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Oficina que apoya a liberados de las cárceles con un presupuesto que “no existe”

Ayudan a que los delincuentes no reincidan, pero cuentan con un presupuesto ridículo: por año reciben lo que costó la famosa fiesta de la desulfurizadora de Ancap

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20 de junio de 2019 a las 05:01

Se supone que a todo el país le interesa que los presos que recuperan su libertad no vuelvan a delinquir. Sin embargo, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, la dependencia que ayuda a encausar la vida de quienes salen de la cárcel, tiene un presupuesto ínfimo. Para todo un año de trabajo, esta repartición debe arreglarse con el mismo dinero que Ancap gastó en un par de horas en su famosa fiesta en 2013.

En 2019, para todas sus actividades de punta a punta del país, incluyendo una posada abierta los 365 días las 24 horas, la Dinali (ex Patronato del Liberado) podrá disponer en el mejor de los casos de US$ 370 mil. Ancap gastó US$ 360 mil en la fiesta con que inauguró su planta desulfurizadora.

Tal carencia de recursos complica el desempeño de un organismo que cumple una tarea que repercute en forma directa en la seguridad pública, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

La situación se planteó varias veces durante el Congreso Latinoamericano de Políticas Pospenitenciarias, el 13 y 14 de junio en el hotel Regency Way. A tal punto que el director de la Dinali, Jaime Saavedra, repitió varias veces que estamos ante una situación insólita, que “no existe”.

“El Ministerio de Desarrollo Social en 2017 ejecutó US$ 274 millones de US$ 294 millones que tenía para ejecutar. Lo que no ejecutó el Mides es 60 veces el presupuesto que tiene la Dirección Nacional del Liberado. No puede ser”

Jaime Saavedra, director de la Dinali

“El Ministerio de Desarrollo Social en 2017 ejecutó US$ 274 millones de US$ 294 millones que tenía para ejecutar. Lo que no ejecutó el Mides es 60 veces el presupuesto que tiene la Dirección Nacional del Liberado. No puede ser”, dijo Saavedra en el simposio.

El funcionario puso varios ejemplos de las carencias con las que se trabaja en un sector fundamental para mitigar la reincidencia de quienes estuvieron presos. 

“No puede ser que en Maldonado tengamos una sola funcionaria para una cárcel que está completa y tiene 700 personas. No puede ser que en Salto lo estemos cubriendo con una lucecita que cayó del cielo, una colaboradora honoraria, y con los servicios de una excelente funcionaria que tenemos en Artigas que viaja a apoyar los servicios de Salto. ¡No puede ser! No puede ser que tengamos dos funcionarios -por las casualidades del destino- en Rivera, cuando tenemos una cárcel de 500 personas. No puede ser”.

Saaverdra dijo que en total tiene entre 80 y 90 funcionarios, muchos de los cuales trabajan en la Posada de Camino, un hogar para liberados que no tienen donde vivir, con 60 cupos y que está abierto los 365 días, las 24 horas. El personal es totalmente insuficiente para atender a 6.400 personas que recuperan la libertad cada año, casi 18 cada día, muchos de ellos con perfiles muy problemáticos.

“Yo estoy harto, absolutamente harto, de ver gente al santo botón en otros lados”, afirmó Saavedra. Y remarcó cierta hipocresía frente a este tema: “No podemos poner el grito en el cielo porque nos ocurren ciertas cosas si después no estamos dispuestos a tomar las medidas políticas, económicas y administrativas que son muy sencillas y de muy bajo costo”.

Dijo que muchas decisiones no se concretan porque los políticos temen perder votos si sancionan medidas que la población puede entender que benefician a los reclusos o liberados. Pero pidió otra actitud a los gobernantes y políticos: “Está bárbaro que junten votos, pero además de juntar votos, tienen que tomar las decisiones correctas”.

Los departamentos de Flores, Florida, Durazno, Canelones, San José y Cerro Largo no tienen siquiera un funcionario en la Dinali  

“La magnitud del problema ha crecido de un modo que es peligroso”, dijo Saavedra y calificó de “absurdo” su presupuesto. Remarcó que tras inaugurarse hace un año la Posada del Camino no se le otorgó ni un centavo adicional para comprar alimentos y material de limpieza, sino que tuvo que manejarse con el mismo presupuesto que tenía antes de que existiera.

