28 de diciembre de 2015 5:00 hs

La oposición venezolana prepara su estrategia para contrarrestar el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que hizo la mayoría chavista en el Parlamento saliente.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) evalúa tres escenarios, según detalló su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba. Las opciones son declarar nula la designación de magistrados, destituirlos, o cambiar la composición del TSJ para disminuir la influencia del chavismo.

"No vamos a sustituir a magistrados de un color político por otro. Vamos a dar una lección de cómo trabaja un parlamento democrático", apuntó.

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En el primer caso, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN) podría declarar como "un acto nulo y en consecuencia sin efecto" el nombramiento de 23 magistrados principales y 21 suplentes que hizo el Parlamento chavista la semana pasada, fuera del período ordinario de sesiones.

"Esas designaciones se hicieron fuera de los lapsos que establecen las normas y muchos de los nuevos magistrados no llenan el perfil requerido", detalló Torrealba.

En el segundo escenario, el nuevo Parlamento reconocería como válidos los nombramientos para luego proceder a destituir a los nuevos magistrados.

La tercera opción es "producir una reforma a la ley del TSJ y variar la composición de la sala, ampliando el número de magistrados para licuar la mayoría chavista que existe actualmente en el Poder Judicial", ahondó Torrealba.

El Tribunal Superior de Justicia es clave porque deberá dirimir las disputas que se avecinan entre el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
El vocero de la MUD aseguró que la oposición entrará en ese debate a partir del 5 de enero, cuando asuma la mayoría calificada de dos tercios (112 de 167 escaños), que le permitiría remover funcionarios, buscar una salida anticipada del presidente, aprobar reformas económicas y una amnistía para presos políticos.

El presidente Nicolás Maduro anticipó que vetará la amnistía y que el chavismo responderá a cada acción de lo que llama la "Asamblea burguesa", exhortando incluso a "rebelarse" contra ella.

Frente a la posibilidad de que se produzca un bloqueo institucional entre el Parlamento y los jueces el próximo año, Torrealba indicó que lo que existe es un "enfrentamiento entre la necesidad del país de tener una justicia útil y la de una élite que busca mantenerse en el poder como sea".

Tensión en el aire

Los días que se avecinan se adelantan como tensos. El nuevo Parlamento asume el 5 de enero, pero el TSJ anunció que hasta entonces el actual hemiciclo podrá legislar ampliamente de forma extraordinaria.

La oposición teme que en este lapso el oficialismo siga adoptando medidas para "socavar" su mayoría legislativa, según las palabras que usaron sus dirigentes.

De hecho, eso es lo que se pretende con el Parlamento Nacional Comunal que el oficialismo anunció que instalará desde el 4 de enero. Según los miembros del gobierno, este bloque hará "contrapeso" a la futura Asamblea.

Observadores independientes señalan que el gobierno usa la estrategia de entidades paralelas cuando pierde una alcaldía o una gobernación, como ocurrió con el estado de Miranda, donde gobierna el opositor Henrique Capriles, o la alcaldía de Caracas, donde estaba Antonio Ledezma, luego detenido.

En la sucesión de medidas del oficialismo de cara a la transición, el Parlamento nombró como Defensora Pública a Susana Barreiros, jueza que condenó a casi 14 años de cárcel al opositor radical Leopoldo López, y reformó una ley para proteger esa designación.

Del otro lado, la MUD denunció que el TSJ "insólitamente" abrió oficinas para recibir un recurso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra 22 diputados opositores, lo que calificó de un "intento de golpe judicial".

El máximo tribunal negó haber recibido impugnaciones y calificó esas informaciones de "malsanas". La MUD afirmó que su denuncia hizo "retroceder" a los chavistas.

"¿Puede el chavismo burlarse de la decisión del pueblo? Controlando instituciones puede a corto plazo, pero insostenible a mediano y largo", opinó el analista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, quien cree probable un escenario de "grave crisis" que obligue luego al diálogo.

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