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Ocho claves sobre el grado inversor de Uruguay, según Standard & Poor's

Tras las elecciones del domingo, la agencia se refirió a los desafíos futuros y comparó la situación del país respecto a sus pares regionales

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28 de noviembre de 2019 a las 05:01

Luego de las elecciones nacionales del pasado domingo en las que Luis Lacalle Pou resultó presidente electo, la calificadora S&P (Standard & Poor's) publicó en las últimas horas un nuevo informe con lo que entiende son los principales desafíos que enfrentará la nueva administración de gobierno.

En el reporte la agencia planteó lo que considera son ocho preguntas frecuentes sobre la solvencia crediticia de Uruguay y dio su punto de vista.

¿Qué respalda la calificación de Uruguay y cuáles son los riesgos clave?

La agencia señala que la calificación crediticia soberana a largo plazo 'BBB' -un escalón por encima del grado inversor- en Uruguay con perspectiva estable asume una continuidad en políticas económicas clave después de las elecciones. En ese sentido, se espera que en los próximos dos años Uruguay mantendrá déficit fiscal alto y un aumento en su carga neta de deuda. Al mismo tiempo, se espera que la economía seguirá creciendo, con el PIB per cápita probablemente expandiéndose en un 1,9% por año durante 2020-2022.

“Nuestras calificaciones en Uruguay están respaldadas por su historial de resultados económicos prudentes y predecibles, políticas e instituciones bien establecidas, que han respaldado la coherencia económica y el crecimiento en los últimos 16 años. Las calificaciones también se benefician de la sólida posición externa de Uruguay”, agrega.

“Los déficits fiscales y la carga de la deuda de Uruguay, persistentemente elevados y crecientes, son restricciones para las calificaciones soberanas, al igual que su inflación relativamente alta y el nivel aún alto de dolarización en el sistema financiero”, dice el reporte.

¿Cómo se compara la calificación de Uruguay con otras calificaciones soberanas en la región?

Según S&P, el récord de crecimiento económico continuo y políticas económicas estables en los últimos años lo distingue de sus vecinos Argentina y Brasil, y ha contribuido a la brecha en las calificaciones crediticias soberanas.

La trayectoria de calificación en las últimas dos décadas muestra que Uruguay se ha separado cada vez más de Argentina (CCC-) y Brasil (BB-), ambos sin grado inversor. 

Hoy los pares con grado de inversión en la región son Perú  (BBB +), Colombia (BBB-), Chile (A+).

¿Qué significa el resultado de elecciones cerradas para la calificación crediticia?

Para la  agencia, los resultados de los comicios probablemente aumentarán la importancia de construir un consenso político sobre las políticas clave.

La coalición saliente de Frente Amplio tuvo una mayoría en ambas cámaras del Parlamento en los últimos 15 años, facilitando la aprobación de la legislación.

Ahora, en el nuevo Senado (tiene 30 lugares), el FA tendrá 13 bancas, el Partido Nacional (PN) 10, el Partido Colorado (PC) 4, y el recientemente creado Cabildo Abierto (CA) tendrá 3.

Estos dos últimos se aliaron con los blancos en la segunda ronda de las elecciones presidenciales. En Diputados (que tiene 99 bancas), el FA tendrá 42 lugares, comparado con 30 para la PN, 13 para la PC, 11 para la CA y tres para otros partidos.

Para la agencia, el nuevo presidente tendrá que generar apoyo en varios partidos en el Parlamento y avanzar con medidas difíciles para alentar el crecimiento del PIB, abordar debilidades en las finanzas públicas, y contener la inflación. La próxima administración asumirá funciones el 1° de marzo de 2020.

¿Cuáles son sus expectativas para el crecimiento económico?

Se espera que la economía se estanque en 2019 y crezca solo 0,5%, por debajo del 1,6% en el año anterior. La inversión ha estado cayendo durante los últimos cuatro años, mientras que el desempleo sigue siendo alto en alrededor del 9% de la fuerza laboral. Para 2020 se proyecta un crecimiento de 1,5%.

El PIB por capita se duplicó en los últimos 10 años a un estimado de US$ 16.400 en 2019, uno de los más altos en América latina. “Sin embargo, impulsar y mantener el crecimiento económico sigue siendo un desafío, como en otros países latinoamericanos”, dice el informe.

