El procesamiento del abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro y el escribano Daniel D´Angelo por participaron en lavado de activos al mezclar capital propio con el de los narcos y sacar rédito económico de ello se enmarca en una de las causas más importantes investigadas en el país.
La Operación Campanita, abocada a investigar las operaciones de una banda de narcotraficantes en el país liderada por el colombiano Alex Pareja, comenzó en 2006. En ese año se logró procesar a más de 30 personas y se incautaron 344 kilos de cocaína además de miles de euros. “Es la operación más compleja que tuvimos” dijo a Observa el director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne.
“Era una organización muy sofisticada de lavado de dinero. Muy poderosa tanto por el dinero que manejaba como por el hecho de contar con profesionales muy calificados para realizar sus maniobras. En este caso hay un escribano y un abogado involucrados”, indicó.
Gil Iribarne explicó que la operativa que tenía la organización era ingresar a Uruguay dinero procedente del narcotráfico por varias vías. La principal era el negocio inmobiliario, pero también se investigan inversiones en el sector automotriz, negocios agropecuarios y emprendimientos turísticos. “Hay sociedades que compraban inmuebles con hipotecas con sociedades de otros países lo cual hace difícil el seguimiento”, explicó.
El especialista indicó que este caso es una prueba más de que el sector inmobiliario es “de riesgo” porque es el más utilizado para las maniobras de lavado de dinero. En este sentido destacó la entrada en vigencia en junio pasado de la nueva normativa sobre prevención y control del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.
Estas modificaciones incluidas a la ley que data de 2004, prevé la creación de varias figuras vitales para la investigación de organizaciones delictivas que operen en Uruguay. El agente encubierto y el "testigo protegido" así como la vigilancia electrónica son algunas de las garantías que intenta dar el Estado para quienes colaboran dando información sobre maniobras ilícitas. Una de las modificaciones más importante es trasladar algunas obligaciones a otros actores que hasta el momento no estaban incluidos, como todo el sector inmobiliario (con todos sus intermediarios en materia de inmuebles) y los escribanos que son quienes están presentes en todas las transacciones.
“Cuando arrancamos en 2006 nos faltaba experiencia. Actualmente el Estado ya asumió este problema y lo definió como una prioridad. Para dar un salto se mejoró la ley y se procedió a la creación de los juzgados especializados”, explicó.
Según Gil Iribiarne, Uruguay avanzó “mucho” en el combate a este tipo de organizaciones, aunque indicó que aún queda mucho por hacer. “Tenemos casos de lavado por narcotráfico, por trata de personas o corrupción pero no tenemos casos de corrupción nacional -por ejemplo- o de contrabando, que sabés que hay”, indicó.
(Observa)
