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La fiscal del caso, Darviña Viera, también solicitó días atrás la prórroga de un año en su investigación

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Operación Océano: fiscal pide prorrogar medidas contra indagados por riesgo de fuga

Uno de los defensores rechazó la solicitud de Darviña Viera, y aseguró que su cliente es un "trabajador de la educación" que se quedó sin empleo por esta causa y lo mantienen sus padres jubilados

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05 de mayo de 2021 a las 18:26

La fiscal Darviña Viera solicitó a la Justicia que se prorroguen las medidas cautelares dispuestas contra los 32 imputados por la causa Operación Océano, en la que hay 20 víctimas del delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad a cambio de sexo y otros ilícitos sexuales. Viera solicitó que en los casos en que rigen medidas limitativas, como prohibición de acercamiento o comunicación con las víctimas, las medidas se prorroguen por 180 días, y que en el caso del imputado que se encuentra bajo arresto domiciliario, un hombre de nacionalidad paraguaya que también está imputado por proxenetismo, continúa bajo ese régimen por un lapso de tres meses.

En un escrito presentado ante la jueza Beatriz Larrieu, al que accedió El Observador, Viera aseguró que "todos los imputados en esta causa son personas que cuentan con facilidades extraordinarias para abandonar el país, teniendo recursos para proceder a la fuga en forma inmediata", y agregó que, en su consideración, no se puede "obviar la gravedad del hecho", ya que la indagatoria trata sobre delitos "de violencia de género".

La fiscal, que solicitó prorrogar la investigación contra los indagados por un año más a mediados de abril, también sostuvo que la continuación de las medidas cautelares es algo indispensable para "el éxito de la investigación", ya que de esa forma se aseguraría que los adultos no tengan contacto con las víctimas, de quienes aún se espera que declaren en forma anticipada al juicio oral.

Respecto al caso del hombre que está bajo arresto domiciliario, Viera escribió que la víctima que tuvo contacto con él se ha mostrado hasta el momento "reticente" a dar su declaración anticipada, y que la fiscalía está "en condiciones de sospechar que puede estar ocurriendo un entorpecimiento para su declaración".

Viera agregó que "otro de los motivos para solicitar que las medidas se mantengan recae en la protección de las víctimas", y en ese sentido se refirió tanto la "seguridad o protección física" como también a "su situación emocional y mental". Y agregó que un simple "avistamiento puede generar impacto en la salud emocional" de las víctimas, y provocar en ellas "sentimientos de temor, ansiedad y desprotección".

Por otra parte, Viera afirmó que en el caso de los imputados que solo tienen la prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas por cualquier vía, la "libertad ambulatoria" no está afectada "en demasía", y que que no se opone a que haya indagados que salgan transitoriamente del país –en los casos en que también rige la disposición de no pasar la frontera sin autorización judicial.

Imputado sin trabajo

Uno de los penalistas que ya respondió a la solicitud de Viera es el abogado Rodrigo García, quien entre otras cosas criticó que la fiscalía fuera "imprecisa" en sus argumentos, y exigió que Viera diferencie la situación de los distintos indagados, de acuerdo al escrito al que también accedió El Observador.

El abogado rechazó que la fiscal incluya a su cliente entre las personas con "facilidades extraordinarias" como para irse de Uruguay, ya que se trata de un "trabajador de la educación" que, según dijo, quedó sin empleo a causa de la imputación. "No es una persona adinerada, que cuente con fortuna ni mucho menos", afirmó García, y añadió que la persona que defiende "se mantiene económicamente hoy gracias a que sus padres, jubilados ambos, lo solventan".

"¿Es entonces una persona con facilidades 'extraordinarias' para abandonar el país? Evidentemente no. Se trata de una persona con 'extraordinarias' dificultades para mantenerse económicamente hoy día por sí solo". argumentó García.

El penalista también se opuso a que pesen medidas contra su defendido para proteger a "una testigo de una víctima" que mantuvo vínculos con su cliente, "no se sabe de qué víctima ni qué delito",  y que "se invocan fundamentos de forma genérica sin asiento fáctico alguno".

Por último, afirmó que no se opone a la extensión de las medidas, pero sí a su duración, pues a su criterio no deberían prorrogarse más allá de la fecha en que la indagatoria cumpla un año, lo cual ocurrirá a mediados de mayo, cuando venza el plazo procesal para presentar acusación, salvo que Larrieu conceda la extensión de la indagatoria.

El Código del Proceso Penal fija en un año la duración máxima de la investigación (artículo 265), salvo en casos excepcionales debidamente justificados, y el abogado entiende que la fiscal no ha podido justificarlo.

"Causa pública y política ideológica"

García también se opuso, en otro escrito, al pedido de la fiscalía de la ampliación del plazo de la investigación.

El defensor afirmó que la fiscal "ha pretendido hacer una causa pública y política ideológica de un proceso judicial". "Hoy con orfandad argumental, con afirmaciones temerarias y otras deliberadamente falsas se pretende seguir sometiendo por el plazo legal máximo a una serie de imputados", planteó.

Además afirmó que "no existe la más mínima conexión entre los imputados, no existió una red, ni un concurso de delincuentes entre ellos, siendo en definitiva una acumulación de casos que la propia Fiscalía decidió realizar y darle trámite conjunto".

"La complejidad del caso fue elegida por la Fiscalía. Como viene de decirse, fue una propia elección del Ministerio Público unificar 31 causas que únicamente tenían como conexión la relación con una supuesta víctima", escribió.

García señaló que en el caso de su cliente "tuvo trato sin ningún tipo de remuneración mediante, únicamente con la principal víctima ¿Qué vinculo tiene su situación con otros?". 

Con respecto a su defendido, objetó la falta de pruebas y planteó que existe una denuncia de violación de una mujer de 26 años. La mujer declaró que el hecho ocurrió la noche del 31 de octubre de 2017 a posteriori de una fiesta de Halloween donde mantuvieron relaciones sexuales en la casa del imputado. Luego de que trascendió la causa, se presentó a la fiscalía a denunciar que las relaciones no fueron consensuadas "y que por entonces concurrió a una dependencia policial pero que no le tomaron la denuncia. No concurrió a ningún médico ni existe ninguna otra prueba", dice el abogado que agrega que "lo más insólito es que el 31 de diciembre de 2017 la supuesta víctima, junto a su hijo, fueron a la casa de su presunto violador, para festejar..."

Por ese caso, la fiscal convocó a audiencia de discusión de pliego de preguntas que se realizó y "donde tanto la Fiscalía como la defensa de la presunta víctima conocieron que tres meses después del supuesto hecho delictivo la supuesta víctima había ido con su hijo a lo de su victimario. Se había sacado fotos y había disfrutado de la fiesta como lo que eran, amigos". Sin embargo, planteó el abogado en su escrito, la fiscal no ha querido dejar sin efecto la medida anticipada poniendo una serie de excusas.

También objetó que no se haya realizado aún la pericia psicológica a la principal víctima después de un año de iniciado el caso.

Asimismo, entre otras consideraciones, cuestionó contradicciones en las que incurrió Viera, ya que declaró a los medios que recién accedió a los archivos de las computadoras y dispositivos incautados en febrero de 2021, pero en diciembre de 2020 había dicho en otra entrevista con radio Universal que "Interpol está analizando cada uno de esas pericias que son un montón" y le van "diciendo los elementos que se encuentran”.

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