niños en entornos de violencia: ¿qué otras acciones propuso?
Seis organismos públicos fueron convocados por el Ministerio del Interior para coordinar acciones y proteger a los niños que viven en entornos de violencia, sobre todo, por conflictos de drogas. El encuentro se dio tras el doble homicidio en una boca de drogas en Pinar Norte, donde fue asesinado un niño de dos años.
El Ministerio del Interior formuló en siete puntos lo que las instituciones (INAU, ASSE, ANEP, la Suprema Corte de Justicia, Mides y Fiscalía) acordaron para mitigar estas situaciones, que ha dejado a siete niños baleados en los últimos dos meses.
Los niños que han sido víctimas colaterales de la violencia de su entorno son cada vez más: cada 15 días, en promedio, la Emergencia del Pereira Rossell atiende a un niño o adolescente herido de bala, según datos procesados por El Observador a partir de un reciente estudio del Departamento de Emergencia Pediátrica.
Identificar a los niños
Lo primero que quieren las instituciones es saber quiénes son los niños que conviven en ambientes delictivos o entornos de violencia. Para identificarlos, el Ministerio del Interior le pedirá al Instituto Nacional de Estadística (INE) que confecciones una base a partir del cruzamiento de datos de las instituciones.
Allí se ingresará, por ejemplo, si ANEP detecta que un niño se ausentó por demasiado tiempo del centro educativo, si ese menor está en el INAU o si ASSE lo atendió a él o a un miembro de su familia en ese período.
El objetivo es que los organismos puedan seguir la situación de los niños a partir de la información cruzada y que tomen acciones para revertir la situación de ese menor o que la deriven a quien corresponda. La base de datos será bajo protección de los datos personales, por lo tanto, no será información pública.
Por otro lado, el ministerio comenzará a preparar una campaña de comunicación en los medios para promover el uso de los teléfonos donde se pueden realizar denuncias anónimas que involucren a situaciones con niños: la Línea Azul del INAU –0800 5050– y la de la Policía –0800 5000–. La ciudadanía puede llamar a estos teléfonos y denunciar, por ejemplo, la existencia de una boca de drogas donde además viven niños. La denuncia es anónima.
Educación y seguridad
A su vez, ANEP y el Ministerio del Interior incorporarán cursos sobre seguridad en los centros educativos, por entender que en algunos contextos la violencia "está naturalizada", explicó una fuente policial. Los talleres lo dictarán maestras y policías comunitarios.
De esa forma, se incorporarán "temas de prevención" en la currícula de escuelas y liceos; el plan comenzará con 12 talleres en seis escuelas de contexto crítico de Montevideo y luego se extenderá a todo el país. En los cursos se abordarán temas como el uso problemático de drogas, bandas delictivas, abuso sexual, violencia doméstica y violencia en los centros educativos.
La Policía capacitará al personal de ASSE sobre cómo actuar en situaciones donde se identifica que hay niños, niñas y adolescentes "que puedan estar siendo vulnerados" por estar en un núcleo familiar vinculado al micro o narcotráfico de drogas, expresó el documento avalado por los organismos en la reunión de este martes.
La cartera también "fortalecerá" el trabajo con los efectivos sobre cómo abordar situaciones con población "con uso problemático de drogas" y se actualizará la Guía de Actuación Policial para niños, niñas y adolescentes.
"Interruptores" de la violencia en los barrios
Se instalarán dos oficinas del programa Cure Violence; uno en Casavalle y otro en el Hospital del Cerro. La idea es conformar dos equipos con ocho interruptores que conozcan y tengan vínculos con las personas que cometen y sufren homicidios de allegados. Los equipos se completarán con un psicólogo y un trabajador social.
La propuesta está basada en la mediación comunitaria y requiere “vínculos de confianza” por lo que para contratar a las ONG el ministerio valoró positivamente si los interruptores viven en el barrio, aunque no fue un factor excluyente. Estos referentes no serán informantes de la Policía o del Ministerio del Interior porque su trabajo es social y no policial.
El programa apunta a que las ONG puedan identificar “situaciones potencialmente conflictivas” como disputas, arrestos recientes o liberaciones de prisión. También deberán hacer “seguimiento personalizado” a personas y situaciones de alto riesgo, interrumpir dinámicas de violencia usando “técnicas de mediación para resolver pacíficamente conflictos violentos o potencialmente violentos”.
