Mirá los resultados de las auditorías que presentó el gobierno

"Entre los principales hallazgos realizados por el equipo de la AIN se destacan el uso de recursos públicos en contravención a la normativa vigente, uso ineficiente e ineficaz de los recursos públicos, y negligencia. También quedaron al descubierto sistemas de controles débiles e inmaduros, que determinaron ineficiencias administrativas y de gestión en general. Hubo situaciones en las que se actuó sin una ley habilitante lo que ocasionó que los organismos no cumplieran con sus cometidos específicos", agrega el gobierno.

En una conferencia de prensa que dio la ministra de Economía, Azucena Arbeleche dijo que Lacalle Pou transmitió en el encuentro que ahora se daba inicio a una segunda etapa de investigación, por lo que se encomendó a cada ministerio involucrado la realización de las investigaciones administrativas y posteriores denuncias ante la Justicia en caso de que corresponda. Esa segunda fase, dijo la jerarca, deberá culminar antes de fin de año. 

Arbeleche señaló que también están en marcha auditorías en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Antel, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, Gas Sayago y la Corporación Vial.

Uruguay XXI

La Auditoría Interna de la Nación señaló que en Uruguay XXI existen carencias en cuanto al acceso a información relevante que permita medir la incidencia de las políticas ejecutadas en materia de exportación de servicios, monto y empleo de las inversiones extranjeras instaladas. El informe destaca que “no tienen acceso a información cualitativa que permita visualizar el impacto generado por cada inversión confirmada (monto invertido, nivel de mano de obra generada, y su correspondiente proyección) en términos de valor agregado”.

Además señala que no existe un criterio uniforme de rendición de viáticos ni existe una descripción de los gastos, siendo difícil evaluar la pertinencia y control de los gastos en el exterior dado que se rinden comprobantes en otros idiomas. "No surge con claridad los conceptos de determinados gastos al no presentarse listado detallado de los gastos asumidos y rendirse comprobantes en otros idiomas por lo que resulta difícil el control de su pertinencia", afirma.

Otra carencia que se señala es la falta de transparencia en el proceso de selección de los servicios tercerizados y consultorías, ya que de los 27 llamados publicados en el 2019, el 89% no establecen los criterios y escalas de puntuación con los que se evaluará a los postulantes.

Fondo de la Granja

Juan Samuelle

La AIN señaló que el Fondo que funciona dentro de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) no tiene procedimientos “definidos y documentados” para manejo de dineros.

La auditoría, que abarcó de enero de 2018 a de setiembre de 2019, señala que el Fondo de la Granja tiene más de $197 millones de “fondos excedentes” que provienen de períodos anteriores y un crédito asignado sin ejecutar por convenios y planes de negocios por más de $183 millones. Si bien la normativa habilita al organismo a “salvaguardar” el valor de los activos depositándolos, invirtiendo, colocándolos, cediendo en garantía o securitizando los fondos, la administración no realizó “evaluación alguna sobre el destino a dar a los mismos”.

De acuerdo con el organismo, no hay “procedimientos definidos y documentados”  respecto al manejo de fondos, como ser los vinculados al “Fondo Rotatorio” que establezcan el proceder y las responsabilidades asociadas de “cada una de las personas intervinientes así como las actividades de control a ejecutar relativas al proceso de planes de negocios”. 

El informe da cuenta que los registros de la ejecución financiera del Fondo de la Granja son llevados únicamente en una planilla Excel, que se denomina “planilla blanco” y es llevada por la Oficina Financiero-Contable en la cual simplemente se copian los movimientos bancarios de los estados de cuenta. También expresa que la comisión fiscal no dio cumplimiento a sus cometidos de fiscalización y seguimiento de la administración del Fondo de la Granja.

En función de las recomendaciones, la AIN pide presentar un plan de acción que indique las medidas a adoptar para minimizar los riesgos e indicar los plazos de implementación y los responsables asignados.

Fondo Nacional de Recursos

Pexels

"La estabilidad de los ingresos y el incremento de los egresos, como consecuencia del aumento de los gastos por Acto Médico y de Gestión, sumado a la ausencia de una política de inversiones que asegure la capitalización, han colocado al Fondo Nacional de Recursos  (FNR) en una situación de desfinanciamiento que compromete su liquidez al mediano plazo", concluye el informe.

Por eso, la AIN recomendó "diseñar estrategias para generar ahorros" que aseguren la continuidad del negocio y el cumplimiento del "fin social" encomendado, así como hacer una "reingeniería de los procesos de evaluación" y una revisión de los "vínculos existentes entre las personas que prestan funciones o brindan servicios". 

