Opcional y no obligatorio

Extender la bancarización y el uso de tarjetas en reemplazo de efectivo es inobjetable. Combate la informalidad y la evasión tributaria, favoreciendo consecuentemente la recaudación fiscal. Puede ayudar también a la seguridad si, al reducir la acumulación de efectivo mediante los pagos con dinero electrónico, desalienta los asaltos a comercios de todo tipo y medios de transporte. Pero cámaras empresariales y dirigentes opositores rechazan, con argumentos irrefutables, que el sistema se imponga en forma obligatoria.

El principal es que violenta la libertad de elección, al convertir el natural ejercicio opcional de un derecho en una rígida imposición del Estado. Pero destacan también inconvenientes prácticos, por las muchas personas que viven en centros alejados de cajeros o bancos o que carecen de la formación necesaria para el manejo de tarjetas o cuentas bancarias.

Los líderes de los cuatro partidos principales de oposición han declarado su apoyo a la modificación de la ley. La única discrepancia, expresada por el Partido Independiente, es que en vez de un plebiscito, para el cual cámaras empresariales ya han iniciado la recolección de firmas, el cambio puede hacerse por decisión del Parlamento. A la defensa gubernamental de la ley se agregó el curioso argumento del PIT-CNT, expresado por su dirigente Fernando Gambera, de que la ley “democratiza” el sistema. Es difícil percibir como democrática una ley que amplía la ya exagerada injerencia del Estado en los derechos y libertades de los ciudadanos.

Otra consulta en ciernes busca evitar la derogación del delito de abuso de funciones, promovida por el gobierno pero pendiente aún de su debate en Diputados. Nadie discrepa con eliminar la actual redacción imprecisa de ese delito, un paraguas bajo el cual se han cometido notorias injusticias en el pasado. Pero la oposición objeta que se procure hacerlo ahora a las apuradas presumiendo, no sin razón, que la urgencia busca evitarle sanciones penales a figuras del Frente Amplio ya procesadas o bajo denuncia de irregularidades.

Y desde el sector de los pasivos se promueve un plebiscito para derogar los impuestos que gravan las jubilaciones. El tema tiene dos caras. Por un lado, esos impuestos son objetables por tratarse de hecho de una doble tributación. Los trabajadores los pagaron de sus salarios durante sus años activos. Al jubilarse, no perciben un sueldo sino la devolución de sus previos aportes a la seguridad social desde salarios sobre los que ya habían pagado impuestos.

Esto cuestiona que vuelvan a ser sometidos a descuentos tributarios. Pero, como pasó en 1989 con ligar los aumentos a pasivos con la evolución del Índice Medio de Salarios, la eliminación del IASS y otras deducciones supondría un durísimo golpe a las finanzas del Estado en los años venideros.