La mayoría de los asesinatos en Uruguay están vinculados a lo que informalmente y de manera genérica se denomina ajuste de cuenta. Que, más allá de lo que se cree en el imaginario colectivo, engloba a cualquier pelea o conflicto esté o no vinculado al mundo de las drogas.
Pero ¿cómo prevenir los asesinatos que cometen y sufren personas que no piden ayuda, no denuncian y no testifican porque están asociadas a otros delitos?
El viernes 19 la cartera de seguridad abrió el llamado a precios para seleccionar a las ONG que aplicarán el modelo de Cure Violence en el territorio y que serán capacitadas en el mes de febrero con el objetivo de comenzar a trabajar en marzo. La idea es conformar dos equipos con ocho interruptores que conozcan y tengan vínculos con las personas que cometen y sufren estos homicidios. Los equipos se completarán con un psicólogo y un trabajador social.
El objetivo, dice el documento de las bases del llamado al que accedió El Observador, es evitar la propagación. Una vez que el acto violento sucede el concepto de “interrumpir” adquiere sentido porque la idea es evitar su reincidencia.
Así como existen factores de riesgo que predicen enfermedades infecciosas, explica el Ministerio del Interior en el llamado, también lo hay para los homicidios. La concentración de hombres jóvenes desvinculados del trabajo y la educación, la marginalidad, la participación en grupos criminales, el consumo de drogas y el uso de armas son ejemplos de esos factores. Pero existe un factor de riesgo “más significativo” para poder predecir un homicidio: otro homicidio previo.
Camilo dos Santos
Los homicidios de Montevideo se concentran en dos zonas
“De manera análoga a cómo una infección gripal es precedida por la infección de otra persona, muchos homicidios están precedidos por actos violentos que pueden desencadenar una dinámica de retaliación y eventos violentos posteriores”, agrega el documento.
Para Cure Violence, que basa su trabajo en la teoría del médico y fundador de la organización, Gary Slutkin, la única forma de disminuir la violencia es entendiéndola como un “proceso epidémico contagioso” y para cortar la propagación es necesario aplicar tres estrategias: detectar e interrumpir conflictos potencialmente violentos, identificar y tratar personas de alto riesgo y movilizar a la comunidad para cambiar las normas con el objetivo de crear presión social en contra de la violencia.
¿Cómo se aplican esas estrategias? Las bases del llamado que abrió el Ministerio del Interior dan una pista del perfil de organización que están buscando y establece los requisitos para los integrantes de los equipos que trabajarán en las dos zonas seleccionadas, que en los últimos años registran casi la mitad del total de homicidios de Montevideo (una conformada por Peñarol, Casavalle, Manga, Marconi, Las Acacias y Villa Española y la otra por Casabó, La Paloma, La Teja, Tres ombúes y Cerro Norte).
El llamado tiene ciertas formalidades que las ONG deben cumplir pero también se les pide, y es un “componente esencial del proceso de selección”, una carta de motivación por la “singularidad y complejidad inherentes a los objetivos de la intervención y a la metodología del presente proyecto”.
El objetivo de la carta es obtener una “comprensión más profunda de los motivos e intereses que impulsan a cada entidad a considerar su participación en el proyecto”. En la misiva deben detallar, entre otras cosas, qué aspectos del proyecto combinan con las metas y la misión de la organización.
Perfil de los interruptores
Las ONGs que se presenten al llamado deben contar con un equipo de ocho “referentes de las comunidades afectadas” y tener “acceso a aquellas personas con mayor riesgo de perpetrar o sufrir violencia”.
La propuesta está basada en la mediación comunitaria y requiere “vínculos de confianza” por lo que se valorará positivamente si los interruptores viven en el barrio, aunque no será un factor excluyente.
En el mismo sentido, la idea es que los mediadores compartan la misma cultura y hablen el mismo idioma que los miembros de la comunidad. “Esta conexión facilita la comunicación efectiva y ayuda a superar barreras lingüísticas y culturales que podrían surgir con un mediador externo”, dice el documento.
En ningún caso, dice el documento, estas personas se convertirán en informantes de la Policía o el Ministerio del Interior ya que su trabajo es social y no policial. Ninguna información que surja de este trabo será compartida con los organismos públicos, detalla.
Sin embargo, los equipos deberán elevar un “informe técnico mensual” al Ministerio del Interior. Al iniciar el proyecto se elaborará un formato de informe para acompañar la ejecución del programa. El asesor del Ministerio del Interior e impulsor de aplicar este programa en Uruguay, Diego Sanjurjo, dijo a El Observador que si bien no están los detalles sobre cómo será ese informe, la información a aportar es operativa para evaluar si se está realizando un trabajo automatizado y sistemático y que "probablemente" estará anonimizado.
Inés Guimaraens
La propuesta fue parte de la mesa interpartidaria
¿Cuáles son las tareas a realizar? Las bases del llamado detallan ocho tareas de las que deberán encargarse las personas que oficien como interruptores. Entre ellas se destaca identificar “situaciones potencialmente conflictivas” como disputas, arrestos recientes o liberaciones de prisión.
También deberán hacer “seguimiento personalizado” a personas y situaciones de alto riesgo, interrumpir dinámicas de violencia usando “técnicas de mediación para resolver pacíficamente conflictos violentos o potencialmente violentos”.
El Ministerio del Interior se propone seleccionar a las organizaciones en febrero, capacitar a los miembros de los equipos y poner en marcha el programa en marzo. En la planificación de la cartera el programa tendrá una extensión de cuatro años pero las contrataciones se realizarán por un año con “perspectiva de continuidad bajo evaluación satisfactoria”.
Experiencias en otros países
La evidencia acumulada en otros países con este programa o similares evidencia buenos resultados para bajar los homicidios y reducir la violencia. El programa tuvo buenos resultados en lugares como Cali (Colombia), zonas de Nueva York, México y El Salvador, entre otros países.
Sin embargo, las dudas de la aplicación de estos programas están vinculadas a las particularidades y diferencias que pueda tener Uruguay respecto a experiencias anteriores. La misión de la organización que visitó Uruguay en setiembre, y determinó que había terreno fértil para aplicar el programa, señaló la excepcionalidad de recurrir a un programa de este tipo con los índices de delitos que tiene el país.
“Hay más de 100 intervenciones en distintos países en barrios con problemáticas similares a las de Uruguay pero la organización nos dijo que era excepcional que los llamáramos con los niveles bajos de delito que tenemos en comparación. Y que era algo favorable”, explicó Sanjurjo.
En otros países convocaron a personas que habían tenido vinculación con el delito para trabajar como interruptores, sin embargo, en Uruguay se priorizó que tengan un arraigo cultural y territorial y no que tengan antecedentes. “Eso se valorará en las entrevistas”, explicó Sanjurjo.
La expectativa, dijo el asesor del Ministerio del Interior, es que el programa comience a dar resultados este año.
