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Quién es quién entre los narcos uruguayos

El dinero que manejan y el alcance de sus mercados de la droga

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27 de octubre de 2018 a las 14:34

Los Ricarditos en Cerro Norte, los Chingas y los Kamala en los Palomares de Casavalle, los Figueroa en Jardines del Hipódromo y la banda del Paolo en Villa Española. Los grupos criminales que se reparten el mercado de la droga en Montevideo tienen entre sí diferentes niveles de desarrollo, medido en el rango de influencia que manejan, la cantidad de dinero que recaudan y la agresividad que despliegan contra sus rivales.

Este domingo, el Ministerio del Interior desarticuló a una de las dos bandas que operaban en pleno barrio Cordón. Como resultado de la acción de la policía y de la fiscalía de estupefacientes, cuatro personas fueron condenadas, y una imputada por un delito de tráfico de armas enviada a la cárcel con prisión preventiva a la espera de un juicio definitivo. 

Entre los condenados estaba un joven de 23 años, conocido como el Macumba, quien el pasado martes fue condenado a un año de prisión y otro año de libertad vigilada por los delitos de comercialización de drogas y tráfico interno de armas. Este hombre vivía desde junio en el edificio Iberia de Palmar y Cassinoni, luego de terminar la relación con la que fue su novia y socia en el negocio de la drogas.

El Macumba vendía a adictos del barrio Cordón, lo que lo convertía, en comparación a otros narcos que se reparten el mercado de Montevideo, en un comerciante de poca monta. A pesar de ello, según fuentes policiales, este joven estaba comenzando a ganar influencia en la zona, llegando incluso a expulsar a los cuidacoches de los alrededores, y colocando a personas que le eran leales y a las que les pagaba con droga. 

Mientras algunos comienzan a ganar influencia en pequeñas zonas de Montevideo, otros grupos criminales llevan años en el negocio, vendiendo en bocas propias y proveyendo a otras en distintas zonas de la capital. 

Tal es el caso de los Chingas, el grupo criminal con el que el pasado 20 de diciembre el Ministerio del Interior inauguró los llamados operativos Mirador, dedicados a ponerle fin a distintas organizaciones criminales que intentan tomar el control de distintas zonas periféricas de Montevideo. La acción policial se desarrolló luego de que esta banda de Casavalle expulsara a más de 110 familias de sus hogares a lo largo de 2017 con el objetivo de vender esas viviendas, apoderarse de los objetos de valor que allí dejaban sus antiguos moradores o para usarlas de depósito de armas y drogas.

¿Qué tanto dinero llegó a manejar este grupo criminal? La policía incautó en aquel operativo una cantidad de cocaína pura que en el mercado alcanzaba un valor de US$ 112 mil. A los Chingas también se les incautó 695 gramos de cafeína, un producto con el que las bandas narcos suelen cortar la cocaína para lograr así aumentar sus ganancias. 

Una fuente policial dijo a El Observador que esta banda no solo manejaba varias bocas en la zona, sino que además distribuía en otros barrios. De hecho, era posible encontrar droga que pasó por manos Chingas en bocas de barrios costeros de la capital, en especial la cocaína, que se vende en mercados de mayor poder adquisitivo. 

La mujer que el Ministerio del Interior señaló como líder del grupo, Mónica Sosa, vivía en Los Palomares, pero su vivienda no se parecía a la de sus vecinos. El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, llegó a decir que "tenía un nivel de vida con altísimos niveles de confort, en una zona donde la gente no lo tiene". 

Menos conocidos pero con un poder económico similar están sus rivales de los Palomares: los Camala. Al igual que los Chingas, los tres principales líderes de este grupo, entre los que se encuentra  Carlos Alexis Correa Jabiel (alias el Camala), se encuentran preso desde setiembre de 2017. 

Estos delincuentes fueron procesados como autores del triple crimen del barrio Colón, en el que fue asesinado un adolescente, el sobrino político de Wellington “Tato” Segade –un narcotraficante de Sayago asesinado en 2015-, y una joven que nada tenía que ver con las actividades criminales en las que estaban involucrados los otros dos. Uno de los que fue enviado tras las rejas por este crimen le debía al sobrino de “Tato” más de $ 600 mil, de los cuales había pagado la mitad, según consta en el dictamen de la fiscal del caso, Gabriela Fossati. 

En Villa Española, en tanto, un operativo desarrollado por la policía el pasado 16 de octubre  puso en la mira a la banda del Paolo, liderada por un joven de 21 años con antecedentes penales. Tras más de 54 allanamientos, fueron incautadas siete pistolas, dos escopetas y un revólver, varios tipos de droga –pasta base, marihuana, cocaína, pastillas–, y $167.647. 

Siete personas fueron imputadas por la Justicia, pero Paolo volvió al barrio sin que se pudiera probar su participación en el grupo criminal. Según contó una fuente policial, el joven se pasea por el barrio con un Chevrolet Cruze (en el mercado de autos usados puede adquirirse por US$ 15 mil) que él mismo compró, a pesar de no tener ninguna forma de ingreso legal. 

Para la policía, la banda de Paolo tiene un poder económico y una influencia similar a la que los Chingas llegaron a tener en Casavalle, antes de la acción policial. 
Los autos, de gama media y media alta, son un común denominador entre los distintos grupos criminales. 

Cuando la Policía desarticuló el pasado 4 de octubre a la banda de los Figueroa, quienes habían tomado el control de un complejo de viviendas construido por la Intendencia de Montevideo en Jardines del Hipódromo, fueron incautados dos vehículos. Uno de ellos era una camioneta Suzuki Vitara (valorada en US$ 18 mil) en la que se desplazaban los líderes de la banda. 

