Movida continental de Estados Unidos por Venezuela

Durante los últimos días de la administración de Barack Obama los diplomáticos estadounidenses en todo el hemisferio, incluyendo Uruguay, mantuvieron contactos informales con los gobiernos locales para sondear cuál sería su reacción ante el intento de Washington de provocar una presión colectiva al gobierno de Nicolás Maduro, desde la Organización de Estados Americanos (OEA), para que se comprometiera en retomar el diálogo con la oposición política venezolana.

El Departamento de Estado de John Kerry estaba preocupado por la situación de decadencia de los Derechos Humanos del gobierno de Nicolás Maduro y, en particular, por el congelamiento de las negociaciones de paz entre el oficialismo y la oposición. Ante lo que presumían que sería un nuevo naufragio de la mediación para Venezuela, Washington mandató a sus representantes en el continente que exploraran la voluntad de los gobiernos de Latinoamérica de votar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Pero ya era demasiado tarde. A pocos días de la asunción de Donald Trump cualquier movimiento regional sobre Caracas requeriría de más tiempo de gestación y negociación del que la administración Obama realmente contaba.

El cambio en la Casa Blanca no sólo entorpecía esa acción sino que generaba un vacío: hasta que no asumiera el nuevo presidente y su secretario de Estado no se podría aventurar cuál sería la dirección que la nueva administración le quería dar a este tema. Sin embargo –y en contraste con lo que ocurre con muchos otros asuntos-, el secretario de Estado designado, Rex Tillerson, seguirá la línea que su predecesor marcó en este tema, según se desprenden de la conversación que el futuro secretario mantuvo con el sitio Latin American Goes Global.

Tillerson dijo que si es confirmado por el Congreso en el cargo continuará trabajando en colaboración con sus "amigos" en el hemisferio y apoyando la iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para "reconstruir las instituciones políticas" y "mejorar" la situación política, económica y social en Venezuela.

"La creciente crisis política, económica y humanitaria en Venezuela es motivo de gran preocupación para Estados Unidos y para nuestros aliados latinoamericanos. Vamos a involucrar a los países socios de la región, como Colombia, que recibe directamente los impactos de la crisis migratoria, para mejorar los derechos humanos y las condiciones económicas en Venezuela. Continuaremos apoyando firmemente los esfuerzos del Secretario General de la OEA, Almagro, en la invocación de la Carta Democrática Interamericana para promover la normalización de la situación en Venezuela y el restablecimiento de las instituciones democráticas", dijo Tillerson.

En otro pasaje de la entrevista, el futuro jefe de la diplomacia estadounidense afirma que presionará a Maduro para que libere a todos los prisioneros políticos, incluyendo a Leopoldo López.

"Debemos seguir denunciando las prácticas antidemocráticas del gobierno de Maduro, pedir la liberación de los presos políticos y aplicar sanciones contra los violadores de los derechos humanos y los narcotraficantes venezolanos. Debemos prestar ayuda humanitaria para mitigar la inseguridad alimentaria y la escasez de suministros médicos, como corresponde", dijo Tillerson.

De prosperar la iniciativa estadounidense para aplicar la Carta Democrática, el gobierno uruguayo caerá en una nueva disyuntiva frente al tema de la crisis venezolana.

Durante el 2016, Uruguay defendió frente a sus socios del Mercosur que no hubo una ruptura del orden constitucional en ese país y que, en tal sentido, no correspondía aplicar los procedimientos previstos en el Protocolo de Ushuaia. Por más que se manejó públicamente el entusiasmo de Paraguay y Brasil por activar la cláusula democrática, nunca hubo una propuesta concreta en ese sentido.

Los movimientos y conversaciones continúan en el hemisferio para alentar el proceso de paz en Venezuela, dijo una fuente diplomática a El Observador.

Hay una iniciativa para conformar un nuevo equipo mediador multilateral similar al Grupo Contadora, que en 1983 medió con éxito en los conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Ese grupo estuvo conformado inicialmente por México, Colombia, Panamá y Venezuela y en 1985 encontró el sostén de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay (los ocho conformarían el grupo de Lima). Estados Unidos, que mantenía una agenda unilateral en centroamérica, no apoyó esa iniciativa.