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Ordenan prisión preventiva de Rafael Correa por presunto caso de sobornos
Rafael Correa, el expresidente de Ecuador de una alta popularidad durante su década en el poder, recibió un nuevo revés de la Justicia que ahora lo involucra en un caso de financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral a cambio de contratos con el Estado.
Pero él, desde Bélgica donde reside desde julio de 2017, sigue insistiendo en que hay una conspiración en su contra para evitar que participe en la política de su país. Dijo a Telesur que sigue considerando la posibilidad de seguir los pasos de Cristina Kirchner y presentarse en una fórmula como candidato a la vicepresidencia para las próximas elecciones, previstas en 2021.
Pero, con las investigaciones judiciales en marcha, la realidad es que no está en condiciones legales para ser candidato si antes no se resuelven los casos en su contra.
Según la ley ecuatoriana, Correa podría aspirar a cualquier candidatura que no sea la presidencia, siempre y cuando no sea condenado en tribunales.
Correa cree que tiene suficiente apoyo popular como para revertir la situación, pese a las investigaciones en su contra.
Pero lo cierto es al expresidente cada vez se le suman más acusaciones. La última es del jueves 8 en que la Justicia ordenó su prisión preventiva por su presunta implicación en supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 y al movimiento Alianza País -liderado por él hasta 2017-, a cambio de contratos con el Estado.
Esto se enmarca en la trama Sobornos 2012, antes conocida como “arroz verde”, en alusión a la “receta” de reparto de sobornos entre altos funcionarios por parte de empresas, incluida Odebrecht y la china Sinohydro, a cambio de contratos de obras públicas por un valor total aproximado de US$ 150 millones.
Entre las obras están la construcción de infraestructura hidroeléctrica, repotenciación de una refinería, carreteras, hospitales y edificios educativos.
También estarían implicados otros cuatro altos ex colaboradores del gobierno de Correa (2007-2017), a los que se les aplicó la misma medida cautelar.
Además, Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Bogotá del congresista y político opositor Fernando Balda, en 2012.
Por ese entonces, Balda había publicado numerosas denuncias contra Correa y señaló que el expresidente tenía una central secreta para espiar políticos y periodistas opositores. El gobierno lo negó y el congresista, por temor de ir a la cárcel, se refugió con su familia en Colombia en 2010. Fue el 5 de julio de 2012 cuando dos hombres armados intentaron secuestrarlo en Bogotá.
Tres meses después, el gobierno de Colombia lo deportó y estuvo dos años en prisión en Quito.
La investigación destapó que agentes de inteligencia de Ecuador habían planificado el operativo. Además de Correa, Pablo Romero, exjefe de inteligencia, y dos policías fueron acusados de organizar el secuestro, entre otros implicados. Dos militares fueron condenados y se emitió la primera orden de prisión preventiva contra Correa. Actualmente Correa tiene 26 investigaciones penales, según él mismo declaró a la agencia EFE, incluyendo la de este mes sobre delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias a favor de su partido en la campaña electoral de 2013.
No ha sido condenado por un tribunal en Ecuador, dado que se niega a regresar al país al considerarse ser víctima de persecución política.
Opinó que “en Ecuador no hay Estado de derecho y lamentó la “estrategia regional” de la “judicialización de la política” en América Latina.
“Tengo con esta 26 investigaciones penales, ni (Augusto) Pinochet y Al Capone juntos”, afirmó.
La jueza Daniella Camacho determinó que existen indicios suficientes en el expediente para presumir la responsabilidad de Correa en la financiación ilegal del partido Alianza País, que surgen de correos electrónicos, chats, facturas y cuadernos sobre movimientos de dineros ilegales y sobornos entregados a la Justicia por Pamela Martínez, ex asesora presidencial, y su asistente Laura Terán, quienes prestaron sus testimonios cambio de rebajas en sus penas.
La magistrada también ordenó la congelación de las cuentas de Correa y acompañó la orden de presión preventiva con un pedido de alerta roja a Interpol para su busca y captura.
Hay varios funcionarios de altos cargos vinculados al caso, así como otros 17 presuntos implicados para los que la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país, entre otras medidas.
En medio de una tormenta política y judicial, y de fuertes tensiones, Correa desde su residencia en Bélgica anunció que apelará la prisión preventiva en su contra.