El otro auto era de alquiler. Los líderes de la banda habían decidido alquilarlo luego de que otro vehículo que les pertenecía fuera incautado por la policía tras verse involucrado en un tiroteo.

El grupo, además, financió la construcción de un muro con cerco de púas que rodeaba el complejo, instaló 36 cámaras de seguridad en las inmediaciones a la boca que tenían en una de las viviendas y le pagaba a personas para que monten guardia las 24 horas. 

Sin embargo, no siempre tuvieron el dinero para permitirse esos lujos. Antes de llegar al complejo y forjar lo que la fiscal del caso, Mónica Ferrero, denominó como un “fortín narco”, los líderes de la banda vivían en la extrema pobreza. 

La mujer señalada como una de las dos cabezas del clan vivía hasta hace poco en el asentamiento Siete Manzanas, en un rancho de lata, que no tenía baño, y en el que debía compartir cuarto con tres de sus cinco hijos. 

Según dijeron las fuentes consultadas, si bien este grupo no tiene un rango de acción más allá de Jardines del Hipódromo, por lo que no pueden compararse a los Camala o los Chingas, la forma en la que tomó el control del lugar, y el hecho de que se cree que expulsaron vecinos para apropiarse de nueve de las 48 viviendas del complejo, llevó a que el Ministerio del Interior comparara la acción desarrollada en ese lugar a la aplicada en Los Palomares contra Los Chingas. 

La banda del Ricardito

Por encima de Los Chingas, Los Camala y la banda de Paolo se encuentra la de los Ricarditos, el grupo criminal que controla las bocas de Cerro Norte. Según dijeron fuentes del Ministerio del Interior, el líder de esta banda es Luis Alberto Suárez –conocido como Betito-, aunque el grupo lleva el nombre de uno de sus hermanos, Ricardo Suárez. 

En 2009, la policía estrenó los recién creados Juzgados de Crimen Organizado, al procesar a nueve integrantes de la banda por narcotráfico, varios de los cuales eran familiares directos de Betito. Durante el operativo llevado adelante por esa investigación se pudo saber que Suárez lideraba la operativa desde la cárcel y se capturó a una mujer que traía desde argentina 93 mil dosis de pasta base para la banda, cuyo valor en el mercado de aquel entonces ascendía a los US$ 180 mil.

A pesar del golpe que significó aquel operativo, la banda nunca dejó de tener el control del mercado de la droga del barrio, además de proveer de cocaína a otras zonas de Montevideo.

Los Ricarditos se ganaron el control de las bocas de Cerro Norte por la fuerza. En setiembre, un hijo de Betito fue enviado a la cárcel con prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato del golfista de 18 años Antony Macaris, a quien le pegó un tiro en el pecho para llevarle un morral. Según los investigadores, Macaris estaba cerca de una boca del Cerro que no respondía a la banda de Ricardito, por lo que el hijo de Betito, junto a otra persona que también fue imputado por el crimen, se dirigió al lugar para convencerlos, mediante amenaza, de trabajar para el clan de los Suárez. 

Asimismo, el Ricardito fue procesado en 2017 por un delito de tráfico de drogas, mientras se lo investigaba por su participación en la desaparición de Nicolás Roverano, conocido como el Oreja, un delincuente que desapareció tras salir de la cárcel y cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado con cal en un lugar que todavía no pudo ser determinado. 

En Cerro Norte y Casabó también actúan los hermanos Alvariza, un grupo criminal de menor alcance que Los Ricarditos –con el que mantiene cierta armonía-. El Oreja tenía vínculos tanto con los Ricarditos como con los Alvariza, por lo que integrantes de esta banda también fueron indagados por su desaparición y muerte. 

¿Hay narcos millonarios?

El pasado 7 de setiembre funcionarios de Aduana y de la Armada incautaron un contenedor con destino a Bélgica en el que se encontraron unos 417 kilos de cocaína escondida en fardos de lana sucia. Detrás de aquel cargamento se encontraba un uruguayo que es conocido como el Turco, quien ya había sido investigado en 2006 por intentar ingresar en el mercado portugués 93 kilos de cocaína dentro de un contenedor con garbanzos, según informó Subrayado.

El cargamento tendría un valor de mercado en Europa que superaba los US$ 20 millones, pero el Turco, que había sido contratado por narcos extranjeros para ocuparse de la exportación del cargamento, cobraría US$ 2.000 por kilo enviado. Por el total del cargamento, recibiría US$ 800 mil.  

A diferencia de otros narcotraficantes, este hombre no se dedica a la venta minorista, sino que realiza envíos constantes como proveedor logístico de bandas extranjeras. Este tipo de traficantes mantienen un nivel superior al de otros que se disputan los barrios de Montevideo, y de hecho, el Turco se mostraba como un empresario de la pesca y propietario de un restaurante en el Mercado del Puerto. 

En Uruguay, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, México, Bolivia o Paraguay, los narcos no participan de toda la cadena del negocio. No se producen drogas en Uruguay, sino que la importan desde Argentina o Bolivia, cuando se trata de pasta base o cocaína, de Paraguay cuando se trata de marihuana, y de Europa (mediante encomiendas) cuando se trata de pastillas de éxtasis. 

Mientras que algunos como el Turco se dedican a la exportación, pretendiendo ser empresarios con negocios legales, otros forman bandas que se dedican al narcomenudeo en distintos puntos de Montevideo. Los líderes de estas últimas alcanzan un nivel de ingresos que bien les permitirían mudarse a barrios de mayor poder adquisitivo, pero permanecen en el lugar en el que se criaron y forjaron su negocio, protegidos por la lealtad de algunos y el temeroso silencio de otros. 

 

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