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Pese a la ola de protestas, Netanyahu seguirá adelante con su polémica reforma judicial
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió este domingo seguir adelante con la controvertida reforma judicial impulsada por su gobierno, que desencadenó una oleada de protestas en el país.
"Nos reuniremos esta semana y daremos inicio a las medidas prácticas", aseguró Netanyahu al inicio de una reunión de su gabinete en Jerusalén.
La reforma busca debilitar la autoridad de la Corte Suprema y dar más poder a los políticos en el nombramiento de los jueces.
Desde su presentación en enero, ha provocado manifestaciones semanales masivas con decenas de miles de personas.
El sábado, una multitud se manifestó en Tel Aviv y otras ciudades del país por 23ª semana consecutiva.
El Ejecutivo argumenta que la reforma judicial servirá para equilibrar el poder entre el Parlamento y la Corte Suprema, una institución que la actual coalición gubernamental, la más derechista de la historia de Israel, considera politizada.
Los opositores, en cambio, consideran que la reforma podría empujar al país hacia un modelo iliberal o autoritario.
Netanyahu anunció el 27 de marzo una "pausa" para dar una "oportunidad [...] al diálogo". Pero los dos principales jefes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, abandonaron el miércoles las discusiones.
Los principales cargos políticos del país se culpan mutuamente de la ruptura de las negociaciones.
Netanyahu se comprometió el domingo a seguir adelante con el proyecto "de manera mesurada y responsable", pero no ofreció más detalles.
Los seis puntos clave
Estos son los principales elementos de la reforma que pretende Netanyahu:
Anulación de sentencias. Los críticos de la mayor instancia judicial del país afirman que los jueces han excedido su autoridad al reclamar el derecho de derogar legislación.
El Gobierno de Netanyahu quiere implementar una cláusula que permita al parlamento anular sentencias de la Corte Suprema.
Esta propuesta ha superado una primera votación en la Knéset (cámara legislativa), pero necesita otras dos lecturas para convertirse en ley.
Limitación de fallos al Supremo. Otras medidas propuestas impedirían que el tribunal tumbe enmiendas a las llamadas Leyes Básicas, la cuasi-constitución de Israel, y requerirían la decisión unánime de todos los jueces para invalidar otras leyes.
Quienes se oponen a este cambio objetan que esto supondrían dar al poder legislativo una autoridad casi ilimitada.
Designación de jueces. La coalición gubernamental también quiere cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, dando al ejecutivo una mayoría de facto en el proceso de nominación.
Actualmente, los magistrados son elegidos por un panel supervisado por el ministro de Justicia que incluye jueces, legisladores y letrados representando al Colegio de Abogados de Israel.
Con el plan del gobierno, los miembros del colegio de abogados serían retirados del proceso.
Consejeros legales. La propuesta prevé asimismo frenar la autoridad de los asesores legales adscritos a los distintos ministerios.
En la actualidad, su opinión tiene fuerza casi legal, ya que la Corte Suprema es la que los cita cuando se pronuncia sobre la actuación del gobierno, pero la propuesta de Levin cambiaría esto y convertiría su opinión en no vinculante.
Moción de censura o destitución. Se busca limitar estrictamente los motivos que permitan declarar a un primer ministro no apto para el cargo, en lo que la oposición califica de “ley personal” para proteger a Netanyahu.
Razonabilidad o filtro al Gobierno. El plan también impedirá a los jueces usar la cláusula de “razonabilidad” para tumbar legislación, una de las prerrogativas más criticadas por los defensores de la reforma.
(Con información de AFP)