Además, el estudio asegura que entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 se incorporaron 14 nuevos medicamentos o prescripciones que impactan en el presupuesto "para cubrir la eventual demanda". 

También señala que hay profesionales sin contrato y otros que "revisten más de un vínculo en forma simultánea". Pese a que en todos esos casos no se trata de actividades prohibidas, sí "resultan claramente incompatibles", señala el documento que agrega que estos profesionales tienen obligación de presentar declaración jurada de conflicto de interés pero las últimas fueron presentadas en 2014.

Por otra parte, el informe señala que hay remuneraciones que superan el tope previsto por la ley que establece un límite equiparable al 60% del sueldo del presidente. 

Cudim: un resonador que no se usó y la estafa de un hacker

Leonardo Carreño

En el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) se apuntó a la compra de un resonador, en setiembre de 2019, que costó $33.885.361 y fue instalado en el Hospital Maciel, pero hasta el 22 de mayo de 2020 no se encontraba en funcionamiento. 

Según la auditoría, hubo “falta de planificación y análisis en cuanto a la oportunidad y conveniencia de la inversión” porque “no existe un convenio” para usarlo y porque “aún no ha finalizado” la obra civil (Centro de Diagnóstico por Imágenes) en donde se lo iba a usar. 

Además, se subraya que no hay una “identificación de los pagos realizados” por viáticos, ni cuentan con un “adecuado respaldo de la documentación” sobre las “responsabilidades y acuerdos contraídos por el organismo”.  

Por otro lado, se afirma que en mayo de 2019, el centro de imagenología fue víctima de una estafa por parte de un hacker en medio de una transacción al que se le pagó 41.580 euros. Se advierte que se deberían haber realizado controles para prevenir este tipo de incidentes. 

Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado

Leonardo Carreño

La auditoría en la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado (Oavte) destaca que el número de beneficiarios de “apoyos científicos y técnicos” en los hechos es mayor al previsto por la norma que crea el beneficio, ya que se otorgan estas ayudas de salud también a “los hijos, nietos, viudos, cónyuges y concubinos de las víctimas”.

La ley Nº 18.596, que impone un reconocimiento y reparación a las víctimas de la dictadura, establece que aquellos que permanecieron detenidos por más de seis meses sin haber sido procesados o que, siendo procesados, hubiesen sufrido “lesiones gravísimas” por parte de “agentes del Estado”, tienen derecho a recibir en forma “gratuita y vitalicia” prestaciones médicas como la “asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica”. 

El informe del MEF agrega que en algunos casos, las “carpetas físicas” donde se archiva la información de cada beneficiario, “carecen de documentación sustantiva” para acreditar que realmente hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. 

Instituto Nacional del Cooperativismo 

El estudio de la AIN identificó entre agosto de 2018 y febrero de 2020 “debilidades en los controles implementados” sobre un convenio implementado con la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), el Fondo Rotatorio Especial y el sistema informático del organismo.

En el caso del Cudecoop, la AIN concluyó que en el caso del programa Fortalecimiento Gremial, firmado en junio de 2019, efectuó pagos sin exigir que las rendiciones “cuenten en su totalidad con la documentación respaldante de los gastos realizados”.

Respecto al Fondo Rotatorio Especial (FRE) la AIN señala en su informe que no cuenta con una estructura de control adecuada. La auditoría agrega que dicho fondo tampoco hizo un seguimiento adecuado de los préstamos otorgados. 

En 2018 el FRE otorgó préstamos por $ 156.132.343, es decir, US$ 5 millones. De ese monto, recuperó al momento $ 16.969.588, unos US$ 553 mil. En 2019, en tanto, los préstamos por ese mecanismo alcanzaron los $ 197.122.025, es decir, unos US$ 5,2 millones. De ese total, al momento se recuperaron $ 19.244.140, lo que equivale a cerca de US$ 547 mil.

Por último, el informe de la auditoría refiere al sistema informático de control de los préstamos de Inacoop, que no permite “gestionar en forma adecuada” los créditos.

Instituto de Regulación y Control del Cannabis 

AFP

La auditoría realizada entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 sobre el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) señaló un “escaso grado de avance -y un alto riesgo- en el control de las responsabilidades laborales de las empresas licenciatarias (principalmente en lo que tiene que ver con las obligaciones laborales y de seguridad social de esas empresas para con sus empleados)”, en el control del “destino final de los desechos y productos psicoactivos no conformes” y en la gestión de los “riesgos de mayor criticidad” dentro del organismo.

