En el informe "Relatorio 2006", la APU detalla todos los casos que atentaron contra la libertad de expresión, entre los que destaca un fallo de la Suprema Corte de Justicia que "restringe las posibilidades de investigación y de crítica sobre los funcionarios públicos".
"La jurisprudencia establece limitaciones en la terminología que se puede utilizar al criticar a un funcionario electo y solicita un estándar de veracidad y exactitud para publicar casos de corrupción que en los hechos se convierte en una limitación extrema para los periodistas", reza el informe.
Asimismo, el informe destaca que numerosos periodistas debieron afrontar procesos penales por ejercer su profesión.
Y recuerda que hacerlo es una imperativo del Estado para alinearse con la legislación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el país homologó en 1985.
Otro de los aspectos que más preocupan a la APU son las amenazas de muerte a dos periodistas, y diversas agresiones físicas a otros informadores, por lo que solicitan que la Policía haga especial hincapié en esclarecerlas.
Otra de las peticiones que la APU le hace al Poder Legislativo es aprobar un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y una ley Nacional de Archivos.
Finalmente, la APU reitera su solicitud de que se elimine el monopolio de la distribución de diarios a través del sindicato de "canillistas", que cobra el 35 por ciento del precio del diario más el peaje de 1080 ejemplares de cada medio, sea cual sea el tiraje.
(EFE)
