Persiste riesgo de la lista negra

Hace pocos días el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, destacó públicamente como una ventajosa noticia importante que Uruguay no fue incluido este año en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que condena a países que violan normas en el campo laboral. Pero al comentario ministerial le faltaron elementos que relativizan el significado de esa exclusión. No se trató de una benevolente decisión permanente de la asamblea anual de la OIT sino consecuencia de un acuerdo de las cámaras empresariales de no presionar en esta oportunidad por poner a Uruguay en la lista negra, mientras se seguía negociando. Pese a esta ocasional concesión empresarial, la disputa entre las cámaras y el gobierno permanece incambiada, sin solución a la vista, lo que mantiene abierta la perspectiva de una sanción del organismo mundial a nuestro país por incumplimiento de sus recomendaciones.

Lo destacó el delegado empresarial en la asamblea, Julio Mailhos, al señalar que están vigentes las observaciones de la OIT al gobierno "por la violación de convenios fundamentales de trabajo". El entredicho viene desde hace nueve años cuando, ante la queja de las cámaras, la OIT les dio la razón en su reclamo de cambios en la ley de negociación colectiva de 2008 y en el tema de las ocupaciones y su derivación de los piquetes como equivocada extensión del derecho constitucional de huelga. El organismo le advirtió al gobierno que las ocupaciones solo son admisibles si se permite el ingreso de los responsables de la empresa y de los empleados que quieran seguir trabajando. Como esta condición sigue sin cumplirse desde 2010, los reclamos empresariales permanecen en la OIT con opción a revivir la inclusión de Uruguay en la lista negra.

El gobierno mantiene su política de permitir excesos sindicales en detrimento de las empresas y trabajadores y de ignorar las decisiones de la OIT, actitud que desprestigia a nuestro país. Incluso se produjo recientemente un pronunciamiento judicial interno contra esa política. Un juez de Las Piedras, en un fallo inédito, aceptó el recurso de amparo preventivo presentado por una firma industrial hostigada por ocupaciones y piquetes, prohibiendo ambas acciones. Aunque la decisión del juez no asegura la erradicación de esas prácticas, censuradas por la OIT en su forma actual, sienta un precedente jurídico aplicable a futuras acciones sindicales.

La debilidad e indecisión del gobierno se refleja además en su discriminatorio decreto prohibiendo las ocupaciones de instalaciones estatales pero permitiéndolas en empresas privadas. El artículo que habilitaba las ocupaciones fue sacado de la ley de negociación colectiva por insistencia empresarial, pero continuaron autorizadas por un decreto anterior que permanece vigente. La asonada en la sede de la Suprema Corte de Justicia años atrás motivó el nuevo decreto que prohíbe ocupar instalaciones públicas. Pero ni siquiera esto se cumple, ya que el gobierno tolera una y otra vez las ocupaciones de liceos, hospitales y otros centros del sector público. Es comprensible que el ministro Murro se congratule de que Uruguay zafó este año de la lista negra de la OIT. Pero esa vergüenza sigue pendiendo sobre el país mientras el gobierno no reconozca y actúe sobre la justicia del reclamo empresarial y la aprobación que recibió de la OIT.