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La Cámara de Diputados clausuró las actuaciones de la comisión investigadora.

Nacional > El fin de la investigadora

Oficialismo acusa a 88 docentes de Fenapes de faltar a 536 días de clase con certificados falsos pero para la oposición no hay pruebas

Finalizó la actuación de una comisión investigadora a la que el 70% de los convocados se negó a asistir

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16 de junio de 2022 a las 05:01

"Hoy brilla el sol. Después de la LUC, esto es lo más importante que ha realizado el Parlamento". Así por lo menos definió el diputado colorado Gustavo Zubía en torno a la definición que este miércoles tomó la Cámara de Diputados. Con los votos de la coalición de gobierno, se aprobó el pasaje a la Justicia de las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre licencias que entienden irregulares de varios dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). Para la oposición, sin embargo, no hay pruebas de tal acusación.

Fue el final, al menos desde el punto de vista parlamentario, de un proceso que generó contrapuntos políticos y que se centró en la "operativa de la cúpula" de ese sindicato para "diseñar" un sistema de obtención de licencias a las que los involucrados no tenían derecho, basado en la existencia de un convenio "que nunca se firmó" con la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) a través de "formularios apócrifos". 

Así lo concluyó un extenso texto de 117 páginas promovido por el oficialismo. La coalición ya había definido previamente elevar a consideración de fiscalía el asunto, con seis funcionarios docentes denunciados por eventuales delitos de fraude, estafa y falsificación de documento público, y a dos exjerarcas de Secundaria, Celsa Puente y Javier Landoni, que también aparecen comprometidos por no haber sancionado la acción en su momento.

"Quedó demostrado que se montó un mecanismo gigantesco con el fin de defraudar al Estado", señaló el diputado colorado Felipe Schipani, autor de la denuncia que dio origen a la comisión y que apuntó a la responsabilidad de Puente y de Landoni, quienes a su juicio omitieron cumplir con su deber y en cambio "accedieron a cada uno de los requerimientos que les hacía la corporación sindical". 

El informe hace un balance de la efectividad de la comisión investigadora. De 107 personas convocadas, solo concurrieron 33. Otras 68 declinaron formalmente asistir, en tanto seis no acusaron recibo o fue imposible contactarlas. Entre ellas, la exministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz y el expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Wilson Netto. 

La actuación de la comisión le permitió al oficialismo concluir que Marcel Slamovitz, dirigente de Fenapes, justificó en 2017 más de 140 horas de ausencia de su cargo docente "bajo el encubrimiento de un integrante" del Codicen, que dispuso el archivo de la denuncia. El informe se basa en lo afirmado por la entonces directora del Liceo de San José, Miriam Arnejo, en cuanto a que Slamovitz "faltaba permanentemente" a sus clases y presentaba un formulario en que el pedía, basado en el Estatuto del Funcionario Docente, que se le otorgaran días libres por fuera de las 20 horas semanales de licencia sindical que le correspondían. 

Slamovitz, entre otros dirigentes, presenció algunos tramos de la sesión de este miércoles. 

Los involucrados, se detalla, intentaron ampararse en el artículo 70.10 de ese estatuto. Allí se establece que podrán otorgarse licencias para "tareas o servicios especiales encomendados por el Consejo Directivo Central, por los consejos respectivos o requeridos por otros organismos estatales". Las faltas justificadas por ese artículo no afectan el presentismo de los docentes. 

Los certificados, se aclara, tenían el membrete de la Fenapes. Para poder obtenerlos, se afirma, la comisión investigadora se los requirió a todos los liceos del país. "Muchos directores respondieron que la documentación se había destruido. Otros indicaron que, llamativamente, la información había desaparecido". 

El balance indica que la comisión verificó 380 certificados presentados por 88 dirigentes de Fenapes en 70 liceos de todo el país. Con ellos se justificaron 536 días de inasistencias. También se recibió información de otros 30 sindicalistas que intentaron ampararse en el mismo mecanismo, pero no consta el certificado correspondiente. 

Algunos "casos escandalosos" 

El informe en mayoría se detiene en algunos casos particulares, como el de Slamovitz. El profesor logró justificar por este mecanismo 250 horas de clase no dictadas entre 2016 y 2024 en el Liceo Departamental de San José. Su colega Mario Bango faltó 56 días en 2015 en el Liceo de Ciudad Rodríguez, lo que equivale a la tercera parte de las jornadas efectivas de clase que se dictaron allí. 

