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Nueva denuncia por extorsión en Casavalle en pleno derrumbe de viviendas

La familia no cuenta con custodia policial porque la Policía aguarda por órdenes de la Fiscalía

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05 de julio de 2018 a las 05:00

Una familia que fue realojada en otra vivienda tras el programa de censo y demolición que lleva adelante el Ministerio del Interior en el complejo de Los Palomares –en el barrio Casavalle– fue extorsionada y amenazada para que abandonara su nueva casa.

Ese problema ocurría en forma sistemática y durante 2017 llegaron a ser desalojadas de sus casas 110 personas mediante amenazas, y fue eso precisamente lo que motivó al gobierno a tomar la decisión política de intervenir y buscar también una solución habitacional a las familias que sufrían esa presión por parte de bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio.

Según informó Subrayado, la denuncia se realizó este martes, y así lo confirmó a El Observador el fiscal de Flagrancia Gilberto Rodríguez. Otra fuente que confirmó el episodio dijo: "Entraron varios, los amenazaron y se fueron corriendo de la casa". El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando los funcionarios de la Guardia Republicana ya se habían retirado de la zona.

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Las autoridades trabajan ahora por un lado en el realojamiento de la víctima para buscarle un nuevo lugar; y por el otro, la Fiscalía investigará cómo fueron los hechos para determinar si se configuró el delito de violencia privada. También se procurará que la Unidad de Víctimas de la Fiscalía asista a la víctima.

Fuentes policiales aseguraron que la familia no cuenta con custodia policial, y que, desde que funciona el nuevo Código del Proceso Penal, para tomar cualquier resolución o medida –como una que garantice la protección de las víctimas– los uniformados dependen de instrucciones de la Fiscalía. Hasta el momento, según informaron, no han recibido ninguna orden. "Solamente tomamos la denuncia y ahora esperamos instrucciones", dijo el informante.

Sin embargo, el fiscal dijo que el caso permanece en la órbita policial. "Formalmente, no estoy instruyendo en el caso, no tengo la carpeta ante mi vista, porque es información policial", afirmó Rodríguez.

Demoliciones

Desde este lunes, el Ministerio del Interior supervisa las tareas de demolición de viviendas que presentaban peligro de derrumbe –actividad que se está llevando a cabo en coordinación con la Intendencia de Montevideo–, y las primeras familias fueron realojadas en casas deshabitadas del mismo barrio.

Además, se busca se tiró abajo una escalera que cortaba el paso de vehículos mejorar la movilidad en ese conjunto de viviendas, de modo de facilitar el ingreso de la Policía y de ambulancias en un área que es territorio de disputa de bandas criminales.

De acuerdo a la explicación que dio días atrás a la prensa el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, algunas de estas viviendas se encontraban incendiadas y a punto de derrumbarse por efecto de los enfrentamientos entre los grupos armados, y que ya hay vecinos que viven ahora "con mejores comodidades".

"Se necesita una intervención de abrir calles para poder circular, pasajes de menos de dos metros y con una densidad tan grande se precisa circulación", explicó el lunes el jerarca. Luego, dejó en claro que el Estado no se hará cargo de "los delincuentes y personas que se hayan beneficiado de los procesos extorsivos".

El Observador intentó consultar a Leal, quien es el vocero designado a nivel interinstitucional por el operativo que se viene realizando, para consultarlo por el nuevo caso de extorsión, pero respondió que no hará declaraciones debido a lo "delicada" que es la situación.

La primera respuesta que dio el Estado a la práctica delictiva de las extorsiones y desalojos de 2017 fue el operativo del 20 de diciembre de ese año,en el que se detuvieron y se llevaron a juez a varios individuos. A fines de marzo, la Justicia condenó a cinco de ellos por los desalojos perpetrados, aunque solo uno paga actualmente con prisión por ese delito. Leal dijo esta semana en radio Carve que algunos de ellos hicieron acuerdos con la Fiscalía a cambio de información para obtener prisión domiciliaria.

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