Si bien el Parlamento no detuvo sus tareas, porque siguió votando leyes que fueron enviadas por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la emergencia nacional sanitaria desatada por el coronavirus covid-19, la actividad en el Senado y en Diputados se vio alterada: las comisiones dejaron de convocarse y solo hubo comparecencias de los ministros de forma virtual para dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas a la pandemia, como el reinicio de las clases en las escuelas y las gestiones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Esta semana, con el ingreso de varios proyectos de ley, el Parlamento retomará de forma gradual sus tareas, en el marco de la “nueva normalidad” definida por el gobierno y anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou el viernes 17 en una conferencia de prensa. Mientras el Senado se dedicará de lleno a discutir el proyecto de ley de urgente consideración, los diputados se concentrarán en el análisis de la nueva ley de medios, denominada “Régimen de los servicios de difusión de contenido audiovisual”, que será enviada en estos días por el Ejecutivo.
Si bien los legisladores analizarán el articulado en comisión, en la coalición hay acuerdo acerca del espíritu del proyecto, según supo El Observador a partir de consultas a fuentes de los partidos socios del gobierno.
El redactor del proyecto fue el Ministerio de Industria, que tiene a Omar Paganini (Partido Nacional) al frente y a Walter Verri (Partido Colorado) como subsecretario. A su vez, los colorados tienen a Guzmán Acosta y Lara, como director de Telecomunicaciones. Legisladores de ese partido señalaron que estaban de acuerdo con la orientación del texto.
En el Frente Amplio rechazan que se derogue la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue votada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).
Presidencia
El diputado Felipe Carballo dijo a El Observador que el nuevo texto es “regresivo” y “devuelve la concentración de los medios de comunicación en pocas manos” además de eliminar “la publicidad electoral”. “Es volver hacia atrás, se han hecho bastantes gárgaras en cuanto a la libertad y competencia pero claramente queda demostrado que nada de esto va a suceder”.
Carballo también señaló que el proyecto le daba la razón al Frente Amplio en cuanto a que no todos los temas incluidos en la ley de urgente consideración eran urgentes.
En enero, cuando Lacalle Pou divulgó el primer borrador de la ley ómnibus incluyó la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, pero ahora el gobierno decidió enviarlo por fuera para que el Parlamento discuta el proyecto sin plazos. Las leyes de urgente consideración tienen 90 días para ser tratadas por cada cámara.
En enero, el senador Guido Manini Ríos expresó su acuerdo con la regulación propuesta por el gobierno, porque iba en la misma dirección que el programa de Cabildo Abierto.
Entre las preocupaciones del novel partido está que haya un “fomento a la inversión” ya que la actual ley hace “inviable la misma, en su mayoría a medios del interior del país”. También se proponían “respetar la libertad de comunicación y publicación”, derogar el Consejo de Comunicación Audiovisual y que la Ursec retomara sus competencias como órgano regulador, dándole independencia técnica de cualquier organismo del Estado.
El borrador del proyecto, al que accedió El Observador, aumenta de tres a doce la cantidad de frecuencias de radios y canales de televisión abierta que puede tener una persona, ya sea física o jurídica.
“Una persona no puede ser titular total o parcial de más de seis licencias para prestar servicios en cada una de las bandas de AM y FM, y de seis licencias en televisión abierta”, agrega el artículo 16 del texto. La normativa vigente no permite que una persona tenga la titularidad de más de dos servicios en la misma banda de frecuencias (AM, FM y televisión) en todo el territorio nacional.
De no sufrir modificaciones, ninguna persona podrá tener un canal de televisión para abonados y una licencia para radio o TV abierta, aunque la disposición no afecta a quienes ya sean dueños, porque regirá para los casos que se presenten luego de que entre en vigencia la ley.
El proyecto, en el artículo 48, permite a los dueños de cableoperadoras a solicitar a la Ursec licencias para dar servicios de banda ancha y acceso a internet mediante redes propias o de recursos que contraten con terceros, lo que se denomina "propiedad cruzada".
Este artículo es rechazado por la anterior administración de la Ursec. El entonces presidente del organismo, Nicolás Cendoya, que ahora integrará el directorio en representación del Frente Amplio, había dicho a El Observador en enero que "la política actual de telecomunicaciones fue muy cuidadosa de no generar monstruos de la telecomunicación que después sean más fuertes que el propio país”, en relación a las administraciones frenteamplistas.
Cendoya argumentó que la “gente no ve” el “potencial concentrador” que brinda ofrecer servicios audiovisuales y de telecomunicaciones. “Estamos hablando de empresas gigantes a nivel mundial”, dijo en referencia a Claro y Movistar, que ya operan en Uruguay en los servicios de telefonía móvil e internet móvil, donde compiten con la estatal Antel.