Como con UPM

Diana Noy, coordinadora de los equipos de la Dinali en el interior, dijo a El Observador que hay departamentos enteros donde no hay siquiera un funcionario: Flores, Florida, Durazno, Canelones, San José y Cerro Largo. 

Definió como “incalculable” la cantidad de reclusos que salen de la cárcel y la Dirección del Liberado ni siquiera llega a contactar.

Sofía Amestoy es desde enero la única funcionaria de la Dinali en Maldonado. Se supone que parte de los programas de asistencia implican comenzar a entrevistar a los presos seis meses antes de que recuperen la libertad, pero todavía no pudo visitar la cárcel departamental.

Las tareas que tiene que realizar son demasiadas. Tiene que gestionar que el Ministerio del Interior les pague el dinero que algunos de los liberados ganaron realizando trabajos o tareas en la cárcel. Tiene que ayudar a muchos de ellos a sacar documentos, porque no tienen ni cédula ni saben cómo sacarla. Tiene que enseñarles a redactar un currículum y apoyarlos en la búsqueda de trabajo. Tiene que orientarlos si necesitan asistencia psiquiátrica o son adictos. Según datos oficiales, el 79% de los reclusos que ingresaron a las cárceles en 2019 declararon tener problemas con las drogas. 

En muchos casos, además, Amestoy tiene que intentar ubicar a algún familiar o amigo, porque muchos salen de la cárcel sin ningún contacto. “Esta semana -relató- entrevisté a un liberado que en cinco años en que estuvo en la cárcel solo había recibido una única visita, de una expareja, una sola vez”.

Pero antes de establecer ese contacto, tiene que indagar si es un familiar que sirve de apoyo o si por el contrario puede perjudicar al recién liberado.

Los funcionarios de la Dinali intentan que los liberados se sumen a los programas de apoyo que ofrece la institución, incluyendo uno de pasantías laborales por el que pasan entre 200 y 300 liberados al año. Las pasantías son en empresas públicas y privadas, intendencias y alcaldías, pero la demanda supera en mucho los cupos. Amestoy y Silvana Aguilar -la funcionaria que trabaja en Artigas y viaja a colaborar a Salto- coincidieron en que ese es el principal reclamo de los liberados, y lo que más les hace falta: más pasantías y empleos, ofertas de trabajo.

Aunque en Uruguay la reincidencia no está medida de modo científico, se la suele situar entre 60% y 70%. Saavedra dijo que entre los que realizan las pasantías, la reincidencia se ha situado -según el año- entre el 3% y el 17%. Y en los que se han alojado en la Posada de Camino, ha sido cero. Si bien no se pueden sacar conclusiones definitivas porque falta medir la reincidencia de todo el sistema para comparar, todo indica que cuando los liberados tienen trabajo y vivienda, la recaída en el delito cae de un modo categórico. 

Saavedra reclamó que la sociedad tome nota de ello. “Los empresarios uruguayos, con la privación de libertad y sus alrededores, hacen extraordinarios negocios. Y lo bien que hacen”, dijo el funcionario en el congreso. “Venden carne, pan, venden chalecos, inhibidores de señal, construyen cárceles, venden botas, uniformes, servicios informáticos, servicios de reparación. Y está fantástico que así sea. Pero a esos mismos empresarios hay que salir a convencerlos de que den trabajo”.

Saavedra admitió que para que la Dinali logre “enamorar” a los empleadores es necesario una ayuda del estado. Reclamó “una legislación que apoye con beneficios fiscales claros a aquellos que apuestan a trabajar dentro de las unidades penitenciarias y con los servicios post penitenciarios”.

Y puso un ejemplo muy claro: “Lo mismo que hace el estado uruguayo con UPM, que es desplegar la cola de pavo real para que UPM venga, hay que hacerlo para tratar de convencer a los empresarios uruguayos que den trabajo a las personas privadas de libertad y a los liberados”.

Quieren independizarse
Saavedra pidió también que la Dinali deje de depender del Ministerio del Interior. Por un lado, porque sus autoridades suelen estar acuciadas por problemas urgentes y no suelen prestarle atención al ex Patronato. Por otro lado, los programas son voluntarios y los liberados tienen pocas ganas de seguir vinculados con el Ministerio del Interior: “Es el último lugar al que la persona liberada quiere concurrir una vez recuperada la libertad”.
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