El Ministerio del Interior apeló la semana pasada el fallo de la Justicia que lo condenó por el caso de siete reclusos que presentaban cuadros de desnutrición en el módulo 8 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex
Comcar). El directorio del Partido Nacional publicó este lunes un comunicado en donde afirmó que la apelación del ministerio es "ocultar una realidad violatoria de derechos".
Según el escrito que presentó la cartera, los presos podrían haber "contraído el diafragma" para exagerar la malnutrición. Esta puntualización hace referencia a las fotos del expediente que publicó
El País, que fueron incluidas en el recurso de amparo que presentó el
comisionado parlamentario para el sistema carcelario,
Juan Miguel Petit, para que los reclusos fueran realojados. En esas imágenes se pueden ver las costillas de los presos, producto de la malnutrición que sufrían.
El Partido Nacional expresó que el Ministerio del Interior, "en lugar de negar las irregularidades, debería asegurar plena vigencia del derecho y evitar que la violencia del sistema carcelario provoque mayor inseguridad en la sociedad".
A su vez, expresó su respaldo a Petit, ya que "lejos de procurar protagonismo a través de un relato inadecuado de los hechos", el jerarca interpuso un recurso previsto en la legislación. El directorio sostuvo también que la situación de los presos era conocida por los funcionarios que administran los servicios de salud del Estado, el juez de la causa y el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Por otra parte, el ministerio afirmó en la apelación que el Poder Judicial puede examinar la regularidad o constitucionalidad del ejercicio del Ejecutivo, en este caso, pero "ningún sistema orgánico puede inmiscuirse en las funciones y controles de otros sistemas orgánicos o inmiscuirse en los procedimientos administrativos internos". La cartera afirmó que si no se desestima la demanda es "como querer administrar desde el Poder Judicial al sistema carcelario".
El directorio del Partido Nacional defendió el actuar de la Justicia, porque "es muy grave" que el Ministerio del Interior desconozca la competencia del Poder Judicial para intervenir centros de reclusión "a efectos de garantizar el cumplimiento de la ley".