Otro afiliado a Fenapes, Raúl May, justificó 265 horas y presentó 44 certificados falsos en 2018 mientras trabajaba en el Liceo de Colonia Lavalleja, en Salto. En paralelo, se subraya, Slamovitz tenía asignadas 600 horas sindicales en 2018. May contaba con 600, en tanto Bango podía usar más de 1.000 en 2015. 

De la documentación relevada por el oficialismo surgen además 26 certificados presentados por Adolfo Molina, 19 por Marcelo Suárez, 18 por Eliane Ignacio, 13 por Alejandra Argañaz, 12 por Carlos Méndez, 8 por Luis Eduardo Machado, 8 por Miriam Callejas, 7 por Diego Machado, 7 por Leonardo Dalmao, 7 por Mariana Ramagli, 7 por Silvia de Aranda, 6 por Alejandro Soca, 6 por Emilio Silva y 6 por Lorena Scarpitz. 

Uno de los máximos dirigentes de Fenapes, José Olivera, presentó 130 certificados. Alejandra Vespa firmó 74, Marcel Slamovitz firmó 70, Virginia García Montecoral firmó 60 certificados, Ana Pescetto firmó 38 y Graciela Almeida, 23. Estos últimos seis sindicalistas son los que aparecen denunciados ante la Justicia. 

Un discurso falaz

El informe del Frente Amplio señala por su parte que en más de un año de actuación la comisión no pudo encontrar elementos que pudieran probar algún tipo de irregularidad. Sin embargo, se afirma, los diputados de la coalición oficialista insistieron ante los medios de prensa y en las redes sociales con un "discurso falaz" que, también su contenido, vició a la investigadora. 

Según la oposición, nunca logró acreditarse la existencia de una "justificación de licencias irregulares" a los sindicalistas denunciados, así como tampoco una "connivencia" con los entonces integrantes del Consejo de Educación Secundaria. 

El Frente Amplio suscribió la versión de Fenapes y recordó que existe un "convenio marco de acuerdo" en la ANEP para que los funcionarios puedan acceder a horas sindicales. Se trata del Acta 90, vigente desde el 12 de diciembre de 2006 y que fue homologada por las autoridades y los delegados de los sindicatos. Allí se establece que “cada sindicato autorregulará el tiempo libre remunerado que necesita para el ejercicio de la actividad sindical". Eso comprende, se señala, la cantidad de tiempo, la adjudicación y la oportunidad. También se deja en claro que las inasistencias por actividad sindical no afectarán las remuneraciones del trabajador. 

Debido a ello, concluyó el Frente Amplio, es que se tuvo que apelar al artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario docente, que implica que las faltas gremiales no pueden implicar un perjuicio para el docente en cuanto al presentismo y otros indicadores. "Las actuales autoridades conocen y aplican ese convenio", señala el informe de la oposición. "Así quedó probado en las actuaciones de la investigadora. 

Como prueba, se presentó una resolución firmada el 4 de noviembre del año pasado por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, que dispone que los delegados de las organizaciones que integran la Coordinadora de Sindicatos del Uruguay (CSEU) que iban a asistir por esos días al Congreso del PIT-CNT podrían justificar las inasistencias en las que eventualmente incurran, bajo el amparo del mismo convenio firmado en 2006. Lo mismo sucedió en diciembre del año pasado con los docentes que asistieron al Congreso de la Fenapes. 

Para el Frente Amplio la comisión nunca pudo constatar delitos de "falsificación documental" por parte de Fenapes. Allí se concluye que el sindicato emitió “constancias” como una organización privada, a los efectos de que el docente solicitara la justificación de la inasistencia. No fue acreditado que dichas constancias fueran “apócrifas”, ni “falsas”, por el contrario, "son constancias emitidas válidamente y suscritas por las autoridades de Fenapes". 

Además, al no haber existido delito, nadie podrá ser imputado eventualmente por omisión de denunciar alguna actividad ilícita. Tampoco hubo "engaño" a los directores que, se aclara, tienen potestad discrecional para justificar inasistencias basados en distintos artículos del estatuto docente.  

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