La solución al conflicto en el Sistema de Responsabilidad Penal (Sirpa), que lleva más de dos meses, no está a la vista y las autoridades como el gremio de este organismo dependiente del Instituto de la Niñez y la Adolescencia (Inau) creen que hay una campaña montada para afectar su imagen. La próxima semana un grupo de adolescentes presentará nuevas denuncias por malos tratos contra una decena de funcionarios del centro Ser, el lugar de máxima de seguridad de la Colonia Berro, donde unos 90 infractores cumplen su pena.
En tanto, cuatro adolescentes que estuvieron recluidos en el hogar Ser entre 2012 y fines de 2013 pedirán que se desarchiven sus causas en el juzgado de Pando, informó la abogada Sandra Giménez. Se trata de dos menores y dos mayores que cumplieron su pena y están en libertad, trabajando. Los padres de los adolescentes presentaron las denuncias en los últimos dos años, pero por diversas razones la jueza María del Carmen Roybal archivó las causas. Estas denuncias se suman a otras siete presentadas en el juzgado de Pando por maltratos a menores en el Ser.
“Las denuncias existían y fueron archivadas. Son contra los mismos funcionarios que están involucrados en las actuales denuncias”, explicó la abogada. Se trata de 10 funcionarios, entre ellos Alejandro Araújo, que asumió el cargo de director interino del centro Ser el viernes 13 de junio y fue sustituido el lunes siguiente tras una nueva denuncia.
Por las denuncias en el centro Ser, el directorio del Sirpa dispuso seis investigaciones administrativas que concluyeron en cuatro sumarios con separación del cargo y uno, el de la exdirectora del centro Jessica Barrios, sin separación del cargo pero con traslado a otra dependencia.
Los adolescentes están en contacto con el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) para presentar sus denuncias en grupo. Ielsur es una de las 30 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que ha pedido la renuncia del director del Sirpa, Ruben Villaverde, por las sucesivas denuncias de maltrato.
“Una vez que ellos egresan, es tal la presión que han sufrido adentro, sobre todo por las amenazas de que si hablás te va a pasar esto, que no quieren hablar, pero por otro lado dicen que hay que seguir hasta las últimas consecuencias y se indignan cuando escuchan a quienes los desacreditan”, relató la abogada.
Los actores que participan de esta crisis institucional son cinco: la Institución Nacional de Derechos Humanos, que divulgó en la prensa un informe reservado que advertía sobre maltratos en el centro Ser; las organizaciones sociales que, apoyadas en ese informe, piden la renuncia de Villaverde; las autoridades del Sirpa, con Villaverde a la cabeza, que cuentan con el respaldo del gobierno y el lunes separaron del cargo al director denunciado e intervinieron el centro Ser, presentaron denuncias penales contra algunos funcionarios y esperan los resultados de la Justicia; el sindicato del INAU, presidido por Joselo López, secretario general de COFE, el gremio de los funcionarios públicos, que niega la existencia de torturas y defiende la gestión de Villaverde; y por último, la Justicia, que tramita una serie de denuncias contra una decena de funcionarios y que, en la última semana, se mostró particularmente lenta.
Es que la última denuncia por maltratos en el Ser fue contra el director interino del hogar, Alejandro Araújo, el reemplazante de Barrios. El adolescente aún no ha sido revisado por un médico forense, advirtió Giménez, la abogada de la familia, porque la jueza del caso está con licencia médica.
La falta de una revisión médica inmediata es uno de los escollos más notorios en estas causas penales, porque las marcas en la piel se convierten en pruebas fundamentales cuando denunciados y denunciantes dan versiones opuestas. El jueves 12, en el juzgado de Pando, todos los funcionarios del Ser negaron las golpizas
El adolescente que presentó la denuncia contra el exdirector del Ser también negó ante los abogados del Departamento de Jurídica del Sirpa las golpizas. Su abogada considera que eso “es lógico” y que el menor le dijo a su madre, telefónicamente, que en un juzgado y con las garantías aseguradas relatará los abusos que sufrió de parte del funcionario.
En este escenario de cinco actores principales y acusaciones cruzadas, la oposición ha jugado un rol moderado. Carlos Manzor, el director del Sirpa en representación del Partido Nacional desde febrero de este año, dijo en abril a El Observador que los pedidos de renuncia le parecen “un disparate”.
“No se están haciendo las cosas mal en el Sirpa. Pedir una renuncia, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién vamos a poner? ¿Hay un tipo más idóneo? Creo que Villaverde es una persona que me merece el mayor de los respetos y hasta ahora ha actuado de forma prolija”, opinó.
Por otra parte, la semana pasada visitaron el centro Ser legisladores del oficialismo y la oposición. El diputado blanco Pablo Abdala reconoció que algunos internos le hablaron de golpizas, pero se mantuvo escéptico. “Si comparamos lo de ahora con el período pasado hay un diferencia abismal”, reconoció.
