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Nuevo gobierno quiere reorganizar Presidencia y reubicar secretarías
El gobierno electo continúa trabajando con la administración actual en la Torre Ejecutiva, que en las últimas semanas se transformó en la oficina del secretario de Presidencia designado, Álvaro Delgado, y Rodrigo Ferrés, futuro prosecretario. Este jueves, Delgado y Ferrés tuvieron desde las 9 de la mañana reuniones con las autoridades de siete secretarías, acompañados por el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo. El objetivo trazado era que entre jueves y viernes se reunieran con diez secretarías. Por eso, antes de iniciar un descanso de una semana, tendrán nuevos encuentros este viernes.
Durante este jueves, Ferrés y Delgado conocieron más de cerca la organización de Presidencia, gigante no solo en tamaño sino en importancia, y de la que dependen decenas de programas y servicios que, en muchos casos se superponen con las tareas que realizan los ministerios.
Por ese motivo, un objetivo del nuevo gobierno es que algunas secretarías y unidades ejecutoras que dependen de Presidencia se vuelquen a los ministerios, según el área de la que se encargan. Delgado dijo en conferencia de prensa luego de varias horas de reuniones que se encuentran en una “primera etapa, que es requerir información sobre el organigrama del Estado, que se ha venido cargando de muchas secretarías y unidades ejecutoras”. “Hay algunos casos de superposiciones de unidades ejecutoras o secretarías y la idea es tratar de optimizar los esfuerzos y los recursos. Una vez que tengamos la información en algunos casos puede haber algunos cambios, ser más eficiente y reducir algunos gastos”, sostuvo.
Con esa reorganización de Presidencia las futuras autoridades pretenden optimizar recursos y evitar la duplicación de tareas. Un ejemplo concreto es la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. El gobierno entrante considera que su rol ya se cumple en direcciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. De hecho, el plan a mediano plazo es que esa secretaría pase a formar parte del Ministerio de Medio Ambiente, que el nuevo Poder Ejecutivo apunta a crear.
Delgado dijo que luego de tener estudiado el organigrama de Presidencia, se reunirán con Lacalle Pou para saber qué tipo de reorganización quiere plantear en ese organismo. “La idea es optimizar teniendo en claro que va a haber algunos cambios vinculados a la estructura organizacional, algunos con marco legal otros con voluntad política”, sostuvo.
La decisión de reorganizar Presidencia no apunta solo al ahorro –un compromiso del nuevo gobierno- sino también al contralor. Las oficinas de Presidencia no tienen control parlamentario, mientras que los ministerios deben rendir cuentas a los legisladores cuando así se los requiere. Hasta tienen la potestad de crear comisiones investigadoras sobre gestiones de los ministerios, como cuando la oposición intentó llevar adelante del Ministerio de Desarrollo Social, una iniciativa que fracasó por falta de votos.
Ese contralor se analiza, por ejemplo, para la Secretaría Nacional de Deportes, que será presidida por el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá. Una idea que manejan en el gobierno entrante es descentralizarla para poder llevar adelante un mejor seguimiento de los programas que impulsará y que tendrán vinculación con algunas carteras, como la de Desarrollo Social, según supo El Observador.
Algo que sí está definido, y de hecho ya estaba planteado en el programa de gobierno del Partido Nacional, es que tanto la Ursea como la Ursec, la primera unidad reguladora de energía y agua y la segunda de servicios de comunicación, pasen a ser organismos desconcentrados para darles “real independencia”.
El programa nacionalista planteaba que ambas reguladoras fueron “debilitadas por los gobiernos del Frente Amplio” y afirmaba que se produjo un fenómeno al que llamaron “captura del regulador por el gobierno”. “Es necesario revertir este proceso, alineando el funcionamiento de estas unidades con las mejores prácticas internacionales, que indican un diseño institucional basado en la independencia funcional y orgánica, así como en la neutralidad política de la gestión”, sostenía el documento para justificar que se eliminará la “subordinación respecto del Poder Ejecutivo” para “fortalecer su autonomía de gestión y económica”.
