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Organismos estatales advierten al Parlamento por artículo de la Constitución que discrimina a inmigrantes
Si bien aquellas restricciones a la migración se terminaron, todavía quedan vestigios de esos años, que pueden encontrarse en la Constitución vigente y que preocupan a la Junta Nacional de Migración, integrada por Presidencia de la República, y los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Desarrollo Social, entre otros organismos.
La mayor preocupación es por el artículo 37 del texto constitucional, que en su inciso segundo indica: "La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad". El director General para Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Muiño, hizo referencia a la preocupación por ese artículo este lunes en una de las charlas de "Reflexiones Canarias", organizada por la Intendencia de Canelones y en la que el intendente, Yamandú Orsi, modera mesas redondas sobre diferentes temas.
En esa oportunidad, el encuentro fue sobre inmigración y se realizó en Santa Rosa, donde hay una comunidad de cubanos que llegaron recientemente al país. Muiño no participó como integrante de la mesa pero sí como parte del público y si bien destacó que existen muchas facilidades para quienes llegan a Uruguay con la esperanza de instalarse, también reconoció que hay "dificultades", entre las que se encuentra ese artículo constitucional. Fue durante su intervención que mencionó que ya se notificó al Parlamento al respecto.
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La Institución Nacional de Derechos Humanos está al tanto de la norma, pero no se ha pronunciado oficialmente, según dijo a El Observador Juan Faroppa, uno de sus directores. Faroppa explicó que pese a que "es un error gravísimo", se trata "un ejemplo de un lenguaje y concepción de la persona que ha sido superado". Eso significa, dijo, que para la institución el artículo ha quedado en desuso por leyes que si bien no están dentro del texto constitucional en sí, forman parte de lo que llaman "un bloque de constitucionalidad" que "pasan a integrar el derecho positivo uruguayo" con el mismo valor que si estuvieran en la Constitución.
Por eso, para el organismo el inciso dos del artículo 37 "ha sido tácitamente modificado por normas de derechos humanos" que integran ese bloque de constitucionalidad.
Sin embargo, un decreto del Poder Ejecutivo de fines de abril de este año recuerda, nuevamente, que ese artículo existe y está vigente. La nueva normativa regula la "concesión de residencia definitiva a los ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país en especial situación de vulnerabilidad", de acuerdo a lo establecido por una ley de 2015 sobre el tema, que facultó al Poder Ejecutivo a otorgar ese tipo de residencia, "acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), siempre que se respete la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 37 de la Constitución".
Al ser consultado al respecto, Faroppa informó que enviaron una solicitud de información al Mides sobre el procedimiento a aplicar para certificar la vulnerabilidad, pero reiteró que no hicieron comentarios sobre la norma constitucional porque "cayó en desuso".
La mención a ese artículo en la charla en Santa Rosa por parte de un representante de la Cancillería no fue porque sí. Minutos antes, la investigadora y consultora sobre derechos humanos y migraciones, Valeria España, había sido muy crítica con ese artículo, al que calificó como "peligroso". "Es una norma hoy vigente en nuestro país y es un muy mal marco, aún cuando tengamos una ley migratoria en la que se reconocen derechos. Es un mal antecedente y un mal marco en el sentido que es nuestra Carta Magna y en los tiempos que corren a nivel mundial de xenofobia es una disposición muy peligrosa. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta", dijo al participar de la mesa redonda, a la que fue invitada por ser investigadora del Nodo de Estudios Migratorios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Uruguay.
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De hecho, esa peligrosidad ya había sido advertida en 2016 por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien solicitó su derogación, según indica España en una columna de su página web personal de ese mismo año. "Esta mirada, utilitaria y discriminatoria, determina una perspectiva restrictiva sobre el imaginario que nuestra carta fundacional tiene respecto a la migración. La impronta discriminatoria contenida en nuestra constitución plantea severas dificultades para que las personas residentes en el país, pero no nacidas en el territorio nacional y sin vínculos filiales con nacionales, puedan aspirar al goce y ejercicio de iguales derechos que el resto de la ciudadanía", sostiene España en dicha columna.
Por su parte, el sociólogo Rafael Porzecanski –director de opinión pública de Opción Consultores- quiso dejar claro en la mesa redonda de Santa Rosa esa idea de "un país de puertas abiertas" bien puede ser una leyenda de la historia inmigratoria uruguaya no solo por antiguas leyes restrictivas, sino por la concepción sobre la migración de la propia sociedad. Y más si se toma en cuenta que según una encuesta realizada en 2017 por la facultad de Ciencias Sociales, 40% de los uruguayos está en desacuerdo con la llegada de inmigrantes.
En ese sentido, remarcó que existe buena legislación –como la ley de migraciones aprobada en 2008- y no hay partidos políticos xenófobos, como sucede en algunos lugares del mundo, pero sí una población que mira a la inmigración con más escepticismo.
