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Por qué los incentivos fiscales a la inversión y las zonas franjas de Uruguay están bajo amenaza
De la suerte que corra la propuesta que acordaron las grandes potencias para aplicar un impuesto mínimo global a la renta de las multinacionales puede llevar a que Uruguay se vea obligado a revisar mecanismos vigentes de estímulo a la inversión, el funcionamiento de las zonas francas o los beneficios tributarios que hoy se otorgan a través de la ley de Promoción de Inversiones, advierte un análisis divulgado por la consultora Deloitte al que tuvo acceso El Observador.
Entrevistado por el podcast Nominal de la Universidad Católica, el exministro de Economía y académica, Fernando Lorenzo, dijo que Uruguay debía ponerse a la vanguardia sobre ese tema. Lorenzo dijo que estos cambios tributarios van a ocurrir tarde o temprano porque tienen “buenos fundamentos” por detrás. “Si no te despeina el viento, te va a despeinar la historia”, aseguró. “Tiene sentido que Uruguay llegue temprano. No lleguemos apretados a introducir estos temas de agenda”, sugirió.
Punto de partida
De acuerdo al trabajo de Deloitte, desde hace más de una década, y en particular frente a los desafíos fiscales derivados de la crisis global del año 2008, el G20 y la OCDE emprendieron un combate frontal contra la erosión de las bases imponibles del impuesto a la renta y el traslado de beneficios (BEPS) hacia jurisdicciones de baja o nula tributación.
En este contexto, la OCDE publicó en 2015 un paquete de 15 acciones tendientes a enfrentar el fenómeno BEPS y en particular los desafíos fiscales de la economía digital. Sin embargo, por diversos factores, entre los cuales se destaca la falta de consenso entre países, estas medidas han tenido un impacto limitado en materia de implementación práctica.
Mientras tanto, a partir de 2017, el Marco Inclusivo (IF) sobre BEPS, integrado por países miembros del G20/OCDE y otros no pertenecientes a dichos bloques, se encuentra trabajando sobre la base de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía.
El primero de ellos (Pilar uno) apunta a distribuir los resultados obtenidos por los grupos multinacionales (MNE), y en consecuencia la potestad tributaria para gravarlos, en función de donde estén localizados sus clientes y usuarios.
Por su parte, el Pilar dos, conocido también como Impuesto Mínimo Global (IMG) o GloBE, introduce justamente una tasa efectiva mínima de impuesto a la renta que deberán tributar ciertas MNE.
En este sentido, desde julio de este año, más de 130 países integrantes del IF (entre los que se encuentra Uruguay) suscribieron y publicaron un acuerdo estableciendo las bases para la implementación de los mencionados dos pilares.
“La declaración firmada por este grupo de países, que representan más del 90% del PIB global, constituye un fuerte respaldo político a la reforma fiscal propuesta, y si bien aún hay un largo camino por recorrer, nos parece interesante abordar el tema", dijo Gonzalo Lucas, socio de Impuestos en Deloitte.
El experto tributario explicó que el objetivo del Pilar dos es establecer una tasa efectiva mínima de impuesto a la renta que deberán pagar las multinacionales sobre los beneficios obtenidos en todas las jurisdicciones en las que tengan presencia. En este sentido, luego de un proceso de discusión, en que algunos países pretendían un porcentaje mayor y otros uno menor, finalmente dicha tasa fue fijada como mínimo en el 15%. A estos efectos, la tasa efectiva de la MNE será calculada individualmente para cada jurisdicción en la que opere, como la proporción entre el impuesto abonado y la base imponible.
Esta última será determinada por la renta contable, la cual será previamente ajustada en función de los objetivos del Pilar dos y ciertos mecanismos para mitigar diferencias temporarias Entre estos ajustes, el documento menciona que a los efectos del cálculo de la tasa efectiva podrá excluirse, del monto de las rentas imponibles, un mínimo del 5% (7,5% en el período de transición de los primeros 5 años) del valor de los activos tangibles y gastos salariales de la entidad correspondiente, en un intento por valorizar la existencia de sustancia en la jurisdicción correspondiente.
El IMG comprendería en una primera instancia solo a los grupos multinacionales con ingresos consolidados que alcancen al menos los 750 millones de euros (unos US$ 885 millones). Sin embargo, se les da libertad a los países para aplicar el IMG a las MNE con base en su territorio, aun cuando no alcancen el mencionado umbral de ingresos consolidados, precisó el especialista.
Adicionalmente, de acuerdo al documento publicado, la aplicación de las reglas que forman parte del Pilar dos, no es obligatoria para los miembros del IF, pero en caso de optar por su adopción, la misma deberá sujetarse a sus estándares y a las guías establecidas. Además, en todos los casos, los países miembros deberán aceptar su aplicación por parte de otros miembros.
“Más allá del acuerdo político alcanzado, el propio documento publicado reconoce que será necesario acordar un plan de implementación, y
se traza el objetivo, que parece muy desafiante, de convertir las reglas descritas en leyes en 2022, para que sean de aplicación efectiva en 2023", advirtió Lucas.
Los eventuales impactos en Uruguay
De acuerdo al trabajo de Deloitte, podría pensarse que la aplicación del impuesto mínimo global (IMG) no tendría efectos en Uruguay por contar con una tasa nominal de impuesto a la renta empresarial (IRAE) superior al 15%. Sin embargo, como fuera mencionado, la referencia se tomaría a partir del cálculo de una tasa de imposición efectiva, por lo que varios factores, como las reglas de deducción de gastos, las exoneraciones y en particular los incentivos fiscales a la inversión, tendrán incidencia a la hora de determinar si la entidad del grupo multinacional en nuestro país supera el mínimo de tributación exigido.
“Si bien restan muchos aspectos por determinar y son varias las interrogantes que quedan por resolver para evaluar el impacto concreto,
la puesta en práctica del IMG podría poner en riesgo la efectividad futura de ciertos regímenes y mecanismos de estímulo a la inversión con los que cuenta nuestra legislación, entre ellos las zonas francas y los beneficios vinculados a Ley de Promoción de Inversiones. Hablamos de efectividad porque el Pilar dos en sí mismo no alteraría en forma directa los incentivos fiscales ofrecidos por la normativa doméstica, pero sí podría reducir o eliminar su beneficio práctico en la medida que resulten en una reducción de la tasa efectiva del grupo por debajo del mínimo", advirtió Lucas.
Para el experto en tributación, si la aplicación de GloBE se generalizara, terminaría en la práctica llevando a los gobiernos, o bien, a introducir una regla de impuesto mínimo doméstico, o bien a reducir estos incentivos para las multinacionales alcanzadas por el IMG. Esto debido a que mantener la situación de base, representaría una renuncia fiscal doméstica que, por la vía de los hechos, repercutiría en el traslado de renta generada localmente hacia los países de residencia de las casas matrices de las entidades para ser gravada allí.
"En suma, y si bien lo firmado hasta el momento no es más que una declaración política de intenciones, será necesario estar atento a los pasos
que puedan darse, en particular a partir de la próxima reunión del IF en octubre próximo, para evaluar la evolución de la reforma propuesta y de los aspectos que aún están pendientes de resolución o sujetos a modificaciones. Sin embargo, lo que sí parece estar claro es que el objetivo de la OCDE y el G20 ya no es solo combatir BEPS sino también desestimular la competencia fiscal, aun cuando los incentivos tributarios estén asociados a requisitos de sustancia. Por lo tanto, será fundamental la postura que adopten en este proceso los países en desarrollo, para evitar que al final del día se vea afectada su capacidad de captar inversión extranjera directa”, finalizó Lucas.