Para mejorar las falencias detectadas, se recomienda instrumentar “alertas” que permitan señalar “inconsistencias en los registros” de los clubes de membresía, como por ejemplo en aquellos que tienen una “habilitación pendiente”. Se sugiere incorporar el requisito del “control de huella dactilar” y el de la cédula de identidad para el registro de autocultivadores. 

Migraciones

Camilo dos Santos

La auditoría realizada a la Dirección Nacional de Migraciones concluyó que el departamento encargado del registro y control del egreso e ingreso de las personas al país presenta dificultades y carencias extremas en algunas áreas, así como debilidades de funcionamiento departamentos como el de de Servicios Inspectivos, o el sistema informático utilizado para almacenar la información.

En estudio, que abarca el período entre el 1º de enero de 2019 y el 30 de julio de ese año, encontró un riesgo calificado de "extremo" en el rubro de controles migratorios, en el manejo de la información judicial, y graves problemas en el Área de Controles Integrados (ACI) de Artigas y Salto.

En Artigas, dice el informe, "no es posible realizar un control migratorio íntegro y eficiente". "Dada las características del cruce de frontera, solamente realizan el control migratorio a aquellas personas que voluntariamente se presentan a efectuarlo", agrega, y explica que como el horario atención es de 7 a 19 horas". Además, como Brasil no comparte su "lista de impedidos" y la oficina del lado brasileño (Quaraí) también tiene un horario limitado, "no es posible asegurar que todas las personas que ingresan no tengan impedimentos legales para salir de su país. En Salto hay problemas similares. 

Todos esos problemas, enumera el informe, tiene como consecuencia que en Uruguay haya riesgo de que ingresen "personas con documentación falsa, alterada, o indocumentada", y que se posibilite el "tráfico de personas".

Vivienda: falta de control en obras licitadas y servicio de vigilancia ineficiente

Pablo PORCIUNCULA / AFP

La auditoría en la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), que abarcó todo el año 2019, concluye que la administración del Fondo Nacional de Vivienda (FNV), “no se realiza de manera eficiente y económica, lo que impacta en el logro de sus cometidos”.

El FNV está pensado para ejecutar la política de vivienda, con adquisición de tierras y servicios de infraestructura urbana. Sin embargo, el informe de la AIN señala que existe una “falta de criterios definidos, debilidades de gestión, control y supervisión en las tercerizaciones realizadas”, así como una “ausencia de información que contribuya a un monitoreo adecuado de los programas habitacionales”.

Los aspectos más criticados por la auditoría refieren a tres campos: las soluciones habitacionales, los gastos de funcionamiento y el acceso a la información.

La auditoría remarca que los controles a las obras “no permiten verificar de manera oportuna deficiencias de supervisión” de la empresa tercerizada que realiza esa tarea. “De los expedientes surge que la Dinavi constata apartamientos con relación a las condiciones del proyecto aprobado y al grado de avance de obra una vez que la empresa consultora certificara el avance del 100% de la misma”, advierte el informe. “En dichos expedientes se manifiesta que estas situaciones se reiteraron en el trabajo de la consultora”, que facturó US$ 7,7 millones al cierre de 2018.

El “riesgo”, a juicio de la AIN, es “que se pague por obras no realizadas”, así como “la no culminación de la obra en tiempo y forma”.

También se advierte que “la gestión de garantía de alquileres no mitiga el riesgo de morosidad e incobrabilidad”. 

Leonardo Carreño

Respecto a los gastos de funcionamiento, la AIN constató entre setiembre de 2017 y marzo de 2020 “se gastaron por concepto de servicio de vigilancia la suma de $ 335.605.127 destinados a cubrir 83 inmuebles que se encuentran desocupados temporalmente y con una concentración del 54% en 17 de ellos”.

“El incremento en el año 2019 respecto al año anterior fue del 37%, lo que representó un gasto de $ 152.054.995”, advierte el informe.

ANII: “debilidades en la administración y utilización de los recursos”

Se concluyó que “existen debilidades en la administración y utilización de los recursos” ya que se “favoreció” el otorgamiento de “instrumentos no reembolsables en detrimento de la adjudicación de préstamos” de ayuda para las empresas, que le hubiesen permitido a la ANII utilizar esos fondos en otros proyectos. 

Además, se señaló que “no existió un criterio único para la solicitud de garantías para el otorgamiento de los préstamos”.

En cuanto al financiamiento de proyectos, la AIN constató que en el ejercicio de 2019 solamente un 2% fueron financiados a través de préstamos, mientras que el restante 98% fue a través de “subsidios no reembolsables”.