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Necesario control parlamentario

Tanto senadores como diputados deben ejercer la función que se les encomendó

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23 de abril de 2019 a las 15:47

Una de las funciones propias del Poder Legislativo es la de contralor, de allí que sus miembros, tanto senadores como representantes, deban ejercer dicha función en el cumplimiento de los fines propios de su investidura. El mandato del constituyente les confiere esa facultad al establecer en el artículo 118 que: “Todo Legislador puede pedir a los Ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso - Administrativo y al Tribunal de Cuentas, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio del Presidente de la Cámara respectiva, el que lo trasmitirá de inmediato al órgano que corresponda”. En caso de que la autoridad requerida no facilitare los informes dentro del plazo establecido por Ley, también se le confiere al legislador la potestad de solicitarlos “por intermedio de la Cámara a que pertenezca, estando a lo que ésta resuelva”. Se trata de una facultad de cada legislador, requerir los informes que le resulten necesarios o pertinentes para el cumplimiento de sus fines. Pero si ello fuera insuficiente, nuestro constituyente establece en la Constitución Nacional otro mandato en el artículo 120: “Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”.

En 1995 se promulgó la Ley 16.698 que regula los cometidos de esas comisiones del mencionado artículo 120 de nuestra Ley Fundamental y en su artículo 12 prescribe que tienen el cometido de: “Investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares, a los efectos de asesorar al Cuerpo respecto al ejercicio de los poderes jurídicos de control administrativo o la promoción de un juicio político” como también “Reunir información sobre asuntos y cuestiones en los que no se presume la existencia de ilicitudes o irregularidades, a fin de legislar en esas materias”. Muy mala señal se emite a la población en general y a la ciudadanía en particular, cuando los legisladores del oficialismo -que hoy cuenta con mayorías en ambas cámaras del Poder Legislativo- las impiden.

Al no brindar su consentimiento o aquiescencia para habilitar estas Comisiones de Investigación, queda de manifiesto una suerte de muro de contención o valla, cuasi cómplice, para impedir se llegue a conocer la verdad. En el caso más reciente, se ha puesto de manifiesto este “enroque” del oficialismo, para poner al descubierto el proceder y las actuaciones de un Ministerio (concretamente el MIDES o Ministerio de Desarrollo Social) que ha dispuesto -sin mayores contralores- de un presupuesto muy generoso, sin que los resultados de sus “políticas sociales” se perciban por los contribuyentes. La responsable de ese Ministerio, ha criticado el pedido de esa Comisión Parlamentaria de Investigación, argumentando “presuntos ataques” a  esas políticas, como “antecedente” para el “recorte” de las mismas ante la probable derrota del Frente Amplio en las próximas elecciones. La jerarca, pese a su declarado “dolor de muelas” mientras reitera gastos, agita el “cuco” de la posible pérdida de subsidios y planes de asistencia (entregados sin contraprestación alguna, para no “estigmatizar” a los beneficiarios) con fines claramente demagógicos, temerosa de que sus “clientes” pudieran dejar de votarlos.

Simplemente vergonzoso. Cuando de lo que se trata, es de conocer y averiguar cómo se dispusieron de fondos públicos para destinarlos a fines ajenos a su función. Todo ello sale a la luz pública cuando se demandó judicialmente al MIDES por exfuncionarios de una ONG de San José, que resultó ser una “beneficiaria” que instaló su propia radio comunitaria “de izquierda” y cuyo resultado procesal terminarán pagando los contribuyentes. Hacen bien los legisladores que en cumplimiento de sus deberes y atribuciones constitucionales y legales impulsan estas Comisiones. Las que, si no se llegaran a instalar, seguramente más temprano que tarde, la verdad saldrá a luz y los responsables tendrán que responder del mal manejo de los fondos públicos puestos a su cuidado. ¿No incurren también los legisladores oficialistas en responsabilidad por omisión a los deberes propios de su función? ¿No juraron defender la Constitución y la leyes de la República?

Marcelo Gioscia Civitate 

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