Petróleo, indígenas, medio ambiente y discordia en la Amazonia ecuatoriana

Las mujeres cantan en “wao terere”, la lengua nativa de la comunidad que respalda la actividad petrolera de la zona. El dirigente waorani Felipe Ima oficia de traductor: “No vamos a permitir que los kowori (extraños) como Yasunidos entren al bloque 43”.

Según informa el corresponsal en la zona de la agencia de noticias AFP, el bloque 43 es la manzana de la discordia petrolera regional. Durante el pasado mes de mayo, la Corte Constitucional ecuatoriana avaló un pedido de la agrupación ambientalista Yasunidos planteado hace diez años para decidir, en consulta popular a realizar en menos de sesenta días, si se deja allí el crudo bajo tierra de forma indefinida.

A las mujeres waorani –semi desnudas, con coronas de plumas en la cabeza y tomadas de la mano– las escolta un guerrero de la comunidad con lanza. “Hacen un llamado a autoridades a que se haga la consulta, pero a los dueños de la tierra como los waorani y no a los que ni siquiera son del territorio”, señala Ima.

La Constitución de Ecuador reconoce a los pueblos originarios como “propietarios colectivos de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial”, pero, a su vez, mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo. Y el conflicto es de difícil resolución.

 A favor y en contra

Según detalla un estudio de la Universidad San Francisco de Quito, los campos de ITT forman parte del Parque Nacional Yasuní, una gran reserva protegida de la biósfera de las más diversas del mundo con 2.000 especies de árboles, 610 de aves, 204 de mamíferos, 150 de anfibios, 121 de reptiles y 100.000 de artrópodos.

La comunidad de Kawymeno, distante a cuatro horas a pie y en canoa de Ishpingo, es la única waorani que está en el área del bloque, localizado en el extremo oriental de la provincia de Orellana, que es fronteriza con Perú.

Los 400 habitantes de Kawymeno, al igual que otras comunidades de la nacionalidad kichwa ubicadas en la zona de influencia del ITT, se declararon defensoras de la actividad petrolera que vino a ocupar el lugar ausente del Estado al entregar obras.

Consultado por AFP, Panenky Huabe, presidente de la aldea de la que algunos pobladores trabajan para el sector, señaló que “si no hubiese industria petrolera, nosotros no hubiéramos tenido educación, salud, bienestar familiar”.

Yasunidos y otros sectores indígenas impulsan la consulta popular que busca proteger la selva amazónica que se celebrará a nivel nacional el próximo 20 de agosto. En una clara muestra de la oposición a la consulta, el gobierno decretó la misma fecha para desarrollar las elecciones generales anticipadas.

La consulta popular surgió como iniciativa al fracasar el plan del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) que buscaba evitar la extracción a cambio de una compensación internacional de US$ 3.600 millones. La explotación, sin embargo, comenzó en 2016.

El pasado jueves, en París, la sueca Greta Thunberg, junt a la activista ecuatoriana Helena Gualinga, del pueblo amazónico sarayaku, dijeron que la consulta “es un precedente extremadamente importante, que puede replicarse en todo el mundo y debería ser una señal de esperanza de que la gente puede decidir en qué dirección quiere ir”.

Hay otros acmpos petroleros operativos desde antes de los del ITT. Uno de ellos es el Yasuní, de un millón de hectáreas, en el que viven dos tribus en aislamiento voluntario.

“El extractivismo está asediando en general al Yasuní desde los años ’70, cuando comenzó la explotación. El bloque 43 es el único con una parte de selva que queda por salvarse con la consulta”, señala a AFP Pedro Bermeo, abogado y vocero de Yasunidos.

Es que el referendum generó divisiones en la nacionalidad guerrera waorani, con unos 4.800 miembros y dueños de unas 800.000 hectáreas selváticas de las provincias de Orellana, Pastaza y Napo.

Hace cuatro años, en 2019, los waorani de la provincia de Pastaza lograron que la Justicia impidiera el ingreso de petroleras en 180.000 hectáreas que se conservan en su territorio.

Ahora, en el acceso a Ishpingo A, la obrera petrolera wao Akao Yetebe se para firme con su uniforme y la franja roja pintada sobre sus ojos: “Seguiremos trabajando para el ITT porque el oro negro beneficia las grandes ciudades, profesores, educación, salud, todo”.

La compañía estatal Petroecuador, está autorizada a explotar el bloque e intervenir en unas 300 hectáreas del millón del Yasuní, pero apenas utilizó 80.

Con eso, generó para el Estado ecuatoriano US$ 4.200 millones y sus reservas están estimadas en 282 millones del total de 1.200 millones de barriles.

Ramón Correa, gerente de Petroecuador, dice a AFP que, si en la consulta popular triunfa el “Sí” a mantener el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo, “se perderán US$ 16.470 millones en 20 años por ingresos proyectados, abandono de campos, inversiones realizadas y desempleo”. Y agrega: “El ITT es el cuarto campo más importante del país y el más joven, apenas diez años, actualmente genera ganancias por US$ 1.200 millones anuales”.