Ministerio del Interior y empresas privadas cruzan datos sobre delincuentes

El aumento de los delitos tiene por efecto, por lógica de mercado, que evolucione la actividad de las empresas que se dedican a la seguridad, y con ellas crecen también dos estrategias. Por un lado, la que aportan las herramientas tecnológicas, y por el otro, la que ofrece una mayor conexión y coordinación con el Ministerio del Interior. Es que la cartera de seguridad ve en la iniciativa privada un ámbito privilegiado de recepción y generación de información sobre la delincuencia, que es el material a partir del cual se desarrollan.

"El trato siempre estuvo, pero sucede que al aumentar los hechos delictivos, aumenta el vínculo", resumió sobre el último punto Óscar Baladán, experto en el tema y consultor de seguridad para la empresa Securitas.

El crecimiento delictivo es un hecho incontrastable que se traduce en las cifras reveladas por la Unidad de Comunicación del Ministerio este jueves: en el primer semestre de 2018 la cantidad de homicidios se disparó un 66,4% respecto a igual período en 2017 –208 contra 131–, y las rapiñas crecieron un 55,8% –14.459 contra 9.282–. Y en lo que respecta a los locales comerciales, el dato también es contundente. En los mismos períodos a estudio, los asaltos a comercios se incrementaron en un 74,7%: subieron de 855 a 1.494.

Eso implica, por contrapartida, además de una alerta para las autoridades policiales, el crecimiento de la la necesidad de contar con más mecanismos de control –e inhibición,– y es aquí donde la tecnología aparece como indispensable en el apoyo a la seguridad física que ofrecen los guardias privados. Esto es: cámaras de seguridad y porteros mediatizados –a través de un monitor–, pero también geolocalizadores personales –pulseras o dispositivos que se instalan en el cinturón– o para automóviles, botones de pánico y claves para activar alarmas silenciosas en los locales, entre otras varias propuestas.

Esas herramientas producen constantemente una información que las empresas centralizan, para ofrecer luego a sus clientes sistemas de seguridad que contemplen todos los factores posibles, como el entorno social y geográfico en el que está instalada su casa o comercio. Con esos datos, algunas empresas configuran lo que se denomina mapa de riesgo, y que incluye información del Ministerio sobre estadísticas de delitos, recortes de prensa e información que proporcionan sus propios trabajadores o dispositivos tecnológicos cuando se activan durante los asaltos. Y todo eso genera un producto que es, entre otros, un insumo importante para el gobierno, porque es el dibujo de un mapa de la ciudad que registra cuándo, cómo y dónde ocurren los actos delictivos.

A principios de este año, por ejemplo, la directora del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional (CCU), Ana Sosa, recibió un equipo de Securitas, que le mostró el mapa que tenían confeccionado hasta el momento. "Se asombró con lo que teníamos, y lo pusimos a disposición del CCU porque entendíamos que podía ser de utilidad", dijo Baladán.

Las reuniones de este estilo se han intensificado con varias empresas. Otro caso es Vector, que procura profundizar los canales de intercambio de información con la cartera, de modo de aprobar en forma más rápida material probatorio que la policía pude llevar a la Justicia. Es el caso de el registro de las cámaras de seguridad, que fotografían de inmediato al delincuente cuando ingresa para robar. "Queremos lograr las denuncias videoverificadas. Es decir, que se pueda enviar en forma instantánea la foto del ladrón", explicó Bruno Tagliabue, director de la firma.

Compartir información de este tipo cuando la policía lo requiere es algo que ocurrió desde siempre, pero de esta forma se pretende sistematizar y automatizar ese mecanismo.

Profundizar la cercanía entre el Ministerio y los actores privados también le traerá rédito a los segundos, ya que hay información que puede permitir la detección temprana de los delincuentes. Pero para eso, las empresas deben tener acceso a información reservada en manos del Ministerio.

"Tenemos la tecnología que nos permite hacer un registro rápido de personas requeridas o no aptas para el ingreso a determinados lugares, como casinos o shoppings, pero necesitamos esas listas ", dijo Tagliabue.

Por otra parte, un decreto promulgado en 2015 obliga a las empresas de seguridad a filtrar todas las falsas alarmas que reciben en sus centros de operaciones. Gracias a esta norma, la policía bajó considerablemente las asistencias a eventos que no se correspondían con robos, pero el sistema aún no está extendido a todo el país.

Según supo El Observador, el mecanismo existe en seis departamentos: Montevideo, Canelones, San José, Rocha, Maldonado y Colonia. Pero para lograr la expansión al resto, todas las compañías deben poner de su parte: tienen que tener monitoreo de sistema de alarma y no todas cumplen con eso.