Municipal botón de muestra

El cúmulo de privilegios con que cuentan los funcionarios de la Intendencia de Montevideo ejemplifica la desmesura del peso del Estado en detrimento del sector privado, discrimina contra el resto de los trabajadores y descalifica el latente estado levantisco del sindicato municipal Adeom, que con cualquier pretexto hunde a la población en montañas de basura, le impide enterrar a sus muertos o invade impunemente el despacho del intendente. Los beneficios otorgados a los municipales hace décadas, algunos vigentes desde antes de que el Frente Amplio capturara la intendencia capitalina a fin del siglo pasado, superan largamente los de otros empleados públicos sin otra explicación que el exceso de autonomía con que cuentan los entes autónomos, otros organismos y los gobiernos departamentales, un absurdo total de 19 en un país minúsculo con poco más de 3 millones de habitantes.

Ser empleado público sigue siendo para muchos el protector sueño del pibe. Los trabajadores del sector privado, el 80% del total del país, dependen de su propia capacidad y de los vaivenes de la economía para conseguir y retener empleo. Pero quien ingresa a las plantillas de nuestra voluminosa estructura estatal tiene asegurada virtual inamovilidad de por vida, sea rendidor o incompetente. Para los 8.000 funcionarios de Montevideo la benevolencia financiera parece no tener fin. Basta cumplir la obligación elemental de no faltar al trabajo para aumentar sus ingresos en 52%. Están exonerados del cargo del Fonasa, ese impuesto gubernamental al bolsillo del resto de los uruguayos, obligados a pagarlo así no utilicen la endeble asistencia estatal de salud para ayudar a solventar la tambaleante reforma sin fundamento introducida durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Cuentan también con una larga lista de subsidios en otras áreas.

Todas estas asistencias pueden llegar en la práctica a duplicar sus salarios. No son necesariamente los mejor pagados por el Estado, ya que existen retribuciones aun mayores en algunos entes y en intendencias del interior. Pero su caso evidencia desigualdades salariales y protección desmedida con respecto a la gran mayoría de los trabajadores, consecuencia del descuido presupuestal y la tolerancia de organismos públicos. Justifica además las exigencias del creciente movimiento social de protesta, iniciado en el agro pero ya extendido a otras áreas del sector privado, para que el Estado reduzca su peso abrumador sobre la actividad económica a través de los asiduos aumentos de impuestos, tarifas y regulaciones.

No hay mucha esperanza de que el sector público corrija esta situación de expoliar al privado para solventar su funcionamiento, ineficiente en muchos de sus organismos pese al sobrecosto que conlleva. El gobierno central, la casi totalidad de los entes autónomos y las intendencias hacen oídos sordos a la necesidad de reducir el gasto público y la vasta estructura con que funcionan, pese a ser un requisito ineludible para apuntalar una economía con crecientes señales de debilidad. Pero la mayoritaria población castigada por un Estado que crece en vez de restringirse tiene derecho a incrementar sus exigencias para que se equilibren las injusticias sociales creadas por el sector público, de las cuales el caso de los municipales de Montevideo es apenas un botón de muestra.