La tendencia del crecimiento del PIB es un factor importante en la evaluación de calificación. “Esperamos que el aumento gradual de la inversión en los próximos años impulsará el crecimiento del PIB per cápita hacia 2%. Mucho depende de la capacidad de la próxima administración para avanzar en proyectos de infraestructura a través de asociaciones público-privadas (PPP). Es importante destacar que, después de 2020, pensamos que la inversión aumentará debido a la construcción de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM”, dice el informe

¿Cuáles son los desafíos fiscales subyacentes para el nuevo gobierno?

El crecimiento económico moderado, la inflación moderadamente alta y las rigideces de gasto han ejercido presión sobre las finanzas del gobierno en los últimos años, y representan un desafío clave para la nueva administración.

A fines de 2017, el Parlamento  aprobó cambios en el sistema de seguridad social para contemplar la situación de los llamados cincuentones.

Esto aumentó los ingresos del gobierno en 2018 en un 1,3% del PIB y redujo el déficit fiscal del Gobierno Central (incluye el banco central y excluye a las empresas del sector público). Así el déficit fiscal se situó en el 2,8% del PIB en 2018, pero habría sido 4.1% excluyendo tales ingresos de pensiones transitorias.

Gracias a estos ingresos transitorios se espera que en 2019 y 2020 el déficit del Gobierno Central promedie alrededor del 3% del PIB. “Contener el déficit una vez que estos ingresos transitorios desaparezcan en 2021 será un desafío fiscal para la próxima administración, ya que la carga de la deuda de Uruguay ha aumentado en los últimos años”, alerta S&P.

¿Cómo se compara la carga de la deuda de Uruguay con la de sus pares?

Uruguay tiene una deuda más alta y una composición de deuda menos favorable en comparación con pares regionales de calificación. La deuda neta superará el 60% del PIB en 2019, reflejando continuos déficits fiscales y depreciación del peso.

Según la agencia, aunque la deuda en moneda extranjera disminuyó al 53% del total, Uruguay es más vulnerable al riesgo de tipo de cambio que sus pares, que tienen la mayor parte de su deuda denominada en moneda local. La deuda en moneda extranjera es 34% de la deuda total en Perú, 33% en Colombia y solo 20% en Chile.

¿Cómo evalúa S&P Global Ratings la flexibilidad monetaria de Uruguay?

El informe señala que Uruguay tiene una flexibilidad monetaria más limitada que sus pares de grado de inversión en la región. Esto se debe a una inflación y dolarización aún altas, que también plantean riesgos para el sector financiero, dado que más del 50% de los préstamos de residentes son denominados en dólares, mientras que más del 70% de los depósitos de los residentes están denominados en dólares.

La inflación acumulada alcanzó el 8,3% en octubre, y las expectativas para los próximos 12 meses permanecen por encima del rango objetivo del Banco Central de 3% -7%. Esto contrasta con una inflación mucho más baja en Brasil (3,8% estimado para 2019), Colombia (3.5%) y Perú (2,3%).

El gobierno de FA intentó reducir la indexación de los salarios a la inflación. Sin embargo, la volatilidad de la moneda ha dificultado contener la presión inflacionaria, explica el reporte

“El éxito en la reducción gradual de la inflación aumentaría la efectividad de política monetaria, aliviaría las presiones fiscales y ayudaría al gobierno a gestionar consecuencias del envejecimiento de la población también”, dice el informe.

¿Cómo afecta el envejecimiento de la población al análisis de calificación en Uruguay?

Uruguay tiene la población más vieja de América Latina, con un 14,8% de sus residentes mayores de 65 años, similar a algunos países europeos y superior al promedio de 7,9% en el resto del continente.

“El envejecimiento de la población podría deprimir el crecimiento futuro del PIB, sin políticas que aumenten la productividad laboral. Eso también plantea un problema fiscal a través de un mayor gasto futuro en pensiones”, dice el reporte.

El gasto en pensiones representa aproximadamente el 10% del PIB y es alto según los estándares internacionales debido a la amplia cobertura del sistema, así como el impacto de la indexación.

“Las presiones políticas harán difícil para la próxima administración elevar la carga tributaria del país, lo que demuestra la importancia de abordar las rigideces en el lado del gasto. Garantizar la salud a largo plazo del sistema de pensiones y la consolidación de las finanzas públicas en general depende de las reformas fiscales y de mantener un buen crecimiento del PIB. Ambos desafíos requerirá un hábil liderazgo político y consenso político”, señaló la calificadora.

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